Economía, claves para volver a la normalidad
La atención de las ineludibles necesidades sanitarias y sociales requiere un plan de reactivación y estabilización que permita sostener y superar la emergencia.
Daniel Oks*
Publicado en Perfil 2 de Julio 2020
Aún dejando de lado la fuerte caída del PBI en 2020, en la última década el ingreso per cápita de la Argentina se mantuvo estancado. Pero la decadencia argentina es de larga data. Entre 1980 y 2019 mientras el ingreso per cápita de Argentina creció 21%, el de Canadá aumentó 64%, el de Colombia 113%, el de Chile 195% y el de Corea del Sur 640%. Con la pobreza estructural entre el 30% y el 40% de la población (más del 50% de la población joven) la Argentina dejó de ser un país de clase media.
El atraso relativo guarda relación con tres hechos relacionados: crónica inestabilidad macroeconómica; un Estado que asfixia la actividad privada a través de regulaciones arbitrarias, impuestos elevados y obstruccionismos de todo tipo (a menudo ligados a la corrupción); y permanente cambio de las reglas de juego (proteccionismo-apertura; intervención-regulación; mercado-estado). El Estado ha perdido eficacia como facilitador del mercado y proveedor de bienes públicos como la moneda, la salud, la educación, la justicia y la seguridad. La inestabilidad macroeconómica y la presión tributaria dan cuenta de la informalidad y deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Los cambios de gobierno asociados a cambios de reglas de juego le suman incertidumbre a la inversión y dan cuenta de la lógica de la acumulación de activos externos. La pandemia pone en evidencia y exacerba las inequidades en acceso a la salud e infraestructura y en general la vulnerabilidad de personas y el sector PYME. Todo ello se deriva de la ausencia de moneda, crédito e instituciones sólidas.
La economía empieza a preocupar más que la pandemia
La atención de las ineludibles necesidades sanitarias y sociales requiere un plan de reactivación y estabilización que permita sostener y superar la emergencia. Con la incertidumbre que plantea la pandemia y para ser creíble dicho plan debe a su vez estar enmarcado en una estrategia de crecimiento asentada en un programa fiscal y de deuda sustentable que contemple una profunda reorganización del Estado. Para ello, nuestros representantes políticos, corporaciones económicas y la sociedad civil deben consensuar consignas básicas de las economías de mercado que otorgan un rol importante al Estado en la provisión de bienes públicos:
Sin emprendedores y empresas privadas, no se genera trabajo, ni riqueza, ni impuestos para financiar al Estado.
Para poder desarrollarse los emprendedores y las empresas que estos organizan precisan un marco de competencia (una agencia autónoma de defensa de la competencia y un marco de integración comercial al mundo) y un Estado funcional complementario que no las agobie con impuestos, monopolios, regulaciones discrecionales y pedidos de coimas.
Para ello el Estado debe: mejorar su eficiencia y optimizar su tamaño restringiendo su rol a ser altamente eficaz en la provisión de bienes y servicios públicos; debe revalorizarse el servicio civil basado en el mérito y la honestidad y flexibilizar el régimen de ingresos y egresos del personal; el Estado debe financiarse con una estructura tributaria que no desincentive la inversión, que sea progresiva para cumplir el rol redistributivo, y que sea efectiva en satisfacer las necesidades de recaudación.
El equilibrio fiscal es una condición necesaria para la inversión, el crecimiento y un estado de bienestar sustentable.
El combate sistemático de la corrupción exige transparencia plena de la gestión.
La adaptación al cambio estructural requiere: flexibilidad para abrir y cerrar empresas; un mercado laboral dinámico con menores restricciones a la movilidad y sin pisos salariales negociados por los sindicatos con grandes empresas (que discriminan contra las PYMES); y bancos y mercados de capitales que genuinamente intermedien entre ahorristas y empresas.
La inversión de calidad requiere marcos regulatorios y reglas de juego estables.
El comercio exterior ocupa un lugar primordial en la modernización económica, en las mejoras de productividad y por ende en trabajos de calidad.
Reforma educativa en función de la innovación como la principal fuente de crecimiento, igualdad de oportunidades y movilidad social en el Siglo 21.
Los bancos no pueden cobrar comisión por usar los cajeros
Con estas consignas será posible diseñar un plan de estabilización y reactivación consistente y creíble. La asistencia del gobierno debe apuntar a recomponer el capital de trabajo para poner en funcionamiento la enorme capacidad ociosa y absorber empleo antes que las personas pierdan sus habilidades y desaparezca el capital empresario. El Estado debe proteger el ingreso de los más vulnerables y dirigir la ayuda estatal y financiera a los sectores productivos con que contamos, únicos capaces de mover la rueda de la economía creando puestos de trabajo, ingresos y demanda sustentable. De lo contrario el exceso de emisión monetaria irá al consumo, sin contrapartida de mayor oferta de bienes, dando lugar a más inflación. Esto remarca la importancia de la estabilización económica en simultáneo con el plan de rescate, sin olvidar que la estabilización misma es de por sí reactivadora. El recrudecimiento de la inflación con caída del PBI mayor al 10% en 2020 sería una doble condena para todos los sectores.
La estabilización de precios está íntimamente ligado al fondeo del Estado. Con una caída de la recaudación estimada en 3 puntos del PBI y un aumento similar de transferencias sociales y a empresas ligadas a la pandemia, el déficit primario rondaría 7% del PBI. Esto es lo mínimo que hay que financiar suponiendo que el servicio financiero sea refinanciado por acreedores externos, entes multilaterales y bancos locales. Con escasas reservas y sin crédito la emisión monetaria queda como la única fuente de fondeo, la cual no es consistente con la estabilización de precios. Temporariamente la recesión, la preferencia por la liquidez (debido a la incertidumbre), los controles de precios y tarifas, y los controles cambiarios permiten evitar desbordes inflacionarios.
Pero a medida que se normalice la economía y estos controles no se puedan sostener (debido al surgimiento de mercados negros, déficits energéticos y mayores brechas cambiarias) el aumento de inflación será inevitable, pudiendo ser agudizado por la caída en la demanda de dinero (por temor a su vez a la pérdida de valor de la moneda). Por ello, el plan de reactivación debe ir acompañado de un paquete de políticas fiscales, financieras y monetarias complementarias; las mismas formarán parte del paquete que habrá que presentar al FMI para reestructurar los plazos de sus propios vencimientos.
¿Comete delito quien viola la cuarentena?
El debate de políticas de estabilización y reactivación debería girar en torno a los siguientes ejes:
Balance primario estructural - equilibrio cuando la economía esté en su potencial de PBI – con recortes de sueldos y jubilaciones en términos reales, y eliminando jubilaciones de privilegio. Esto permitiría equiparar el esfuerzo de ajuste realizado por el sector privado y balancear la equidad inter generacional (las jubilaciones absorben 11% del PBI, el doble que en países comparables).
La reducción del gasto primario –menos contractiva que la suba de impuestos– podría complementarse con la implementación efectiva de un régimen transparente de competencia en compras estatales y contratación de obra pública (ahorros de 1% a 2% del PBI) y rebalanceo gradual de tarifas para reducir subsidios a la energía y el transporte.
El equilibrio fiscal y reducción de peso del Estado debería también ser compartido con las provincias en el marco de un acuerdo de coparticipación simplificado y transparente, disminución del gasto primario (en particular empleo) y eliminación de impuestos distorsivos como el impuesto a los ingresos brutos.
El paquete fiscal requiere a su vez el rápido cierre de un acuerdo con acreedores privados externos con mayores plazos de amortizaciones y reducción del interés contractual; un aumento de pagos durante el actual gobierno demostraría voluntad de pago. Para mejorar el incentivo a los acreedores para aceptar la quita de interés se podría ofrecer además de un bono de crecimiento (con topes) el condicionamiento de la quita al cumplimiento efectivo de los compromisos.
Emisión de un bono solidario con ajuste por inflación para reciclar ahorros de unidades superavitarias (por ejemplo, debido al menor consumo) al gobierno. Los bancos deberían dejar de prestarle al gobierno direccionando el crédito al sector privado- con garantías estatales en función del impacto del COVID-19. Ello se podría complementar con una amortización impositiva acelerada de las inversiones.
Compromiso de fuerte absorción de liquidez excedente en función de la recuperación económica y la evolución de la demanda de dinero.Aumento de las tasas de interés para movilizar ahorros y apoyar el desarrollo de un mercado de capitales en pesos.
Reducción de controles cambiarios y mayor depreciación del tipo de cambio comercial. El tipo de cambio real competitivo es un generador de divisas y motor de la recuperación económica. Los exportadores no deben ver sus incentivos a invertir diezmados por un tipo de cambio atrasado ni por retenciones; también se deben eliminar las trabas aduaneras o cambiarias para los insumos importados críticos para el desarrollo (el cepo 2011 tuvo un fuerte impacto negativo sobre la oferta de bienes y la productividad).
Flexibilidad para ajustar salarios e introducción de un seguro de desempleo para facilitar la movilidad laboral de empresas (y del Estado) que se achican hacia las que se expanden .
Marco jurídico de transición para evitar que la ruptura de cadenas de pagos y contratos no devengan en procesos irreversibles de quiebras de empresa y una crisis financiera doméstica. Restablecimiento del régimen acelerado de creación de sociedades.
Nuevos instrumentos financieros con incentivos para inversores institucionales; crédito orientado a sectores severamente afectados por el COVID-19 con fuerte potencial de absorber empleo como la construcción y el turismo. El Estado puede contribuir con mayor desregulación del uso del suelo, con mejoras de la conectividad, subsidios para evitar la desarticulación de la cadena turística, y con protocolos de seguridad sanitaria con las mejores prácticas internacionales. El bajo costo de construcción y del turismo presentan una oportunidad para un fuerte repunte de la actividad en estos sectores.
Marcos regulatorios transparentes y estables para la inversión en energía, innovación, minería y agroindustria; todos éstos son pilares de la exportación y son cruciales para reducir la restricción externa que históricamente ha limitado los ciclos de expansión.
Flexibilización activa y selectiva de la cuarentena – como parte del plan de reactivación - mediante protocolos laborales y de transporte público promoviendo un sistema de turnos diarios y horarios escalonados para evitar aglomeración en los espacios laborales y en el transporte público. Fuerte inversión en testeos masivos con muestras al azar, trazabilidad y aislamiento selectivo de la población de riesgo. El costo de estas inversiones es una fracción del ahorro que podría representar la flexibilización más rápida de la cuarentena.
Las enseñanzas que no podemos desconocer en tiempos de Covid-19
La pandemia nos demanda agudizar nuestra mirada sobre las debilidades institucionales y la vulnerabilidad social. La vuelta a la normalidad es sin dudas más compleja que la necesaria superación de la emergencia sanitaria. Requiere un plan de reactivación y estabilización en el contexto de una estrategia de crecimiento con un sector privado vigoroso y un estado moderno y eficiente. El desafío es alcanzar en forma democrática y consultiva consensos para la reorganización del Estado, con sus límites y funciones bien definidos, y la adopción de macro políticas públicas que erradiquen la inestabilidad crónica y restituyan reglas de juego claras para la inversión privada y un estado de bienestar sustentable.
*Economista de la UBA, Doctor en Economía Universidad de Oxford. Ex Economista Líder del Banco Mundial y Ex Gerente de Análisis Financiero del BCRA. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
Economia y Finanzas
viernes, 10 de julio de 2020
Tiempos de reflexión
Para el mundo humano esta pandemia aparece como un tsunami global que está poniendo en cuestión paradigmas de nuestra civilización.
Pablo Madanes, Daniel Oks, Roger Calles, Diego Serebrennik*
Publicada en Perfil 9 de Junio, 2020
Probablemente la pandemia del COVID-19 sea para la naturaleza un hecho absolutamente insignificante. Pero para el mundo humano aparece como un tsunami global que está poniendo en cuestión paradigmas de nuestra civilización. Más allá de los problemas inmediatos, cada país deberá hacer replanteos, correcciones y rediseños políticos de acuerdo a los objetivos que se tracen. El coronavirus nos impone involuntariamente tiempos de reflexión que deberíamos aprovechar. La pandemia ha impuesto en muchos una reclusión que, por un lado, ha acelerado cambios en las formas de trabajar, y por otro lado ha resultado en una significativa caída en el nivel de actividad que en Argentina en particular ya venía con varios años recesivos golpeando muy fuertemente a los sectores medios y bajos. Estas circunstancias llevaron alas actuales autoridades a acentuar la ya elevada propensión a gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Gracias al mayor involucramiento del Estado en la vida de las personas y en la economía, se está controlando la pandemia, se ha mejorado en algunos aspectos la capacidad de atención hospitalaria, y también se ha podido asistir a varios sectores que han visto mermados dramáticamente sus ingresos por las cuarentenas obligatorias. Pero la capacidad de respuesta del gobierno para compensar el colapso económico que está ocasionando la pandemia está muy acotada ya que no dispone de fuentes de financiación suficientes –tanto su crédito interno como externo está agotado–. El Estado se está financiando con emisión monetaria, pero alcanzado un límite, este puede llevar a un descalabro económico aún mayor debido a la falta de credibilidad en la moneda. Por otro lado, aumentar la presión impositiva golpearía al sector productivo comprometiendo su viabilidad y generando a su vez caídas adicionales en la recaudación. El costo económico y social de la corrupción La pandemia también ha puesto al desnudo la precariedad de nuestro Estado. Es alarmante su ineficacia y corrupción que, aún en la necesidad más simple de entregar alimentos a los más necesitados, no ha sido capaz de poder proveerlos en tiempo y forma; pagando los altísimos sobreprecios que conocemos. Dada su larguísima tradición de ser un pésimo pagador, y de concebir las compras y servicios con “retornos colaterales,” es muy difícil conseguir que empresas “normales” quieran o puedan ser proveedores. Vamos hacia a una época adonde probablemente va a haber una mayor injerencia del Estado tanto en lo social como en lo económico. Algunos ven esta situación como una oportunidad para profundizar la intervención del Estado en la sociedad civil. Pero las preguntas son varias: ¿cómo se va a llevar a cabo?, ¿con qué recursos?, dada nuestra historia, ¿no llevará su expansión un aumento de sus características negativas consigo: la burocracia, la ineficiencia, la falta de transparencia y la corrupción? ¿cómo se asegura el crecimiento si se mantienen o crecen las características negativas de nuestro Estado? Estos son tiempos de reflexión, tenemos que pensar qué Estado queremos. Hacia fines del año pasado, organizamos un simposio (1) sobre la medición de la corrupción. Unos 25 académicos, con toda la tranquilidad que brinda el ambiente universitario, un día miércoles, fuera del quehacer cotidiano y las circunstancias del momento, abordaron varios de los temas que hoy deberían estar en la agenda pública. La OMS alerta: la pandemia retrocede en Europa pero está "empeorando" a nivel mundial El primero de ellos, es la dimensión de la corrupción en la obra pública, que según estimaciones realizadas por expertos asciende al equivalente al 2% del producto bruto interno anual. En unidades más tangibles esto equivale a unos 8000 km de rutas o a 100 hospitales anuales. Como también demuestran los modelos económicos empíricos presentados en el simposio, el costo económico y social resulta ser mucho mayor por la inversión que se pierde y los servicios que se dejan de brindar en seguridad, justicia, salud y educación entre otros. El segundo es la ineficiencia y la burocracia estatal que dan cabida a la corrupción; y cuando ésta se vuelve endémica, se borran los límites de la justicia, y se genera un sistema perverso que va mutando de formas (las cuales no necesariamente son siempre ilegales); como ocurrió por ejemplo con las privatizaciones, con la licuación de deudas en pesos o la socialización de deudas en dólares. El tercero es la importancia de trabajar en la prevención de la corrupción. Las estructuras cerradas, opacas e ineficientes generan desconfianza y escepticismo; y si queremos regenerar la confianza tenemos que migrar a instituciones más transparentes y eficientes en el Estado. Abrir la información y hacerla pública, sostuvieron los expertos, es un paso importante en la batalla por la democracia. El cuarto tema es la enorme dificultad que tiene el Estado en controlarse a sí mismo. Sus entidades de control, más que controlar, muchas veces terminan incitando a la corrupción, ante todo por su politización. En el simposio se analizó un caso exitoso de lucha contra la corrupción con controles mixtos entre la sociedad civil y el Estado, y se hizo énfasis en que es necesaria la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción pública para que algo cambie. La oportunidad de cambiar la oferta En síntesis, el problema prioritario no es cuánto Estado queremos, sino qué Estado queremos. Si el Estado que queremos es el que tenemos, un Estado hiperburocrático, ineficiente y corrupto, cualquiera sea su tamaño, ya sabemos cuál va a ser su costo: una Argentina vieja, encallada en sus problemas estructurales y con una miseria creciente. Tal como dijo uno de los participantes del simposio, así como se logró un pacto civilizatorio en Argentina en torno a mantener la democracia y el respeto de los derechos humanos, hoy casi 40 años después, estamos necesitando un nuevo pacto social civilizatorio en torno aun verdadero Estado de derecho. Por las circunstancias por las que atraviesa el país, hoy esto es una necesidad más impostergable que nunca.
* Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford); Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres); Roger Calles (Economista de la UBA) y Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA de la UCEMA). (1) Los contenidos del simposio están en el blog https://gquijote.blogspot.com/. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
Publicada en Perfil 9 de Junio, 2020
Probablemente la pandemia del COVID-19 sea para la naturaleza un hecho absolutamente insignificante. Pero para el mundo humano aparece como un tsunami global que está poniendo en cuestión paradigmas de nuestra civilización. Más allá de los problemas inmediatos, cada país deberá hacer replanteos, correcciones y rediseños políticos de acuerdo a los objetivos que se tracen. El coronavirus nos impone involuntariamente tiempos de reflexión que deberíamos aprovechar. La pandemia ha impuesto en muchos una reclusión que, por un lado, ha acelerado cambios en las formas de trabajar, y por otro lado ha resultado en una significativa caída en el nivel de actividad que en Argentina en particular ya venía con varios años recesivos golpeando muy fuertemente a los sectores medios y bajos. Estas circunstancias llevaron alas actuales autoridades a acentuar la ya elevada propensión a gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Gracias al mayor involucramiento del Estado en la vida de las personas y en la economía, se está controlando la pandemia, se ha mejorado en algunos aspectos la capacidad de atención hospitalaria, y también se ha podido asistir a varios sectores que han visto mermados dramáticamente sus ingresos por las cuarentenas obligatorias. Pero la capacidad de respuesta del gobierno para compensar el colapso económico que está ocasionando la pandemia está muy acotada ya que no dispone de fuentes de financiación suficientes –tanto su crédito interno como externo está agotado–. El Estado se está financiando con emisión monetaria, pero alcanzado un límite, este puede llevar a un descalabro económico aún mayor debido a la falta de credibilidad en la moneda. Por otro lado, aumentar la presión impositiva golpearía al sector productivo comprometiendo su viabilidad y generando a su vez caídas adicionales en la recaudación. El costo económico y social de la corrupción La pandemia también ha puesto al desnudo la precariedad de nuestro Estado. Es alarmante su ineficacia y corrupción que, aún en la necesidad más simple de entregar alimentos a los más necesitados, no ha sido capaz de poder proveerlos en tiempo y forma; pagando los altísimos sobreprecios que conocemos. Dada su larguísima tradición de ser un pésimo pagador, y de concebir las compras y servicios con “retornos colaterales,” es muy difícil conseguir que empresas “normales” quieran o puedan ser proveedores. Vamos hacia a una época adonde probablemente va a haber una mayor injerencia del Estado tanto en lo social como en lo económico. Algunos ven esta situación como una oportunidad para profundizar la intervención del Estado en la sociedad civil. Pero las preguntas son varias: ¿cómo se va a llevar a cabo?, ¿con qué recursos?, dada nuestra historia, ¿no llevará su expansión un aumento de sus características negativas consigo: la burocracia, la ineficiencia, la falta de transparencia y la corrupción? ¿cómo se asegura el crecimiento si se mantienen o crecen las características negativas de nuestro Estado? Estos son tiempos de reflexión, tenemos que pensar qué Estado queremos. Hacia fines del año pasado, organizamos un simposio (1) sobre la medición de la corrupción. Unos 25 académicos, con toda la tranquilidad que brinda el ambiente universitario, un día miércoles, fuera del quehacer cotidiano y las circunstancias del momento, abordaron varios de los temas que hoy deberían estar en la agenda pública. La OMS alerta: la pandemia retrocede en Europa pero está "empeorando" a nivel mundial El primero de ellos, es la dimensión de la corrupción en la obra pública, que según estimaciones realizadas por expertos asciende al equivalente al 2% del producto bruto interno anual. En unidades más tangibles esto equivale a unos 8000 km de rutas o a 100 hospitales anuales. Como también demuestran los modelos económicos empíricos presentados en el simposio, el costo económico y social resulta ser mucho mayor por la inversión que se pierde y los servicios que se dejan de brindar en seguridad, justicia, salud y educación entre otros. El segundo es la ineficiencia y la burocracia estatal que dan cabida a la corrupción; y cuando ésta se vuelve endémica, se borran los límites de la justicia, y se genera un sistema perverso que va mutando de formas (las cuales no necesariamente son siempre ilegales); como ocurrió por ejemplo con las privatizaciones, con la licuación de deudas en pesos o la socialización de deudas en dólares. El tercero es la importancia de trabajar en la prevención de la corrupción. Las estructuras cerradas, opacas e ineficientes generan desconfianza y escepticismo; y si queremos regenerar la confianza tenemos que migrar a instituciones más transparentes y eficientes en el Estado. Abrir la información y hacerla pública, sostuvieron los expertos, es un paso importante en la batalla por la democracia. El cuarto tema es la enorme dificultad que tiene el Estado en controlarse a sí mismo. Sus entidades de control, más que controlar, muchas veces terminan incitando a la corrupción, ante todo por su politización. En el simposio se analizó un caso exitoso de lucha contra la corrupción con controles mixtos entre la sociedad civil y el Estado, y se hizo énfasis en que es necesaria la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción pública para que algo cambie. La oportunidad de cambiar la oferta En síntesis, el problema prioritario no es cuánto Estado queremos, sino qué Estado queremos. Si el Estado que queremos es el que tenemos, un Estado hiperburocrático, ineficiente y corrupto, cualquiera sea su tamaño, ya sabemos cuál va a ser su costo: una Argentina vieja, encallada en sus problemas estructurales y con una miseria creciente. Tal como dijo uno de los participantes del simposio, así como se logró un pacto civilizatorio en Argentina en torno a mantener la democracia y el respeto de los derechos humanos, hoy casi 40 años después, estamos necesitando un nuevo pacto social civilizatorio en torno aun verdadero Estado de derecho. Por las circunstancias por las que atraviesa el país, hoy esto es una necesidad más impostergable que nunca.
* Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford); Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres); Roger Calles (Economista de la UBA) y Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA de la UCEMA). (1) Los contenidos del simposio están en el blog https://gquijote.blogspot.com/. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
viernes, 24 de abril de 2020
Crecimiento económico, reestructuración de deuda y estabilización
El gobierno necesita trazar un plan de crecimiento con equilibrio fiscal para renegociar la deuda en forma sustentable, necesario también para estabilizar la economía en el corto plazo.
Daniel Oks*
Alberto Fernández y Martín Guzman FOTO: MARIANO SÁNCHEZ / NA
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JUEVES 30 ENERO, 2020
La herencia de Alberto Fernández quedó signada por el cierre del financiamiento externo, la economía en recesión, alta inflación y pobreza elevada en aumento. Del lado positivo recibió: desarrollo de infraestructura de energía y transporte; tarifas más cercanas al equilibrio; tipo de cambio competitivo; ordenamiento fiscal en curso; deuda del sector público consolidado aún en niveles internacionales moderados; gasto público en descenso (3% del PBI menos que en 2015); y mayor integración comercial al mundo. Cambiemos pagó el precio recesivo del ajuste iniciado en 2018 perdiendo las elecciones; pero en algún sentido dejó al país en mejores condiciones para poder iniciar una fase de crecimiento. El nuevo gobierno necesita trazar un plan de crecimiento con equilibrio fiscal para renegociar la deuda en forma sustentable; éste también es necesario para estabilizar la economía en el corto plazo.
Un acuerdo de deuda exitoso facilitará el acceso a los mercados de capitales que permitirá financiar la inversión y el crecimiento. Junto con la reactivación del crédito al consumo –en un contexto de elevado desempleo y capacidad ociosa– podría dar lugar a una reactivación del nivel de actividad económica. Así ocurrió en países que reestructuraron su deuda rápido y sin caer en default. Sin embargo, frente a este escenario, hay riesgos de corto plazo –monetarios– y de mediano plazo –fiscales– y de crecimiento.
Amplían los beneficios fiscales para que traigan el dinero del exterior
En el corto plazo, el fuerte crecimiento de la base monetaria podría acelerar la inflación: el exceso de oferta de dinero sobre demanda de dinero genera presión sobre los precios. Hay factores como el control de cambios que tienden a elevar la brecha entre el tipo de cambio libre y el oficial y deprimen la demanda de dinero. En el caso de los congelamientos de tarifas y jubilaciones, si bien prima facie impulsan la demanda de dinero (vía control de precios), en la medida que los congelamientos no son percibidos como sostenibles, tienen el efecto contrario. El congelamiento de tarifas aumenta la necesidad de subsidios estatales al sector energético. Y el congelamiento de jubilaciones y su probable reversión generan imprevisibilidad en la trayectoria de ingresos de la población terciaria. En ambos casos aumenta la inestabilidad macroeconómica impactando negativamente sobre la demanda de dinero y la inflación.
Hay factores que podrían contrarrestar dicho escenario. La reciente Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva tiene un impacto fiscal inicial favorable (aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos y congelamiento de jubilaciones medias y altas) y dio una señal positiva a los mercados de deuda impulsando la demanda de dinero. Pero en ausencia de un programa de crecimiento que permita sostener el servicio de la deuda en el mediano plazo, la demanda de dinero y la posibilidad de estabilizar la economía se mantendrán erráticas. En un extremo, puede llevar a que no se logre reestructurar la deuda lo que precipitaría un nuevo escenario de default.
La hidrovía es el proyecto de desarrollo de infraestructura más importante de la Argentina
En el mediano plazo, el actual programa de gobierno no incluye reformas que ordenen y alineen las expectativas de inversores y consumidores en torno a un plan de crecimiento. Como agravante, el plan actual genera incerteza y presión tributaria en dos de los sectores más dinámicos y competitivos que podrían impulsar el crecimiento. El congelamiento tarifario desalienta la inversión en el estratégico sector energético, y las nuevas retenciones desalientan la expansión del sector agropecuario. El sector agropecuario es además el principal generador de divisas y el sector energético es potencialmente el receptor de enormes inversiones y segundo más importante generador de divisas que podrían aliviar la restricción externa.
Los países que han logrado alcanzar procesos de crecimiento sostenido han adoptado una estrategia de integración comercial con el mundo (a partir de cadenas globales de valor); promovido el desarrollo del capital humano; generado mercados de capital y trabajo eficientes; desarrollado marcos regulatorios para la infraestructura; fortalecido el marco de competencia; y encarado la modernización del estado reduciendo la carga tributaria, facilitando la innovación y mejorando la transparencia y eficiencia del gasto público.
¿Puede y quiere el presidente de los argentinos enfrentar la corrupción?
La necesidad de equilibrar las cuentas fiscales y la creciente conciencia de la sociedad que hay que terminar con el statu quo de inestabilidad macroeconómica y pobreza estructural generan una oportunidad histórica para el nuevo gobierno de plantear una estrategia de crecimiento con equidad. La raíz estructural de los problemas sociales no fue resuelta por el peronismo liberal, el peronismo intervencionista ni la oposición. Tal vez le haya llegado la hora a un peronismo moderno con un estado eficiente y una economía competitiva que permita mejorar los horizontes de crecimiento de todos los argentinos.
* Economista (UBA) doctorado en Oxford. Ex gerente del BCRA y ex funcionario del Banco Mundial. Desarrollista inmobiliario. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
El costo económico y social de la corrupción
Los autores presentan los resultados de un simposio donde se presentaron metodologías que permitan medir la corrupción y su impacto en el bienestar económico y social.
Daniel Oks, Pablo Madanes, Roger Calles y Diego Serebrennik*
Alberto Fernández y Daniel Arroyo FOTO: CEDOC
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Nuevamente entra en la agenda pública el remanido tema de los sobreprecios en las compras del Estado. Relacionado con esto, aprovechamos para comentar los resultados de un simposio que organizamos a fines del 2019, convocando a expertos para que aporten metodologías que permitan medir la corrupción y su impacto en el bienestar económico y social.
El simposio al cual concurrieron destacados profesionales nacionales e internacionales, fue cerrado y se focalizó en la métrica objetiva de la corrupción en la obra pública en la Argentina, incluyendo un capítulo de modelos económicos para cuantificar el impacto de la misma (1). En esta nota presentamos algunas de las conclusiones más relevantes.
La metodología seguida por la mayoría de los participantes consistió en estimaciones de corrupción a partir de comparativas de precios de obras similares. Cuando el precio de una obra pública excede con creces el costo de una obra comparable cabe la presunción de que pudo haber habido corrupción.
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En uno de los trabajos se evaluó el costo para el estado de los sobornos y sobreprecios de la obra pública entre 2003-2015. El mismo está basado en datos de los “Cuadernos de la Corrupción” y arroja un costo para el estado de aproximadamente US$ 80.000 millones en el período. El trabajo computó los costos para el Estado de los sobreprecios, los costos impositivos derivados de la evasión asociada y el costo de oportunidad de las inversiones públicas que se dejaron de hacer por el desvío de fondos resultantes.
En un trabajo realizado por la Unidad de Integridad de Vialidad Nacional se observó una reducción de costos para el estado de aproximadamente 30% en obras públicas similares entre 2013-15 y 2016-17. Dicha caída surgió de la instrumentación de políticas de integridad y transparencia en las licitaciones. El experimento arrojó los siguientes resultados: se redujeron los plazos entre llamados a licitación y adjudicación de 294 días a 109 días entre 2010-2015 y 2016; b) la diferencia entre la mejor oferta y el precio previamente estimado por Vialidad Nacional pasó de +5% en 2013-15 a -12% en 2016 y a -19% en 2017; y c) aumentó significativamente el número de participantes en las licitaciones.
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En otro trabajo se da cuenta de la gran dispersión de precios que tiene la obra pública según las jurisdicciones y según el período. Se hicieron comparaciones del costo del kilómetro de ruta construido entre 2014 y 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe. En la Provincia de Buenos Aires, se observa una baja del 64% del precio por kilómetro a fines de 2016 en relación a una obra en agosto 2014. Por otro lado, Vialidad Nacional hizo obras sustancialmente más económicas -aproximadamente la mitad- que la Provincia de Buenos Aires durante el año 2016.
En otra parte del simposio se discutió la utilidad de los modelos económicos para evaluar el impacto más amplio de la corrupción en la economía y la sociedad.La corrupción puede impactar en el desarrollo económico a partir de múltiples canales incluyendo la presión tributaria, la asignación de recursos, el costo del capital y la incertidumbre que genera para la inversión.
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En uno de los trabajos se presentó un modelo de equilibrio general computado para evaluar cuantitativamente el impacto de 3 canales específicos de la corrupción en la Argentina: a) la “opacidad” burocrática, b) los sobreprecios de la obra pública y c) las irregularidades aduaneras. Las conclusiones son que mejoras en estos tres tipos de corrupción en forma acumulativa podrían elevar el nivel de inversión (2,6%), el PBI (0,7%), el comercio internacional (0,5%) y el bienestar de las familias (2,3%). En resumen, existe importante evidencia sobre la magnitud y costo de la corrupción en Argentina para la inversión, el crecimiento económico y el bienestar social.
Habiendo aún mucho más por medir, se planteó la posibilidad de realizar experimentos en nuestro país, como por ejemplo el de un caso en Perú donde a 100 municipios se les avisó que se iban a auditar las obras públicas y a otros tantos no, logrando una diferencia del 15% en costos. Estos experimentos, como el mencionado más arriba que se hizo en Vialidad Nacional, al ser bajo ambientes controlados, permite obtener mediciones más precisas.
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En conclusión, en los casos presentados se observa una fuerte dispersión de precios de obras comparables cuando se confrontan distintas jurisdicciones o cuando se efectúa cortes temporales. Esto nos habla de la presunción de muy importantes impactos económicos por parte de la corrupción en las obras públicas.
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Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford); Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres); Roger Calles (Economista de la UBA) y Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA de la UCEMA).
(1) Los contenidos del simposio están en el blog https://gquijote.blogspot.com/
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Renegociación de la deuda: cómo superar la perdida de credibilidad
Las expectativas de un rebote económico descansan sobre los pilares de un tipo de cambio competitivo y una renegociación exitosa de la deuda soberana.
Daniel Oks*
Martín Guzmán, ministro de Economía. FOTO: NA
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Las expectativas de un rebote económico descansan sobre los pilares de un tipo de cambio competitivo y una renegociación exitosa de la deuda soberana. Ambos pilares requieren una contrapartida fiscal en que la absorción neta de recursos del sector público sea menor. Esto implica una mejora del balance entre impuestos y el gasto público. El sector privado empresario se encuentra atosigado por impuestos que comprometen su viabilidad económica. Los sectores sociales más vulnerables no pueden soportar mayores ajustes sin comprometer sus derechos más elementales. El nuevo gobierno parece ya haberse topado con los límites del carril angosto de su trayectoria fiscal debiendo inevitablemente tocar la puerta de los acreedores.
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En su visión los acreedores privados podrían dar el oxígeno para que la economía tenga una vía de recuperación mediante una quita de la deuda; la reactivación a su vez facilitaría mejoras en la recaudación impositiva y menores demandas de gasto social. Pero ello tampoco resulta sencillo.Con una larga historia de desequilibrios fiscales, defaults, y alta inflación el país tiene poca credibilidad para los acreedores del soberano. No basta con acordar un plan de crecimiento y fortalecimiento fiscal: el mismo debe ser creíble.
El problema de credibilidad también afecta a las empresas y a los trabajadores. Si el sector empresario supiera que la economía tiene un potencial de crecimiento y estabilidad, seguramente estaría dispuesto a repatriar capitales y a hacer el sacrificio tributario aún al costo de una rentabilidad de corto plazo reducida. De otro modo los mecanismos de elusión y evasión se activan tal como ocurre normalmente durante las crisis. Asimismo, para el sector trabajador, el atraso salarial resultaría más tolerable si tuviera mayor certeza que las condiciones laborales mejorarían a raíz de su esfuerzo. De lo contrario, los reclamos sociales también podrían poner en jaque el programa fiscal de estabilización.
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En esta situación, el país se encuentra en un atolladero. La estrategia aquí propuesta consiste en negociar con los acreedores privados un canje de deuda que reduzca la incertidumbre y la poca credibilidad del país (atribuible a su historia). Para ilustrar el caso, se puede argumentar que los acreedores estarían dispuestos a conceder una quita siempre que el gobierno le diera certeza de cumplimiento de sus compromisos futuros. Para ello se puede diseñar un contrato en que la quita se negocia en el presente pero se materializa contractualmente en los años venideros en función del cumplimiento de metas presupuestarias y compromisos. Por ejemplo, y simplificando al extremo, se puede tomar el caso de una deuda de valor facial $100 que contractualmente se debe pagar en los próximos 10 años (a razón de $10 por año); debido a las capacidades de pago, esta deuda se renegocia reduciendo su valor a $70 a pagar $7 por año. Pero si al final del período, el país no cumple con el pago regular de $7 por año, la deuda exigible contractualmente vuelve a ser de $100.
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De este modo se reduciría la incertidumbre que los acreedores enfrentan al momento de conceder una quita -esta se materializaría sólo si el país cumple-. A la vez el país se beneficiaría por estar mejor alineados los incentivos del gobierno para cumplir sus compromisos; ello redundaría en una mejora de su reputación y una reducción de la incertidumbre macroeconómica. Esto a su vez mejoraría su credibilidad ante empresarios y trabajadores contribuyendo indirectamente a que estos acuerden concesiones en el contexto de un acuerdo para estabilizar la economía.
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Siempre habrá acreedores que no querrán aceptar la quita bajo ningún escenario. Estos deben comprender que la quita es el riesgo de mercado que asumieron a cambio de las elevadas tasas de interés recibidas bajo mejores escenarios. Además del seguro implícito que implica una quita contingente, los acreedores tendrán un menor riesgo de default a futuro debido tanto a la menor deuda a servir como a una mejor predisposición del país a cumplir. Esto en sí mismo justifica la baja de la tasa de interés de mercado de la nueva deuda -es decir la quita-.
* Economista (UBA) doctorado en Oxford. Ex gerente del BCRA y ex funcionario del Banco Mundial. Desarrollista inmobiliario. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
Documento de un grupo de empresarios
Coronavirus en la Argentina: el virus de la corrupción y el virus de la pandemia
Un grupo de empresarios y profesionales advierte sobre el costo de la corrupción y la necesidad de información transparente. Las enseñanzas de un seminario.
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29/03/2020 - 23:00
Aunque quede fuera de lugar hablar de corrupción durante una pandemia, un grupo de profesionales y empresarios sin filiación política y con trayectorias diversas en compañías privadas, tercer sector y organismos multilaterales; decidió comunicar las conclusiones de un seminario interdisciplinario. Realizado en la Universidad Di Tella, se propuso medir la magnitud del costo social y económico de la corrupción en la Argentina.
Decidieron darlo a conocer convencidos que, una vez superada la pandemia, vendrán tiempos de reconstrucción. “Ojalá que esta unidad que se está consiguiendo en la lucha contra el coronavirus nos aporte enseñanzas para la lucha contra la plaga de la corrupción, que hace mucho llevamos en el cuerpo, que nos arruina la vida, que nos mata y que, al haberla naturalizado, somos incapaces de vislumbrar cómo sería una vida sin ella. De haberla combatido decididamente con anterioridad a la pandemia es muy probable que se hubieran mitigado sus efectos y el costo de reconstrucción. Esperemos que esta crisis permita elaborar consensos básicos que alumbren políticas de estado que den viabilidad a un país que peligrosamente se acerca a ser inviable”.
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Ese grupo está constituido por Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres), Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA del CEMA), Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford) y Roger Calles (Economista de la UBA).
Diego Serebrennik
“Puede asociarse la corrupción a un virus, mucho más dañino, más oculto y más difícil de erradicar y que ha arruinado a lo largo del tiempo muchísimas más vidas que el coronavirus en lo que va de esta pandemia”, señalaron en un documento.
En el simposio de carácter cerrado, participaron expertos de distintos países y de varias instituciones. “Había una atención especial en el ambiente: se dejaba exponer sin interrupciones, se interrogaba con una mente abierta, con la conciencia de que se estaba tratando de un tema importante que nos afecta a todos y a las generaciones venideras”, describieron.
Roger Calles
“Dejando de lado las métricas de la corrupción, una de las conclusiones más relevantes del simposio consistió en señalar el carácter sistémico de la corrupción dentro del Estado argentino. Los expertos internacionales asistentes puntualizaron que este tipo de corrupción suele estar ligada a intereses de grupos de poder en cuasi-privatizaciones del Estado. Esta suele consistir por ejemplo en mega transferencias de riqueza cuando se decide licuar la deuda en pesos; dar información privilegiada con anticipación a una devaluación; otorgar créditos subsidiados, exenciones impositivas, subsidios, protección selectiva a sectores privilegiados; reguladores que responden a carteles de empresas; intercambio de favores; etc”.
De paso, resaltaron las consecuencias de esas políticas que deben ser tomadas en cuenta para evitarlas en plena pandemia. “La mala asignación de recursos, un Estado que parece ser más una carga que una entidad que da servicios a la sociedad (descuidando la provisión de la salud, la seguridad, la educación, la justicia y la moneda), la convalidación de la informalidad como modo de supervivencia de las empresas y con todo ello, la sumisión de buena parte de la sociedad en la pobreza estructural, siendo estos últimos los más afectados en sus derechos humanos”.
Pablo Madanes
Así mencionan a la corrupción sistémica como la Gran Corrupción, “la cual es muy difícil de medir y que, más allá de la legalidad o no de sus actos, actúa incidiendo en la definición de políticas, leyes y asignación de recursos para el interés de sus propios actores. En tal sentido, la lucha contra la corrupción es una lucha de Poder, indicando a su vez que, si no la ponemos en ese marco, va a ser muy difícil entender cómo funciona y cómo combatirla. No se puede comprender la clave de la corrupción sin entender el rol de los empresarios, de los sindicatos, del poder judicial, de los políticos y los funcionarios en general”.
De esta manera resaltaron que para combatir la corrupción es necesario buscar nuevas formas de participación ciudadana,"haciendo que la democracia sea algo más que un plebiscito para elegir a quienes nos gobiernan”. Y señalaron que para lograr la participación de la sociedad civil, es fundamental que la información del estado sea abierta y transparente, siendo necesario “pasar de una cultura cerrada y confidencial a una cultura de apertura”.
Daniel Oks
El documento con las conclusiones culmina con un llamado a construir un nuevo pacto civilizatorio en la lucha “contra un estado ineficiente y su corrupción sistémica”.
EL SIMPOSIO
ORGANIZADO POR EL GRUPO QUIJOTE Sin entidad jurídica, es un grupo de amigos que se ha unido con el objetivo de aportar un grano de arena a la reducción de la corrupción en Argentina. Está conformado por profesionales y empresarios sin afiliación política y con trayectorias diversas en el ámbito de empresas privadas, tercer sector, economía y entes multilaterales. Está constituido por: Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres), Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA del CEMA), Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford) y Roger Calles (Economista de la UBA).
OBJETIVO DEL SIMPOSIO Contribuir a la comprensión por parte de la sociedad de la magnitud del costo social y económico de la corrupción en la Argentina mediante una discusión sobre diferentes metodologías para la medición de la corrupción y distintos modelos para evaluar sus efectos económicos. Con el fin de enfocar la discusión, se centro la temática al sistema de contrataciones de obras públicas. A su vez, con el objetivo de ampliar el acercamiento al problema, el simposio tuvo un enfoque interdisciplinario.
REALIZADO El 26 de septiembre del 2019 en la UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA , contó con el auspicio de PODER CIUDADANO y FUNDACIÓN BANCO CIUDAD El simposio no estuvo abierto al publico PARTICIPANTES · Diego Martínez (Abogado - UBA) – Consultor en políticas anticorrupción y compliance – Ex Jefe de Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad.
· · Vicente Monteverde (Economista - Universidad de Morón) - Director del Instituto de Investigaciones Económicas en Universidad de Morón – Autor de “Economía de la corrupción -Costos de la Corrupción en Argentina”.
· · Federico Camio (Economista - UADE) – Autor de “Los costos económicos de la corrupción. Una medición para la Argentina”.
· · Sebastián Sal (Abogado - UBA) - Coordinador del Área Latinoamericana del “International Association of Anti-Corruption Authorities”.
· · Paul Lagunes –Profesor de la Columbia University’s School of International and Public Affairs - Co-editor del libro “Greed, Corruption, and the Modern State” - Autor de “Guardianes de la rendición de cuentas: Un experimento de campo sobre la corrupción y la ineficiencia en las obras públicas locales en Perú”.
· · Sebastián Pilo (Abogado UBA) – Co-director de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
· · Silvana Kostenbaum (Licenciada en Ciencias Políticas – UBA) Especialista en sector público del Banco Mundial.
· · Diomedes Berroa (Abogado) - Especialista en adquisiciones del Banco Mundial · · Roberto Martínez Kukutschka (B.A. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, CIDE, México). Coordinador de Investigación y Conocimiento en Transparency International.
· Daniel Oks (Economista – Universidad de Oxford) – Ex líder economista del Banco Mundial · · Erica Pedruzzi (Abogada - Universidad de Belgrano) - Directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés.
o · Natalia Volosin (Abogada - Universidad de Palermo) – Autora del libro “La máquina de la corrupción” –Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.
o · Alejandro Katz (Lic. Lengua y Literatura– UNAM de México) - Miembro del Consejo de Poder Ciudadano (Transparency International) - Editor, traductor y ensayista.
o · Pablo Secchi (Lic. en Ciencia Política – Universidad del Salvador) – Director Ejecutivo de Poder Ciudadano (Capítulo Argentino de Transparency International).
o · Omar Chisari (Economista - UBA) – Ex Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Investigador Principal del CONICET. Consultor del Banco Mundial y del BID. Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
o · Agustín Flah (Abogado - UBA) – Consultor Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos del Banco Mundial - Director del Programa de posgrado sobre Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella.
o · Germán Coloma (Contador - Universidad de La Plata) - Especialista en defensa de la competencia. Profesor de UCEMA.
lunes, 22 de julio de 2019
Entendiendo las propuestas económicas de las principales fórmulas
Daniel Oks
16 de julio de 2019
A pesar de la corrida al centro de los dos principales frentes electorales, el contexto institucional post-elecciones es muy divergente. En el plano institucional, el Frente de Todos (FT) señaló su deseo de intervenir la Justicia alejándose del principio constitucional de independencia de la misma. En el plano económico se presenta como más intervencionista y cerrado al mundo – tal como lo indicó con el rechazo de un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por otro lado, Juntos por el Cambio (JC) incorporó el posible acuerdo comercial como su estrategia de desarrollo. Este diferencial institucional acerca mucho más a FC que FT a las condiciones favorables que instituciones internacionales (FMI, Mercosur-UE) ofrecen al país para avanzar en un camino de modernización institucional y económica.
Bajo cualquier escenario político, resulta inevitable una renegociación con el FMI. Este año la meta ajustada de un déficit primario de 0,5% del PBI parece alcanzable; sin embargo, el equilibrio fiscal financiero requiere un superávit primario cercano al 3% del PBI. La alternativa del default es percibida por ambos frente como muy dañina para la economía y la población. Por ello, ambos intentarán negociar con el FMI de mínima un acuerdo de extensión de plazos o bien, en su expresión más amplia un Acuerdo de Facilidades Extendidas (AFE) que extiende al mediano plazo los vencimientos importantes condicionado a un programa de reformas estructurales. JC es más permeable a un programa de reformas estructurales tales como la reformas laboral, previsional y tributaria. Un acuerdo del FT con el FMI probablemente involucre programas más cortos y varias extensiones del programa poniendo en riesgo la estabilidad financiera y cambiaria.
También JC y FT se diferencian en su potencial para capitalizar los beneficios de un posible acuerdo de libre comercio Mercosur-UE. Si bien no existe un discurso unificado, FT parece centrar su estrategia en la reactivación del consumo; en su concepción, la inversión está ligada fuertemente a dicha recuperación. En el caso de JC, el consumo también juega un rol importante pero el dinamismo de mediano y largo plazo lo aportarían las exportaciones y la inversión. El acuerdo comercial tiene el potencial de atraer muy fuertes inversiones ligadas a exportaciones a un mercado con 20% del PBI global. El comercio y la inversión en un marco de competencia, libertad comercial y reglas de juego claras tienen el potencial de impulsar el crecimiento, la productividad, el empleo y los ingresos. Así ocurrió en España (en su momento con similar matriz agropecuaria al Mercosur) tras su ingreso a la Comunidad Europea en 1986. Entre 1986 y 2000 la tasa de inversión aumentó de 18,7% del PBI a 25%, mientras que el índice de apertura comercial pasó de 35,9% del PBI a 62,2% (las exportaciones pasaron de 21,6% del PBI a 30,1%). En igual período, la tasa de ocupación de la población adulta pasó de 44,8% a 55,8% mientras que el ingreso per cápita aumentó 120%.
Es auspicioso – primera vez en la historia económica argentina – que la propuesta de apertura no es unilateral sino multilateral y que se negocian plazos y forma de apertura sector por sector. Esto fuerza un proceso de interconsulta con todos los sectores económicos (empresas, cámaras empresariales, trabajadores y sindicatos) que tiende a fortalecer el proceso de participación política dándole más solidez al sistema y a los acuerdos eventualmente alcanzados. Desde ya que para competir con empresas de la UE y de Brasil el país debe avanzar en un plan de reformas para reducir el déficit fiscal, la carga tributaria, el costo logístico, la carga regulatoria y el costo no remunerativo del trabajo mientras estabiliza la economía para alcanzar una inflación comparable como mínimo a la de Uruguay, Brasil y Paraguay. Estos pre-requisitos – que permitirán el resurgimiento del crédito y mayor confianza en las inversiones – se acercan más a la plataforma programática de JC que de FT.
La negociación con la UE tiene el potencial de colocar la modernización institucional por encima del debate político interno. En ese sentido, la super estructura de Mercosur y la UE contribuirán a darle impulso a reformas repetidamente postergadas como la laboral, la tributaria y la previsional entre otras. Otorgaría asimismo un marco para contener y reducir importantes niveles de corrupción en los sistemas de compras estatales y en los regímenes proteccionistas prevalecientes a la vez que fortalecería el rol de la Agencia de Defensa de la Competencia. El núcleo de estas políticas también está más cerca de las plataformas programáticas de JC que de FT.
En resumen, los escenarios económicos en el caso que el voto favorezca a FT estarán caracterizados por: i) mayor incertidumbre financiero-cambiaria frente a más renovaciones de corto plazo del programa con el FMI debido a una menor propensión a negociar reformas estructurales y alcanzar el equilibrio fiscal; ii) regresión a un sistema económico con más intervención y protección en que el crecimiento está centrado principalmente en el consumo; y iii) alejamiento de la opción de modernización institucional y productiva siguiendo el modelo de integración europeo. En este contexto, si la sensatez prevalece, es probable que el votante le conceda el beneficio de la duda a FC.
El autor es economista. Ex economista líder del Banco Mundial y gerente del BCRA.
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