viernes, 24 de abril de 2020
Crecimiento económico, reestructuración de deuda y estabilización
El gobierno necesita trazar un plan de crecimiento con equilibrio fiscal para renegociar la deuda en forma sustentable, necesario también para estabilizar la economía en el corto plazo.
Daniel Oks*
Alberto Fernández y Martín Guzman FOTO: MARIANO SÁNCHEZ / NA
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La herencia de Alberto Fernández quedó signada por el cierre del financiamiento externo, la economía en recesión, alta inflación y pobreza elevada en aumento. Del lado positivo recibió: desarrollo de infraestructura de energía y transporte; tarifas más cercanas al equilibrio; tipo de cambio competitivo; ordenamiento fiscal en curso; deuda del sector público consolidado aún en niveles internacionales moderados; gasto público en descenso (3% del PBI menos que en 2015); y mayor integración comercial al mundo. Cambiemos pagó el precio recesivo del ajuste iniciado en 2018 perdiendo las elecciones; pero en algún sentido dejó al país en mejores condiciones para poder iniciar una fase de crecimiento. El nuevo gobierno necesita trazar un plan de crecimiento con equilibrio fiscal para renegociar la deuda en forma sustentable; éste también es necesario para estabilizar la economía en el corto plazo.
Un acuerdo de deuda exitoso facilitará el acceso a los mercados de capitales que permitirá financiar la inversión y el crecimiento. Junto con la reactivación del crédito al consumo –en un contexto de elevado desempleo y capacidad ociosa– podría dar lugar a una reactivación del nivel de actividad económica. Así ocurrió en países que reestructuraron su deuda rápido y sin caer en default. Sin embargo, frente a este escenario, hay riesgos de corto plazo –monetarios– y de mediano plazo –fiscales– y de crecimiento.
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En el corto plazo, el fuerte crecimiento de la base monetaria podría acelerar la inflación: el exceso de oferta de dinero sobre demanda de dinero genera presión sobre los precios. Hay factores como el control de cambios que tienden a elevar la brecha entre el tipo de cambio libre y el oficial y deprimen la demanda de dinero. En el caso de los congelamientos de tarifas y jubilaciones, si bien prima facie impulsan la demanda de dinero (vía control de precios), en la medida que los congelamientos no son percibidos como sostenibles, tienen el efecto contrario. El congelamiento de tarifas aumenta la necesidad de subsidios estatales al sector energético. Y el congelamiento de jubilaciones y su probable reversión generan imprevisibilidad en la trayectoria de ingresos de la población terciaria. En ambos casos aumenta la inestabilidad macroeconómica impactando negativamente sobre la demanda de dinero y la inflación.
Hay factores que podrían contrarrestar dicho escenario. La reciente Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva tiene un impacto fiscal inicial favorable (aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos y congelamiento de jubilaciones medias y altas) y dio una señal positiva a los mercados de deuda impulsando la demanda de dinero. Pero en ausencia de un programa de crecimiento que permita sostener el servicio de la deuda en el mediano plazo, la demanda de dinero y la posibilidad de estabilizar la economía se mantendrán erráticas. En un extremo, puede llevar a que no se logre reestructurar la deuda lo que precipitaría un nuevo escenario de default.
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En el mediano plazo, el actual programa de gobierno no incluye reformas que ordenen y alineen las expectativas de inversores y consumidores en torno a un plan de crecimiento. Como agravante, el plan actual genera incerteza y presión tributaria en dos de los sectores más dinámicos y competitivos que podrían impulsar el crecimiento. El congelamiento tarifario desalienta la inversión en el estratégico sector energético, y las nuevas retenciones desalientan la expansión del sector agropecuario. El sector agropecuario es además el principal generador de divisas y el sector energético es potencialmente el receptor de enormes inversiones y segundo más importante generador de divisas que podrían aliviar la restricción externa.
Los países que han logrado alcanzar procesos de crecimiento sostenido han adoptado una estrategia de integración comercial con el mundo (a partir de cadenas globales de valor); promovido el desarrollo del capital humano; generado mercados de capital y trabajo eficientes; desarrollado marcos regulatorios para la infraestructura; fortalecido el marco de competencia; y encarado la modernización del estado reduciendo la carga tributaria, facilitando la innovación y mejorando la transparencia y eficiencia del gasto público.
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La necesidad de equilibrar las cuentas fiscales y la creciente conciencia de la sociedad que hay que terminar con el statu quo de inestabilidad macroeconómica y pobreza estructural generan una oportunidad histórica para el nuevo gobierno de plantear una estrategia de crecimiento con equidad. La raíz estructural de los problemas sociales no fue resuelta por el peronismo liberal, el peronismo intervencionista ni la oposición. Tal vez le haya llegado la hora a un peronismo moderno con un estado eficiente y una economía competitiva que permita mejorar los horizontes de crecimiento de todos los argentinos.
* Economista (UBA) doctorado en Oxford. Ex gerente del BCRA y ex funcionario del Banco Mundial. Desarrollista inmobiliario. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
El costo económico y social de la corrupción
Los autores presentan los resultados de un simposio donde se presentaron metodologías que permitan medir la corrupción y su impacto en el bienestar económico y social.
Daniel Oks, Pablo Madanes, Roger Calles y Diego Serebrennik*
Alberto Fernández y Daniel Arroyo FOTO: CEDOC
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Nuevamente entra en la agenda pública el remanido tema de los sobreprecios en las compras del Estado. Relacionado con esto, aprovechamos para comentar los resultados de un simposio que organizamos a fines del 2019, convocando a expertos para que aporten metodologías que permitan medir la corrupción y su impacto en el bienestar económico y social.
El simposio al cual concurrieron destacados profesionales nacionales e internacionales, fue cerrado y se focalizó en la métrica objetiva de la corrupción en la obra pública en la Argentina, incluyendo un capítulo de modelos económicos para cuantificar el impacto de la misma (1). En esta nota presentamos algunas de las conclusiones más relevantes.
La metodología seguida por la mayoría de los participantes consistió en estimaciones de corrupción a partir de comparativas de precios de obras similares. Cuando el precio de una obra pública excede con creces el costo de una obra comparable cabe la presunción de que pudo haber habido corrupción.
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En uno de los trabajos se evaluó el costo para el estado de los sobornos y sobreprecios de la obra pública entre 2003-2015. El mismo está basado en datos de los “Cuadernos de la Corrupción” y arroja un costo para el estado de aproximadamente US$ 80.000 millones en el período. El trabajo computó los costos para el Estado de los sobreprecios, los costos impositivos derivados de la evasión asociada y el costo de oportunidad de las inversiones públicas que se dejaron de hacer por el desvío de fondos resultantes.
En un trabajo realizado por la Unidad de Integridad de Vialidad Nacional se observó una reducción de costos para el estado de aproximadamente 30% en obras públicas similares entre 2013-15 y 2016-17. Dicha caída surgió de la instrumentación de políticas de integridad y transparencia en las licitaciones. El experimento arrojó los siguientes resultados: se redujeron los plazos entre llamados a licitación y adjudicación de 294 días a 109 días entre 2010-2015 y 2016; b) la diferencia entre la mejor oferta y el precio previamente estimado por Vialidad Nacional pasó de +5% en 2013-15 a -12% en 2016 y a -19% en 2017; y c) aumentó significativamente el número de participantes en las licitaciones.
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En otro trabajo se da cuenta de la gran dispersión de precios que tiene la obra pública según las jurisdicciones y según el período. Se hicieron comparaciones del costo del kilómetro de ruta construido entre 2014 y 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe. En la Provincia de Buenos Aires, se observa una baja del 64% del precio por kilómetro a fines de 2016 en relación a una obra en agosto 2014. Por otro lado, Vialidad Nacional hizo obras sustancialmente más económicas -aproximadamente la mitad- que la Provincia de Buenos Aires durante el año 2016.
En otra parte del simposio se discutió la utilidad de los modelos económicos para evaluar el impacto más amplio de la corrupción en la economía y la sociedad.La corrupción puede impactar en el desarrollo económico a partir de múltiples canales incluyendo la presión tributaria, la asignación de recursos, el costo del capital y la incertidumbre que genera para la inversión.
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En uno de los trabajos se presentó un modelo de equilibrio general computado para evaluar cuantitativamente el impacto de 3 canales específicos de la corrupción en la Argentina: a) la “opacidad” burocrática, b) los sobreprecios de la obra pública y c) las irregularidades aduaneras. Las conclusiones son que mejoras en estos tres tipos de corrupción en forma acumulativa podrían elevar el nivel de inversión (2,6%), el PBI (0,7%), el comercio internacional (0,5%) y el bienestar de las familias (2,3%). En resumen, existe importante evidencia sobre la magnitud y costo de la corrupción en Argentina para la inversión, el crecimiento económico y el bienestar social.
Habiendo aún mucho más por medir, se planteó la posibilidad de realizar experimentos en nuestro país, como por ejemplo el de un caso en Perú donde a 100 municipios se les avisó que se iban a auditar las obras públicas y a otros tantos no, logrando una diferencia del 15% en costos. Estos experimentos, como el mencionado más arriba que se hizo en Vialidad Nacional, al ser bajo ambientes controlados, permite obtener mediciones más precisas.
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En conclusión, en los casos presentados se observa una fuerte dispersión de precios de obras comparables cuando se confrontan distintas jurisdicciones o cuando se efectúa cortes temporales. Esto nos habla de la presunción de muy importantes impactos económicos por parte de la corrupción en las obras públicas.
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Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford); Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres); Roger Calles (Economista de la UBA) y Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA de la UCEMA).
(1) Los contenidos del simposio están en el blog https://gquijote.blogspot.com/
(Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
Renegociación de la deuda: cómo superar la perdida de credibilidad
Las expectativas de un rebote económico descansan sobre los pilares de un tipo de cambio competitivo y una renegociación exitosa de la deuda soberana.
Daniel Oks*
Martín Guzmán, ministro de Economía. FOTO: NA
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Las expectativas de un rebote económico descansan sobre los pilares de un tipo de cambio competitivo y una renegociación exitosa de la deuda soberana. Ambos pilares requieren una contrapartida fiscal en que la absorción neta de recursos del sector público sea menor. Esto implica una mejora del balance entre impuestos y el gasto público. El sector privado empresario se encuentra atosigado por impuestos que comprometen su viabilidad económica. Los sectores sociales más vulnerables no pueden soportar mayores ajustes sin comprometer sus derechos más elementales. El nuevo gobierno parece ya haberse topado con los límites del carril angosto de su trayectoria fiscal debiendo inevitablemente tocar la puerta de los acreedores.
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En su visión los acreedores privados podrían dar el oxígeno para que la economía tenga una vía de recuperación mediante una quita de la deuda; la reactivación a su vez facilitaría mejoras en la recaudación impositiva y menores demandas de gasto social. Pero ello tampoco resulta sencillo.Con una larga historia de desequilibrios fiscales, defaults, y alta inflación el país tiene poca credibilidad para los acreedores del soberano. No basta con acordar un plan de crecimiento y fortalecimiento fiscal: el mismo debe ser creíble.
El problema de credibilidad también afecta a las empresas y a los trabajadores. Si el sector empresario supiera que la economía tiene un potencial de crecimiento y estabilidad, seguramente estaría dispuesto a repatriar capitales y a hacer el sacrificio tributario aún al costo de una rentabilidad de corto plazo reducida. De otro modo los mecanismos de elusión y evasión se activan tal como ocurre normalmente durante las crisis. Asimismo, para el sector trabajador, el atraso salarial resultaría más tolerable si tuviera mayor certeza que las condiciones laborales mejorarían a raíz de su esfuerzo. De lo contrario, los reclamos sociales también podrían poner en jaque el programa fiscal de estabilización.
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En esta situación, el país se encuentra en un atolladero. La estrategia aquí propuesta consiste en negociar con los acreedores privados un canje de deuda que reduzca la incertidumbre y la poca credibilidad del país (atribuible a su historia). Para ilustrar el caso, se puede argumentar que los acreedores estarían dispuestos a conceder una quita siempre que el gobierno le diera certeza de cumplimiento de sus compromisos futuros. Para ello se puede diseñar un contrato en que la quita se negocia en el presente pero se materializa contractualmente en los años venideros en función del cumplimiento de metas presupuestarias y compromisos. Por ejemplo, y simplificando al extremo, se puede tomar el caso de una deuda de valor facial $100 que contractualmente se debe pagar en los próximos 10 años (a razón de $10 por año); debido a las capacidades de pago, esta deuda se renegocia reduciendo su valor a $70 a pagar $7 por año. Pero si al final del período, el país no cumple con el pago regular de $7 por año, la deuda exigible contractualmente vuelve a ser de $100.
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De este modo se reduciría la incertidumbre que los acreedores enfrentan al momento de conceder una quita -esta se materializaría sólo si el país cumple-. A la vez el país se beneficiaría por estar mejor alineados los incentivos del gobierno para cumplir sus compromisos; ello redundaría en una mejora de su reputación y una reducción de la incertidumbre macroeconómica. Esto a su vez mejoraría su credibilidad ante empresarios y trabajadores contribuyendo indirectamente a que estos acuerden concesiones en el contexto de un acuerdo para estabilizar la economía.
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Siempre habrá acreedores que no querrán aceptar la quita bajo ningún escenario. Estos deben comprender que la quita es el riesgo de mercado que asumieron a cambio de las elevadas tasas de interés recibidas bajo mejores escenarios. Además del seguro implícito que implica una quita contingente, los acreedores tendrán un menor riesgo de default a futuro debido tanto a la menor deuda a servir como a una mejor predisposición del país a cumplir. Esto en sí mismo justifica la baja de la tasa de interés de mercado de la nueva deuda -es decir la quita-.
* Economista (UBA) doctorado en Oxford. Ex gerente del BCRA y ex funcionario del Banco Mundial. Desarrollista inmobiliario. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com
Documento de un grupo de empresarios
Coronavirus en la Argentina: el virus de la corrupción y el virus de la pandemia
Un grupo de empresarios y profesionales advierte sobre el costo de la corrupción y la necesidad de información transparente. Las enseñanzas de un seminario.
Aunque quede fuera de lugar hablar de corrupción durante una pandemia, un grupo de profesionales y empresarios sin filiación política y con trayectorias diversas en compañías privadas, tercer sector y organismos multilaterales; decidió comunicar las conclusiones de un seminario interdisciplinario. Realizado en la Universidad Di Tella, se propuso medir la magnitud del costo social y económico de la corrupción en la Argentina.
Decidieron darlo a conocer convencidos que, una vez superada la pandemia, vendrán tiempos de reconstrucción. “Ojalá que esta unidad que se está consiguiendo en la lucha contra el coronavirus nos aporte enseñanzas para la lucha contra la plaga de la corrupción, que hace mucho llevamos en el cuerpo, que nos arruina la vida, que nos mata y que, al haberla naturalizado, somos incapaces de vislumbrar cómo sería una vida sin ella. De haberla combatido decididamente con anterioridad a la pandemia es muy probable que se hubieran mitigado sus efectos y el costo de reconstrucción. Esperemos que esta crisis permita elaborar consensos básicos que alumbren políticas de estado que den viabilidad a un país que peligrosamente se acerca a ser inviable”.
Ese grupo está constituido por Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres), Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA del CEMA), Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford) y Roger Calles (Economista de la UBA).
Diego Serebrennik
“Puede asociarse la corrupción a un virus, mucho más dañino, más oculto y más difícil de erradicar y que ha arruinado a lo largo del tiempo muchísimas más vidas que el coronavirus en lo que va de esta pandemia”, señalaron en un documento.
En el simposio de carácter cerrado, participaron expertos de distintos países y de varias instituciones. “Había una atención especial en el ambiente: se dejaba exponer sin interrupciones, se interrogaba con una mente abierta, con la conciencia de que se estaba tratando de un tema importante que nos afecta a todos y a las generaciones venideras”, describieron.
Roger Calles
“Dejando de lado las métricas de la corrupción, una de las conclusiones más relevantes del simposio consistió en señalar el carácter sistémico de la corrupción dentro del Estado argentino. Los expertos internacionales asistentes puntualizaron que este tipo de corrupción suele estar ligada a intereses de grupos de poder en cuasi-privatizaciones del Estado. Esta suele consistir por ejemplo en mega transferencias de riqueza cuando se decide licuar la deuda en pesos; dar información privilegiada con anticipación a una devaluación; otorgar créditos subsidiados, exenciones impositivas, subsidios, protección selectiva a sectores privilegiados; reguladores que responden a carteles de empresas; intercambio de favores; etc”.
De paso, resaltaron las consecuencias de esas políticas que deben ser tomadas en cuenta para evitarlas en plena pandemia. “La mala asignación de recursos, un Estado que parece ser más una carga que una entidad que da servicios a la sociedad (descuidando la provisión de la salud, la seguridad, la educación, la justicia y la moneda), la convalidación de la informalidad como modo de supervivencia de las empresas y con todo ello, la sumisión de buena parte de la sociedad en la pobreza estructural, siendo estos últimos los más afectados en sus derechos humanos”.
Pablo Madanes
Así mencionan a la corrupción sistémica como la Gran Corrupción, “la cual es muy difícil de medir y que, más allá de la legalidad o no de sus actos, actúa incidiendo en la definición de políticas, leyes y asignación de recursos para el interés de sus propios actores. En tal sentido, la lucha contra la corrupción es una lucha de Poder, indicando a su vez que, si no la ponemos en ese marco, va a ser muy difícil entender cómo funciona y cómo combatirla. No se puede comprender la clave de la corrupción sin entender el rol de los empresarios, de los sindicatos, del poder judicial, de los políticos y los funcionarios en general”.
De esta manera resaltaron que para combatir la corrupción es necesario buscar nuevas formas de participación ciudadana,"haciendo que la democracia sea algo más que un plebiscito para elegir a quienes nos gobiernan”. Y señalaron que para lograr la participación de la sociedad civil, es fundamental que la información del estado sea abierta y transparente, siendo necesario “pasar de una cultura cerrada y confidencial a una cultura de apertura”.
Daniel Oks
El documento con las conclusiones culmina con un llamado a construir un nuevo pacto civilizatorio en la lucha “contra un estado ineficiente y su corrupción sistémica”.
EL SIMPOSIO
ORGANIZADO POR EL GRUPO QUIJOTE Sin entidad jurídica, es un grupo de amigos que se ha unido con el objetivo de aportar un grano de arena a la reducción de la corrupción en Argentina. Está conformado por profesionales y empresarios sin afiliación política y con trayectorias diversas en el ámbito de empresas privadas, tercer sector, economía y entes multilaterales. Está constituido por: Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres), Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA del CEMA), Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford) y Roger Calles (Economista de la UBA).
OBJETIVO DEL SIMPOSIO Contribuir a la comprensión por parte de la sociedad de la magnitud del costo social y económico de la corrupción en la Argentina mediante una discusión sobre diferentes metodologías para la medición de la corrupción y distintos modelos para evaluar sus efectos económicos. Con el fin de enfocar la discusión, se centro la temática al sistema de contrataciones de obras públicas. A su vez, con el objetivo de ampliar el acercamiento al problema, el simposio tuvo un enfoque interdisciplinario.
REALIZADO El 26 de septiembre del 2019 en la UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA , contó con el auspicio de PODER CIUDADANO y FUNDACIÓN BANCO CIUDAD El simposio no estuvo abierto al publico PARTICIPANTES · Diego Martínez (Abogado - UBA) – Consultor en políticas anticorrupción y compliance – Ex Jefe de Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad.
· · Vicente Monteverde (Economista - Universidad de Morón) - Director del Instituto de Investigaciones Económicas en Universidad de Morón – Autor de “Economía de la corrupción -Costos de la Corrupción en Argentina”.
· · Federico Camio (Economista - UADE) – Autor de “Los costos económicos de la corrupción. Una medición para la Argentina”.
· · Sebastián Sal (Abogado - UBA) - Coordinador del Área Latinoamericana del “International Association of Anti-Corruption Authorities”.
· · Paul Lagunes –Profesor de la Columbia University’s School of International and Public Affairs - Co-editor del libro “Greed, Corruption, and the Modern State” - Autor de “Guardianes de la rendición de cuentas: Un experimento de campo sobre la corrupción y la ineficiencia en las obras públicas locales en Perú”.
· · Sebastián Pilo (Abogado UBA) – Co-director de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
· · Silvana Kostenbaum (Licenciada en Ciencias Políticas – UBA) Especialista en sector público del Banco Mundial.
· · Diomedes Berroa (Abogado) - Especialista en adquisiciones del Banco Mundial · · Roberto Martínez Kukutschka (B.A. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, CIDE, México). Coordinador de Investigación y Conocimiento en Transparency International.
· Daniel Oks (Economista – Universidad de Oxford) – Ex líder economista del Banco Mundial · · Erica Pedruzzi (Abogada - Universidad de Belgrano) - Directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés.
o · Natalia Volosin (Abogada - Universidad de Palermo) – Autora del libro “La máquina de la corrupción” –Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.
o · Alejandro Katz (Lic. Lengua y Literatura– UNAM de México) - Miembro del Consejo de Poder Ciudadano (Transparency International) - Editor, traductor y ensayista.
o · Pablo Secchi (Lic. en Ciencia Política – Universidad del Salvador) – Director Ejecutivo de Poder Ciudadano (Capítulo Argentino de Transparency International).
o · Omar Chisari (Economista - UBA) – Ex Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Investigador Principal del CONICET. Consultor del Banco Mundial y del BID. Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
o · Agustín Flah (Abogado - UBA) – Consultor Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos del Banco Mundial - Director del Programa de posgrado sobre Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella.
o · Germán Coloma (Contador - Universidad de La Plata) - Especialista en defensa de la competencia. Profesor de UCEMA.
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