Economía, claves para volver a la normalidad La atención de las ineludibles necesidades sanitarias y sociales requiere un plan de reactivación y estabilización que permita sostener y superar la emergencia.

Daniel Oks*

Publicado en Perfil 2 de Julio 2020

 Aún dejando de lado la fuerte caída del PBI en 2020, en la última década el ingreso per cápita de la Argentina se mantuvo estancado. Pero la decadencia argentina es de larga data. Entre 1980 y 2019 mientras el ingreso per cápita de Argentina creció 21%, el de Canadá aumentó 64%, el de Colombia 113%, el de Chile 195% y el de Corea del Sur 640%. Con la pobreza estructural entre el 30% y el 40% de la población (más del 50% de la población joven) la Argentina dejó de ser un país de clase media.     El atraso relativo guarda relación con tres hechos relacionados: crónica inestabilidad macroeconómica; un Estado que asfixia la actividad privada a través de regulaciones arbitrarias, impuestos elevados y obstruccionismos de todo tipo (a menudo ligados a la corrupción); y permanente cambio de las reglas de juego (proteccionismo-apertura; intervención-regulación; mercado-estado). El Estado ha perdido eficacia como facilitador del mercado y proveedor de bienes públicos como la moneda, la salud, la educación, la justicia y la seguridad. La inestabilidad macroeconómica y la presión tributaria dan cuenta de la informalidad y deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Los cambios de gobierno asociados a cambios de reglas de juego le suman incertidumbre a la inversión y dan cuenta de la lógica de la acumulación de activos externos. La pandemia pone en evidencia y exacerba las inequidades en acceso a la salud e infraestructura y en general la vulnerabilidad de personas y el sector PYME. Todo ello se deriva de la ausencia de moneda, crédito e instituciones sólidas. La economía empieza a preocupar más que la pandemia La atención de las ineludibles necesidades sanitarias y sociales requiere un plan de reactivación y estabilización que permita sostener y superar la emergencia. Con la incertidumbre que plantea la pandemia y para ser creíble dicho plan debe a su vez estar enmarcado en una estrategia de crecimiento asentada en un programa fiscal y de deuda sustentable que contemple una profunda reorganización del Estado. Para ello, nuestros representantes políticos, corporaciones económicas y la sociedad civil deben consensuar consignas básicas de las economías de mercado que otorgan un rol importante al Estado en la provisión de bienes públicos:   Sin emprendedores y empresas privadas, no se genera trabajo, ni riqueza, ni impuestos para financiar al Estado. Para poder desarrollarse  los emprendedores y las empresas que estos organizan precisan un marco de competencia (una agencia autónoma de defensa de la competencia y un marco de integración comercial al mundo) y un Estado funcional complementario que no las agobie con impuestos, monopolios, regulaciones discrecionales y pedidos de coimas. Para ello el Estado debe: mejorar su eficiencia y optimizar su tamaño restringiendo su rol a ser altamente eficaz en la provisión de bienes y servicios públicos; debe revalorizarse el servicio civil basado en el mérito y la honestidad y flexibilizar el régimen de ingresos y egresos del personal;  el Estado debe financiarse con una estructura tributaria que no desincentive la inversión, que sea progresiva para cumplir el rol redistributivo, y que sea efectiva en satisfacer las necesidades de recaudación. El equilibrio fiscal es una condición necesaria para la inversión, el crecimiento y un estado de bienestar sustentable. El combate sistemático de la corrupción exige transparencia plena de la gestión. La adaptación al cambio estructural requiere: flexibilidad para abrir y cerrar empresas; un mercado laboral dinámico con menores restricciones a la movilidad y sin pisos salariales negociados por los sindicatos con grandes empresas (que discriminan contra las PYMES); y bancos y mercados de capitales que genuinamente intermedien entre ahorristas y empresas. La inversión de calidad requiere marcos regulatorios y reglas de juego estables. El comercio exterior ocupa un lugar primordial en la modernización económica, en las mejoras de productividad y por ende en trabajos de calidad.   Reforma educativa en función de la innovación como la principal fuente de crecimiento, igualdad de oportunidades y movilidad social en el Siglo 21. Los bancos no pueden cobrar comisión por usar los cajeros Con estas consignas será posible diseñar un plan de estabilización y reactivación consistente y creíble. La asistencia del gobierno debe apuntar a recomponer el capital de trabajo para poner en funcionamiento la enorme capacidad ociosa y absorber empleo antes que las personas pierdan sus habilidades y desaparezca el capital empresario. El Estado debe proteger el ingreso de los más vulnerables y dirigir la ayuda estatal y financiera a los sectores productivos con que contamos, únicos capaces de mover la rueda de la economía creando puestos de trabajo, ingresos y demanda sustentable. De lo contrario el exceso de emisión monetaria irá al consumo, sin contrapartida de mayor oferta de bienes, dando lugar a más inflación. Esto remarca la importancia de la estabilización económica en simultáneo con el plan de rescate, sin olvidar que la estabilización misma es de por sí reactivadora. El recrudecimiento de la inflación con caída del PBI mayor al 10% en 2020 sería una doble condena para todos los sectores. La estabilización de precios está íntimamente ligado al fondeo del Estado. Con una caída de la recaudación estimada en 3 puntos del PBI y un aumento similar de transferencias sociales y a empresas ligadas a la pandemia, el déficit primario rondaría 7% del PBI. Esto es lo mínimo que hay que financiar suponiendo que el servicio financiero sea refinanciado por acreedores externos, entes multilaterales y bancos locales. Con escasas reservas y sin crédito la emisión monetaria queda como la única fuente de fondeo, la cual no es consistente con la estabilización de precios. Temporariamente la recesión, la preferencia por la liquidez (debido a la incertidumbre), los controles de precios y tarifas, y los controles cambiarios permiten evitar desbordes inflacionarios. Pero a medida que se normalice la economía y estos controles no se puedan sostener (debido al surgimiento de mercados negros, déficits energéticos y mayores brechas cambiarias) el aumento de inflación será inevitable, pudiendo ser agudizado por la caída en la demanda de dinero (por temor a su vez a la pérdida de valor de la moneda). Por ello, el plan de reactivación debe ir acompañado de un paquete de políticas fiscales, financieras y monetarias complementarias; las mismas formarán parte del paquete que habrá que presentar al FMI para reestructurar los plazos de sus propios vencimientos.   ¿Comete delito quien viola la cuarentena?   El debate de políticas de estabilización y reactivación debería girar en torno a los siguientes ejes: Balance primario estructural - equilibrio cuando la economía esté en su potencial de PBI – con recortes de sueldos y jubilaciones en términos reales, y eliminando jubilaciones de privilegio. Esto permitiría equiparar el esfuerzo de ajuste realizado por el sector privado y balancear la equidad inter generacional (las jubilaciones absorben 11% del PBI, el doble que en países comparables). La reducción del gasto primario –menos contractiva que la suba de impuestos– podría complementarse con la implementación efectiva de un régimen transparente de competencia en compras estatales y contratación de obra pública (ahorros de 1% a 2% del PBI) y rebalanceo gradual de tarifas para reducir subsidios a la energía y el transporte. El equilibrio fiscal y reducción de peso del Estado debería también ser compartido con las provincias en el marco de un acuerdo de coparticipación simplificado y transparente, disminución del gasto primario (en particular empleo) y eliminación de impuestos distorsivos como el impuesto a los ingresos brutos. El paquete fiscal requiere a su vez el rápido cierre de un acuerdo con acreedores privados externos con mayores plazos de amortizaciones y reducción del interés contractual; un aumento de pagos durante el actual gobierno demostraría voluntad de pago. Para mejorar el incentivo a los acreedores para aceptar la quita de interés se podría ofrecer además de un bono de crecimiento (con topes) el condicionamiento de la quita al cumplimiento efectivo de los compromisos. Emisión de un bono solidario con ajuste por inflación para reciclar ahorros de unidades superavitarias (por ejemplo, debido al menor consumo) al gobierno. Los bancos deberían dejar de prestarle al gobierno direccionando el crédito al sector privado- con garantías estatales en función del impacto del COVID-19. Ello se podría complementar con una amortización impositiva acelerada de las inversiones. Compromiso de fuerte absorción de liquidez excedente en función de la recuperación económica y la evolución de la demanda de dinero.Aumento de las tasas de interés para movilizar ahorros y apoyar el desarrollo de un mercado de capitales en pesos. Reducción de controles cambiarios y mayor depreciación del tipo de cambio comercial. El tipo de cambio real competitivo es un generador de divisas y motor de la recuperación económica. Los exportadores no deben ver sus incentivos a invertir diezmados por un tipo de cambio atrasado ni por retenciones; también se deben eliminar las trabas aduaneras o cambiarias para los insumos importados críticos para el desarrollo (el cepo 2011 tuvo un fuerte impacto negativo sobre la oferta de bienes y la productividad). Flexibilidad para ajustar salarios e introducción de un seguro de desempleo para facilitar la movilidad laboral de empresas (y del Estado) que se achican hacia las que se expanden . Marco jurídico de transición para evitar que la ruptura de cadenas de pagos y contratos no devengan en procesos irreversibles de quiebras de empresa y una crisis financiera doméstica. Restablecimiento del régimen acelerado de creación de sociedades. Nuevos instrumentos financieros con incentivos para inversores institucionales; crédito orientado a sectores severamente afectados por el COVID-19 con fuerte potencial de absorber empleo como la construcción y el turismo. El Estado puede contribuir con mayor desregulación del uso del suelo, con mejoras de la conectividad, subsidios para evitar la desarticulación de la cadena turística, y con protocolos de seguridad sanitaria con las mejores prácticas internacionales. El bajo costo de construcción y del turismo presentan una oportunidad para un fuerte repunte de la actividad en estos sectores. Marcos regulatorios transparentes y estables para la inversión en energía, innovación, minería y agroindustria; todos éstos son pilares de la exportación y son cruciales para reducir la restricción externa que históricamente ha limitado los ciclos de expansión. Flexibilización activa y selectiva de la cuarentena – como parte del plan de reactivación - mediante protocolos laborales y de transporte público promoviendo un sistema de turnos diarios y horarios escalonados para evitar aglomeración en los espacios laborales y en el transporte público. Fuerte inversión en testeos masivos con  muestras al azar, trazabilidad y aislamiento selectivo de la población de riesgo. El costo de estas inversiones es una fracción del ahorro que podría representar la flexibilización más rápida de la cuarentena.   Las enseñanzas que no podemos desconocer en tiempos de Covid-19 La pandemia nos demanda agudizar nuestra mirada sobre las debilidades institucionales y la vulnerabilidad social. La vuelta a la normalidad es sin dudas más compleja que la necesaria superación de la emergencia sanitaria. Requiere un plan de reactivación y estabilización en el contexto de una estrategia de crecimiento con un sector privado vigoroso y un estado moderno y eficiente. El desafío es alcanzar en forma democrática y consultiva consensos para la reorganización del Estado, con sus límites y funciones bien definidos, y la adopción de macro políticas públicas que erradiquen la inestabilidad crónica y restituyan reglas de juego claras para la inversión privada y un estado de bienestar sustentable.

   *Economista de la UBA, Doctor en Economía Universidad de Oxford. Ex Economista Líder del Banco Mundial y Ex Gerente de Análisis Financiero del BCRA. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com

Tiempos de reflexión Para el mundo humano esta pandemia aparece como un tsunami global que está poniendo en cuestión paradigmas de nuestra civilización. Pablo Madanes, Daniel Oks, Roger Calles, Diego Serebrennik*

Publicada en Perfil 9 de Junio, 2020

 Probablemente la pandemia del COVID-19 sea para la naturaleza un hecho absolutamente insignificante. Pero para el mundo humano aparece como un tsunami global que está poniendo en cuestión paradigmas de nuestra civilización. Más allá de los problemas inmediatos, cada país deberá hacer replanteos, correcciones y rediseños políticos de acuerdo a los objetivos que se tracen. El coronavirus nos impone involuntariamente tiempos de reflexión que deberíamos aprovechar. La pandemia ha impuesto en muchos una reclusión que, por un lado, ha acelerado cambios en las formas de trabajar, y por otro lado ha resultado en una significativa caída en el nivel de actividad que en Argentina en particular ya venía con varios años recesivos golpeando muy fuertemente a los sectores medios y bajos. Estas circunstancias llevaron alas actuales autoridades a acentuar la ya elevada propensión a gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Gracias al mayor involucramiento del Estado en la vida de las personas y en la economía, se está controlando la pandemia, se ha mejorado en algunos aspectos la capacidad de atención hospitalaria, y también se ha podido asistir a varios sectores que han visto mermados dramáticamente sus ingresos por las cuarentenas obligatorias.  Pero la capacidad de respuesta del gobierno para compensar el colapso económico que está ocasionando la pandemia está muy acotada ya que no dispone de fuentes de financiación suficientes –tanto su crédito interno como externo está agotado–. El Estado se está financiando con emisión monetaria, pero alcanzado un límite, este puede llevar a un descalabro económico aún mayor debido a la falta de credibilidad en la moneda. Por otro lado, aumentar la presión impositiva golpearía al sector productivo comprometiendo su viabilidad y generando a su vez caídas adicionales en la recaudación. El costo económico y social de la corrupción La pandemia también ha puesto al desnudo la precariedad de nuestro Estado. Es alarmante su ineficacia y corrupción que, aún en la necesidad más simple de entregar alimentos a los más necesitados, no ha sido capaz de poder proveerlos en tiempo y forma; pagando los altísimos sobreprecios que conocemos. Dada su larguísima tradición de ser un pésimo pagador, y de concebir las compras y servicios con “retornos colaterales,” es muy difícil conseguir que empresas “normales” quieran o puedan ser proveedores. Vamos hacia a una época adonde probablemente va a haber una mayor injerencia del Estado tanto en lo social como en lo económico. Algunos ven esta situación como una oportunidad para profundizar la intervención del Estado en la sociedad civil. Pero las preguntas son varias: ¿cómo se va a llevar a cabo?, ¿con qué recursos?, dada nuestra historia, ¿no llevará su expansión un aumento de sus características negativas consigo: la burocracia, la ineficiencia, la falta de transparencia y la corrupción? ¿cómo se asegura el crecimiento si se mantienen o crecen las características negativas de nuestro Estado? Estos son tiempos de reflexión, tenemos que pensar qué Estado queremos. Hacia fines del año pasado, organizamos un simposio (1) sobre la medición de la corrupción. Unos 25 académicos, con toda la tranquilidad que brinda el ambiente universitario, un día miércoles, fuera del quehacer cotidiano y las circunstancias del momento, abordaron varios de los temas que hoy deberían estar en la agenda pública. La OMS alerta: la pandemia retrocede en Europa pero está "empeorando" a nivel mundial El primero de ellos, es la dimensión de la corrupción en la obra pública, que según estimaciones realizadas por expertos asciende al equivalente al 2% del producto bruto interno anual. En unidades más tangibles esto equivale a unos 8000 km de rutas o a 100 hospitales anuales. Como también demuestran los modelos económicos empíricos presentados en el simposio, el costo económico y social resulta ser mucho mayor por la inversión que se pierde y los servicios que se dejan de brindar en seguridad, justicia, salud y educación entre otros. El segundo es la ineficiencia y la burocracia estatal que dan cabida a la corrupción; y cuando ésta se vuelve endémica, se borran los límites de la justicia, y se genera un sistema perverso que va mutando de formas (las cuales no necesariamente son siempre ilegales); como ocurrió por ejemplo con las privatizaciones, con la licuación de deudas en pesos o la socialización de deudas en dólares. El tercero es la importancia de trabajar en la prevención de la corrupción. Las estructuras cerradas, opacas e ineficientes generan desconfianza y escepticismo; y si queremos regenerar la confianza tenemos que migrar a instituciones más transparentes y eficientes en el Estado. Abrir la información y hacerla pública, sostuvieron los expertos, es un paso importante en la batalla por la democracia. El cuarto tema es la enorme dificultad que tiene el Estado en controlarse a sí mismo. Sus entidades de control, más que controlar, muchas veces terminan incitando a la corrupción, ante todo por su politización. En el simposio se analizó un caso exitoso de lucha contra la corrupción con controles mixtos entre la sociedad civil y el Estado, y se hizo énfasis en que es necesaria la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción pública para que algo cambie.   La oportunidad de cambiar la oferta  En síntesis, el problema prioritario no es cuánto Estado queremos, sino qué Estado queremos. Si el Estado que queremos es el que tenemos, un Estado hiperburocrático, ineficiente y corrupto, cualquiera sea su tamaño, ya sabemos cuál va a ser su costo: una Argentina vieja, encallada en sus problemas estructurales y con una miseria creciente. Tal como dijo uno de los participantes del simposio, así como se logró un pacto civilizatorio en Argentina en torno a mantener la democracia y el respeto de los derechos humanos, hoy casi 40 años después, estamos necesitando un nuevo pacto social civilizatorio en torno aun verdadero Estado de derecho. Por las circunstancias por las que atraviesa el país, hoy esto es una necesidad más impostergable que nunca.

   * Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford); Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres); Roger Calles (Economista de la UBA) y Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA de la UCEMA).  (1) Los contenidos del simposio están en el blog https://gquijote.blogspot.com/.   (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com