ARGENTINA Y
LA CRISIS GLOBAL DE 2009 - OPCIONES
I
- Crisis financiera y rebalanceo de la economía global
La
economía global, impulsada por políticas monetarias y fiscales pro-cíclicas en
EEUU, Japón y países emergentes como China e India ha inducido una tasa de
expansión récord en la posguerra y, ligado a ello, una estampida en el precio
de los commodities. El aumento del
crédito y la liquidez global – exacerbados por el elevado apalancamiento de
bancos de inversión - tuvieron un fuerte impacto positivo en el valor de activos
inmobiliarios y conllevaron un fuerte aumento del flujo de capitales hacia
países emergentes. Todo ello ocurrió a la luz de regulaciones y supervisión
insuficientes para limitar la inestabilidad potencial de los mercados de
capitales mientras los productos derivados quintuplicaron su volumen y la
propiedad duplicaba su valor en escasos 5 años. La percepción de aumento en la riqueza
financiera tuvo a su vez un fuerte impacto sobre el consumo global induciendo,
en el caso de EEUU, una tasa de ahorro negativo para las familias e importantes
déficits de su cuenta corriente externa. Dichos déficits eran financiados por
países superavitarios como China y los exportadores de commodities mientras el dólar se debilitaba frente a las demás
monedas duras.
La importante
corrección en el valor de los activos subyacentes de los instrumentos
colateralizados – principalmente las hipotecas que gravaban la propiedad – tuvo
un fuerte impacto sobre el valor de dichos instrumentos (que a su vez mantenían
– perversamente - elevadas calificaciones de las agencias de evaluación de
riesgo crediticio). Los optimistas confiaban que las tenencias de dichos
instrumentos estaban bien diversificadas en carteras de inversores y no
concentradas en entidades financieras. Sin embargo la realidad demostró que el
capital de varias entidades financieras quedó comprometido. Ello obligó a éstas
a volcar al mercado grandes cantidades de instrumentos colateralizados
deprimiendo aún más su precio. Los más recientes procesos de contagio en que
inversores no discriminaban adecuadamente la calidad de los activos de
diferentes entidades financieras y/o mercados terminó generando un pánico. En
particular, la virtual parálisis del crédito comercial e interbancario indujo
una fuerte contracción en los países industriales garantizando de hecho el
comienzo de una recesión en dichos países.
La
corrección en el precio de los activos – y su efecto multiplicador negativo
sobre el crédito (des-apalancamiento) – y la contracción de la riqueza
financiera pueden verse tanto como parte de un proceso de corrección de excesos
financieros como de un proceso de rebalanceo de la economía global. Ciertamente la corrección de
desequilibrios macroeconómicos y financieros tal vez podría haberse alcanzado
gradualmente a través de políticas monetarias, fiscales y regulatorias mejor
coordinadas y más anticíclicas. Pero por la magnitud de los ajustes que se
están dando en el sector inmobiliario y financiero, hoy la pregunta relevante
es como mitigar las consecuencias de un aterrizaje brusco y sobre todo cómo evitar que el mismo se traduzca en
una profunda recesión global. Ya
se ha producido una reacción más o menos coordinada de gobiernos de los países
desarrollados y algunos emergentes sentando algunos de lo principios de lo que
sería una red de salvataje de bancos y depositantes. Resta ver si el diseño de
la misma es efectivo o no y si se puede extender dicha coordinación a políticas
regulatorias y de supervisión, políticas monetarias y cambiarias y políticas
fiscales.
La
estrategia de salvataje financiero no debería perder de vista que la rebalanceo
de la economía global (boom de consumo insostenible) y la corrección de
desequilibrios externos (grandes déficits en EEUU y grandes superávits en China
y otros asiáticos así como en países exportadores de commodities) resulta deseable para la estabilidad global. En tal
sentido, no todos los efectos de la reciente crisis financiera son nocivos. Así
como es riesgoso caer en el abismo - en que el pánico genera un círculo vicioso
de desintermediación y deflación de activos, también lo es pretender perpetuar
una tasa de crecimiento a través
de políticas procíclicas que profundizan desequilibrios y alientan la inflación global.
La
estrategia de rescate bancario requiere coordinación de estrategias y políticas
de los tesoros y bancos centrales de países industrializados y de países
emergentes de peso (particularmente China). Los bancos centrales ya han tomado recaudos – ofreciendo
garantías y líneas de crédito - para mejorar la fluidez de los medios de pago,
el crédito comercial de corto plazo y el crédito interbancario. Los tesoros a
su vez han comprometido recursos fiscales para atender las situaciones de insolvencia
originadas en el desplome del precio de activos que constituyen el capital de
los bancos. Los bancos de inversión grandes de EEUU han sucumbido antes que la
red de salvataje comience a tomar forma – algunos bancos fueron liquidados,
otros absorbidos y otros se convirtieron en bancos comerciales. Los recursos fiscales han ido a
recapitalizar a las entidades financieras o bien – en el caso de EEUU - a
ofrecer garantías (parciales al menos) sobre los activos incobrables de los
bancos. La inyección de patrimonio
por los estados es en el primer caso a priori menor – precisamente porque el
capital de un banco tiene un efecto de apalancamiento sobre los activos del
mismo. Sin embargo, si los activos del banco se siguen deteriorando, la
inyección de capital puede aumentar convirtiéndose eventualmente en igual de
gravosa.
La
provisión de recursos fiscales para atender situaciones de insolvencia es
política y técnicamente compleja. Debe cuidar la equidad (evitando que los
contribuyentes terminen solventando a banqueros ricos) y evitar el riesgo moral
(si los que toman riesgos no afrontan las pérdidas se incentivan comportamientos
que no evaluarán adecuadamente los riesgos en el futuro). Para ello, los
tesoros han optado por tomar participaciones accionarias en las entidades
intervenidas o, en el caso de la compra de activos “tóxicos” proyectan fijar un
precio que permita recuperar el costo de inversión bajo mejores circunstancias
(el precio no puede ser ni tan bajo que no genere interés al banco en vender,
ni tan elevado que involucre una pérdida segura). Dicho precio – el de las
hipotecas y/o acciones de los bancos – debe (en teoría) distinguir entre el
descuento que implica la mala calidad del activo como resultado de una mala
gestión de riesgo y el descuento que el pánico y el contagio pueden generar.
También los países han aumentado los montos de depósito sujetos a garantía a
través de fondos de garantía (financiados con recursos de los propios bancos o
del estado mismo). En vista del carácter sistémico de la crisis, las acciones
coordinadas entre países son importantes para evitar el arbitraje regulatorio –
huída de capitales de los países con redes de salvaje más débiles a los otros.
Así
como las operaciones de salvataje son operaciones de emergencia, la salida
ordenada de la crisis y la recuperación de una senda de crecimiento sostenido
requiere dar señales convincentes sobre políticas consistentes y coordinadas a
aplicarse en el futuro:
i) Coordinación
de políticas macroeconómicas. En general sería deseable que los países
desarrollados adopten políticas monetarias y fiscales anticíclicas. Ello
reduciría la probabilidad que surjan nuevas “burbujas” en el valor de activos
(aumentos sistemáticos en los precios de activos independiente de la evolución
de los “fundamentales” de los mismos). Además sería positivo una mayor
coordinación para evitar desequilibrios externos. Políticas monetarias y
cambiarias más restrictivas en los países emergentes de Asia (por ejemplo, un
tipo de cambio más apreciado en China y más depreciado en EEUU y la UE)
permitiría suavizar el impacto recesivo en los países industrializados a la vez
que contribuiría a frenar el componente más dinámico que en el margen explicó
el aumento en el precio de los commodities.
ii)
Políticas regulatorias y de supervisión. La introducción de regulaciones y supervisión anticíclicas
debería considerarse seriamente. Por ejemplo, se podrían adoptar requerimientos de capital crecientes
(sean bancos comerciales o de inversión) en función de la evolución del precio
de un activo y/o del ciclo económico. Un esfuerzo importante debe efectuarse
también en materia de transparencia informativa, particularmente, en lo que
hace a las tenencias de instrumentos financieros – y sus riesgos intrínsecos –
por parte de entidades financieras como bancos e inversión y companías de
seguros. Como parte de dicho proceso de mejora de transparencia, también
debería mejorarse el marco regulatorio de las companías calificadoras de riesgo
(uno de los pilares de los excesos cometidos con los instrumentos de deuda
colateralizados con hipotecas).
En
cualquier caso, el desafío es lograr avanzar en las direcciones mencionadas sin
destruir los incentivos a la innovación financiera. No se debe perder de vista
que – más allá de los excesos que ha habido - dichas innovaciones han
contribuido y seguirán contribuyendo al aumento de la productividad y el
crecimiento del sector real de la economía. El desarrollo de los mercados de capital permiten hallar el
fondeo para sus inversiones al menor costo y permitiendo a las empresas
focalizarse en la gestión de los riesgos específicos del sector en que operan. Esa es la verdadera revolución de las
finanzas y sería un pecado mayor destruirla.
II
- Argentina antes y después de la crisis: ¿Ganador o Perdedor?
El PBI de Argentina aumentó cerca de un 50% entre 2001 y 2008. Ello es un aumento
notable – particularmente teniendo en cuenta la fuerte contracción ocurrida en
2002. A dicha performance contribuyeron, además de la situación inicial con
capacidad excedente debida al estancamiento de la economía entre 1998 y 2001,
los elevados precios de los commodities
ligados a su vez al fuerte crecimiento de la economía y la liquidez internacional.
Si bien al gobierno se le debe dar crédito por haber mantenido una caja fiscal
relativamente ordenada, las políticas fiscales, monetarias y cambiarias han
sido fuertemente pro-cíclicas.
Como
resultado de ello, la fuerte recuperación tuvo un precio elevado en términos de
inflación creciente – la misma pasó de menos de 5% a
comienzos de 2004 a 10,9% en 2006 y entre 25% y 30% a mediados de 2008. Y aún antes que la crisis
financiera internacional se declarara con toda su virulencia (tras la quiebra
del banco Lehman Brothers), ya la Argentina había comenzado un proceso de
enfriamiento debido a la elevada inflación, el elevado riesgo país, y la
creciente vulnerabilidad financiera del estado. Lo último se debía no tanto al
volumen relativo de la deuda como a las crecientes amortizaciones con pérdida de reputación en los mercados de capitales
del exterior y – más recientemente - locales.
Las
fuertes caídas en el
precio de los commodities, precedidas
por un aumento inusitado del gasto primario en años recientes, y ligadas al
enfriamiento de la economía global, sumadas al aumento de la aversión al riesgo
internacional comprometen aún más la viabilidad del modelo de desarrollo aplicado
desde 2002-2003. Dicho modelo estaba basado en capacidad productiva excedente,
caja equilibrada y elevados precios de exportación, condiciones que fueron
deteriorándose aún antes del último capítulo de la crisis financiera global. A
ellos se sumó, para elevar el riesgo país a niveles de default, el constante descuido del marco institucional, las reglas
de juego para los inversores en sectores denominados por el gobierno
“estratégicos”, y la autarquía financiera (a pesar de tardíos y vanos anuncios
de renegociar la deuda con el Club de París y los holdouts del canje de 2005). El desbarranque del riesgo país – con
el rendimiento de los bonos soberanos en dólares superando el 60% anual – se
potenció con el reciente anuncio de la estatización de los fondos de pensiones
que además privó a los mercados de capitales local de su principal agente
dinamizador. En la situación actual, es esperable una parálisis de la inversión
productiva - de considerable mayor magnituda a la observada en países vecinos
igualmente expuestos a las condiciones internacionales pero mejor posicionados
en lo aspectos institucionales y el clima de negocios en general.
i) La
situación a Agosto de 2008 – Algunas señales de corrección antes del estallido
de la crisis global.
El deterioro del
clima de negocios – particularmente durante la crisis del campo entre marzo y
julio 2008 - y la creciente vulnerabilidad fiscal y financiera del gobierno
aumentaron el riesgo país y con ello aumentó la probabilidad de un proceso de
estancamiento con inflación - “estanflación”. El riesgo, medido por el
diferencial entre el Boden 2015 y el Bono del Tesoro de EEUU de similares
plazos, rondaba en Agosto los 1100 puntos básicos – ello desalentaba las
actividades productivas y elevaba peligrosamente el servicio de deuda pública. El
riesgo soberano aumentó mucho más rápido que el de los países vecinos a partir
de 2007, en buena medida debido a la intervención del INDEC para subestimar la
inflación real. Pero también influyeron en dicho comportamiento los siguientes
factores: i) la falta de transparencia y previsibilidad de reglas de juego en
los sectores regulados (campo, infraestructura); ii) el excesivo poder del
Ejecutivo en cuestiones presupuestales (el
gasto público primario se incrementó 179% en términos nominales entre 2002 y
2007 frente a un aumento del IPC de 57%); iii) pro-ciclicidad monetaria-cambiaria (tipo de
cambio fuertemenete depreciado contra la canasta de monedas); iv) distorsiones de
precio crecientes en sectores de energía y transporte – con
restricciones de oferta y fuerte aumento de los subsidios públicos; y v) autarquía financiera evidenciada
en la falta de resolución de la deuda con el Club de Paris, los holdouts y el default implícito en los bonos ajustados por CER (ligado a la
intervención del INDEC) tras una innecesariamente prolongada e incompleta
renegociación de la deuda en default.
La situación se complica por las crecientes
necesidades de financiamiento del gobierno originadas en el explosivo aumento
de subsidios privados ($13.000 millones en la primera mitad de 2008 - también
jubilaciones, transferencias a las provincias e inversión), mayores
vencimientos de deuda (los mismos pasan de US$6.000 a US$10.000 millones
anuales a partir de 2009) y la creciente tasa de interés de mercado (así como al
step-up de tasas de interés negociado
en el canje de 2005). Pero lo que más agudiza el problema del financiamiento no
es tanto la magnitud de los vencimientos como el virtual racionamiento en los
mercados voluntarios de crédito.
En vista de la ocurrencia simultánea de alta
inflación – con el potencial impacto sobre la puja distributiva – y elevadas
necesidades de financiamiento, el gobierno había comenzado a tomar algunas
medidas que parecían traer cierta consistencia a la atención de la cuestión
inflacionaria y financiera del gobierno. Por ejemplo, la apreciación del tipo
de cambio (para contener la inflación), ajustes selectivos de tarifas (para
reducir subsidios), negociaciones salariales más restrictivas, recortes
presupuestarios (principalmente inversión y transferencias a las provincias) y
remisión al Congreso de temas conflictivos y complejos (retenciones al agro,
nacionalización de Aerolíneas Argentinas). También – con la intención de normalizar las relaciones con
los acreedores - se dieron señales en cuanto a una posible cancelación de deuda
con el Club de Paris y un acuerdo posible con los holdouts. La consistencia macroeconómica requería coordinar las
políticas fiscales y monetarias y – en paralelo - una gestión de deuda activa
que permita recuperar la confianza de los mercados de capitales (negociación
con Club de París y holdouts). Si
bien uno de los temas centrales de la incertidumbre institucional y
macroeconómica quedaba sin resolver – la normalización del INDEC - la
estrategia del gobierno parecía encaminada a resolver al menos algunos de los
problemas más acuciantes que afectaban la macroeconomía.
Sin embargo, el gobierno carecía de una visión y
una estrategia global orientada a resolver las cuestiones estructurales que
impactaban tanto sobre la macroeconomía como sobre el clima de negocios y por
ende la inversión y el crecimiento. Por ejemplo, en los sectores de
infraestructura el objetivo debería haber sido incentivar la inversión privada
y reducir la necesidad de subsidios e inversión pública a través de reglas de
juego claras para la inversión y una política tarifaria consistente. Ello
permitiría minimizar la necesidad de inversión pública y reorientar los
subsidios focalizándose en los sectores más necesitados contemplando la
adopción de una tarifa social destinada a los sectores de menores ingresos – la
economía de subsidios hubiese sido importante tanto en términos fiscales como
de equidad. Frente a este enfoque estructural con claro impacto fiscal
positivo, la alternativa de licuar el gasto público primario por la vía de la
inflación (más allá de la limitación impuesta por la reciente indexación de
jubilaciones) es socialmente regresivo y económicamente ineficiente.
Por el lado de los ingresos fiscales, teniendo
en cuenta que el país ya había alcanzado un record de recaudación (25% del PBI
en 2007) y que la economía se encontraba en una fase de desaceleración, no
parecía viable elevar significativamente la misma. Más bien, existía el riesgo
de una caída en la recaudación ante posibles nuevas caídas en el precio de los commodities – las retenciones al
comercio exterior representaban un 16,4% de la recaudación en la primera mitad
de 2008 y una caída del 25% en el precio de los commodities conduciría a una caída en la recaudación de 1% del PBI.
En todo caso, los mejoras en la recaudación podrían provenir de aumentos en la
eficiencia recaudatoria y una simplificación del esquema tributario - que a la
vez perfeccione los principios de eficiencia y equidad incluidos los del régimen
de coparticipación federal.
En cualquier caso, la dinámica del ajuste
requería la creación de un mayor espacio fiscal. Sin ello, el inevitable
endurecimiento de la política monetaria se traduciría en tasas de interés
insostenibles para los sectores productivos. Las mayores tasas contribuirían a
morigerar la huida del dinero y la
vez promover el ahorro financiero; a su vez estarían asociadas al proceso de
apreciación del tipo de cambio real que se observa en los procesos
desinflacionarios – cuanto mayor el espacio fiscal, menor el aumento de tasas y
menor la apreciación cambiaria. La apreciación es una parte integral de la
estrategia de estabilización por cuanto contribuye a reducir la demanda por
bienes domésticos; también permite compensar el impacto negativo sobre el
salario real de los necesarios ajustes de tarifas de servicios públicos.
Es importante notar, que si bien la apreciación
tiene un impacto sobre la competitividad, el país aún contaba con un tipo de
cambio real multilateral (TCRM) competitivo. Según el índice de TCRM publicado
por el BCRA, en el primer semestre de 2008 el mismo se hallaba un 11% más
depreciado que el promedio de 2006 (y un 125% más depreciado que el promedio
1991-2001). Corrigiendo el TCRM por el desvío entre la inflación real y la
oficial – estimando la brecha acumulada en 30% - el mismo estaba un 15% más apreciado que en 2006 pero aún un
73% más depreciado que el promedio 1991-2001. (El TCRM está afectado
negativamente por la reciente apreciación del dólar frente a las monedas de los
demás países con que Argentina comercia – discutido abajo).
La estrategia de estabilización podría haber
sido facilitada por la adopción de una política de metas de inflación gradualmente
decrecientes lo cual suponía en cualquier caso mayor flexibilidad del tipo de
cambio. Si bien la adopción de un tipo de cambio flotante podría facilitar una
desinflación rápida, acarreaba el riesgo de una apreciación real fuerte con
impacto negativo sobre el sector real de la economía. Hasta mediados de 2008 al
menos lo prudente parecía ser que el banco central interviniese induciendo una
tasa de depreciación nominal menor que la tasa de inflación contribuyendo a
suavizar el impacto sobre la apreciación real.
En
síntesis, antes de la agudización de la crisis financiera internacional (tras
la caída del Banco Lehman Brothers), el país había tomado algunas decisiones en
el sentido de atacar el problema inflacionario. No obstante, en ausencia de una
visión y estrategia coherente de mediano y largo plazo la prognósis no era
buena. La mejor opción era entonces una desaceleración gradual facilitada por
moderación fiscal y monetaria, reformas estructurales para recomponer el clima
de negocios (generando mayor confianza a la inversión) y permitir simultáneamente
atender los desequilibrios fiscales- particularmente los subsidios derivados de
la intervención del estado en la energía y el transporte. Reformas institucionales en áreas diversas
como INDEC y el régimen de coparticipación federal, las relaciones con
acreedores y en general el marco regulatorio de infraestructura y la eliminación
de impuestos distorsivos eran algunos de los elementos claves para mejorar el
clima de negocios.
Sin
embargo, ante la agudización de la crisis global, y agravado por algunas
decisiones domésticas, las condiciones de política económica cambiaron en forma
drástica en pocos meses.
ii)
Tras la crisis global, las condiciones externas e internas del país han
cambiado radicalmente.
En
la coyuntura actual, a los factores domésticos de contracción se suman los
factores globales - la fuerte caída de precios de commodities, la desaceleración y estrechez financiera global, y el
fortalecimiento del dólar internacionalmente (o su reverso, la devaluación de
las monedas de importantes vecinos comerciales como Chile y Brasil). En dicho contexto, existe margen para
repensar algunas de las políticas que tan sólo unos meses atrás se veían como
deseables.
Por
un lado, existe más necesidad que antes de avanzar con reformas estructurales
en los sectores de infraestructura. Ello incluye en particular reformas
estructurales para encarar en forma más agresiva el tema de los crecientes
subsidios y – crecientemente – el tema de los vencimientos de deuda
propiamente.
Por
otro lado, el aumento de la desconfianza y el enfriamiento brusco de la
inversión, reduce las presiones inflacionarias y exige un ajuste fiscal más
gradual y a una política monetaria menos restrictiva que en el escenario
anterior. Ello significa entre
otras cosas monitorear la situación competitiva cambiaria con los socios
regionales, cuidando a la vez la meta de una desinflación gradual. El margen
para expansión fiscal está fuertemente acotado por la ausencia de crédito. Tal vez la recesión sea
inevitable pero no es lo mismo dos trimestres de recesion moderada que 3 o 4
años de estanflación. genera una
Es en ese contexto que la crisis internacional,
lejos de aislar al país de las consecuencias de la misma, parece haber
castigado al país más que a los vecinos de la región igualmente afectados por
la fuerte caída en el precio de los commodities. En Septiembre y Octubre de 2008,
mientras el riesgo país de Argentina pasó de
a , el
riesgo país de Brasil pasó de
a , el de Chile de a y el de Uruguay de a . En dicho comportamiento influye, además
de la mala reputación en los mercados internacionales de capitales del país, la
fuerte dependencia del superávit primario en las retenciones a la exportaciones
(que ante la caída del precio internacional de commodities puede ocasionar caídas en la recaudación de entre 1 y
2% del PBI); y – más recientemente - la expropiación por el Estado de los
activos previsionales y los derechos a seguir administrando los mismos por los
fondos de pensiones privados. En el trasfondo está también la aún irresuelta
crisis energética y los ingentes recursos del estado necesarios para subsidiar la producción de energía y el
transporte público.
iii)
Agenda Compartida de Crecimiento
Más allá de la eficiencia, consistencia y/o
efectividad de dichas medidas, sería deseable que el gobierno encare más
sistemáticamente una estrategia consistente de estabilización y una estrategia
para mejorar el clima de inversión que vuelva a generar expectativas de
crecimiento sostenido. Esto permitiría reducir el costo del capital y estimular
la inversión y de ese modo contrarrestar los factores de enfriamiento
inherentes a la estabilización. Las medidas aisladas actuales no constituyen
una masa crítica ni generan señales suficientes para revertir la tendencia del
riesgo soberano.
Conjuntamente con
el plan de estabilización, el gobierno debería anunciar los principales
elementos de una agenda de crecimiento – ello permitiría compensar con más
inversión los efectos de corto plazo del plan de estabilización.
En primer lugar,
los procesos de inversión y crecimiento sostenido van usualmente acompañados de
procesos de integración económica y comercial. A la vez están asociados a
iniciativas y políticas de innovación y de desregulación. En el caso particular
de los sectores de infraestructura, un marco regulatorio transparente,
pro-competitivo y predecible contribuiría a reducir las necesidades fiscales, a
promover inversión en sectores críticos para el crecimiento sostenido, y a
mejorar la eficiencia de los servicios.
En segundo lugar,
el crecimiento sostenido requiere mercados de factores (capital y trabajo)
eficientes y una estrategia para mejorar la igualdad de oportunidades. La
eficiencia y profundidad de los mercados financieros exige regulaciones
prudenciales, un ente regulador independiente, y un marco de supervisión que
confieran estabilidad, seguridad jurídica y transparencia a los mercados. La
flexibilidad en el mercado laboral, acompañada de regímenes de protección
social mixtos - que a la vez aseguren la protección universal y los incentivos
a aportar a regímenes contributivos - pueden contribuir a la movilidad laboral,
al empleo formal y a elevar los retornos a la educación. La estrategia de
inclusión y protección social debería considerar: programas integrados de
salud, educación y vivienda; asistencia universal a través de transferencias
condicionadas; programa de erradicación de pobreza extrema (siguiendo los
ejemplos de los programas en Chile, Brasil y Méjico).
En tercer lugar,
una agenda de crecimiento – especialmente en la Argentina - debería considerar
mejoras al clima institucional. Esto último podría incluir las sigueintes
áreas: otorgamiento de mayor autonomía y eficiacia a la justicia, organismos
independientes y entes reguladores; mejorar la capacidad para evaluar
políticas, programas de gasto, funcionarios e instituciones; y considerar
planes para mejorar la eficiencia y equidad en las relaciones
inter-provinciales.
(1)
El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Fue economista
líder del Banco Mundial y gerente de análisis financiero del BCRA.
