Argentina – Cuando consensuar políticas se vuelve una necesidad.

Daniel Oks (1)

La divisoria ideologica que dividen las opiniones en el país no está exenta de racionalidad según la importancia que se le asignen a determinados indicadores económicos y sociales. Por ejemplo, el objetivo del empleo es para muchos el principal objetivo macroeconómico no sólo por su contribución al crecimiento y el consumo sino principalmente por su significación social. Para otros, la eficiencia microeconómica e institucional son la base para la inversión y el crecimiento y como tales son los objetivos más importantes (en parte porque indirectamente contribuyen al empleo).

En la coyuntura actual, sin embargo, dicha supuesta dicotomía pierde relevancia en la medida que las posibilidades de seguir generando empleo sin mejorar el clima de inversión se reducen. El espacio fiscal y monetario para generar empleo a través de políticas keynesianas es cada vez más limitado. La presión tributaria y el atraso cambiario inducido por las políticas expansivas y – en forma inconsistente - el cepo cambiario desincentivan la inversión. El gasto público y su financiamiento monetario se traducen - cada vez más rápido - en inflación. Por ello, con independencia del objetivo económico y social que se priorice, existe una mayor necesidad de recrear condiciones para la inversión.

¿Cuáles son las condiciones iniciales? El objetivo social de un alto nivel de empleo y baja tasa de desempleo se ha logrado; algunos fundamentos macroeconómicos (particularmente hasta 2007) se han cuidado más que en otros ciclos de expansión – a saber, el nivel de endeudamiento público, el nivel de reservas (aunque están cerca de alcanzar un nivel crítico) y el balance comercial. Por otro lado, sobre todo desde 2008 en adelante, se han descuidado los equilibrios fiscales y monetarios así como un conjunto de variables microeconómicas e institucionales que han impactado negativamente sobre la inversión. Por ejemplo: la falta de transparencia y corrupción; la alta presión tributaria e impuestos distorsivos como ganancias y las retenciones al agro; los precios relativos regulados que priorizan la importación sobre producción doméstica (energía) o desincentivan a sectores eficientes (agropecuario); la intervención del INDEC conducente a la sistemática subestimación de la inflación; la insuficiente inversión pública en áreas críticas de infraestructura (saneamiento, transporte); el proteccionismo incipiente ligado al cepo cambiario; y el incumplimiento de compromisos internacionales (cuasi-confiscación de YPF y Aerolíneas, holdouts, Club de Paris, dictámenes del CIADI).

Las dificultades para seguir progresando en las metas socio-económicas del Gobierno en el contexto estanflacionario actual pone en cuestión la validez de la estrategia macroeconómica del Gobierno – lo que a su vez compromete las metas sociales. La misma tiende a exacerbar la inestabilidad macroeconómica debido a la profundización de distorsiones de precios relativos (tarifas de empresas infraestructura, atraso cambiario) y los desequilibrios monetarios (huída del peso e inflación). La creciente brecha del mercado de cambios paralelo sobre el oficial a su vez alimenta las expectatvas inflacionarias y la profundización de distorsiones aumenta el riesgo de que la inflación reprimida se dispare. En este contexto, la equidad también se halla comprometida debido al: carácter regresivo del impuesto inflacionario, el potencial atraso de salarios y mínimos no imponibles frente a un salto inflacionario. Por otro lado, la mala regulación en sectores de infraestructura da cuenta del magro nivel de inversión, el deterioro del balance comercial energético y el aumento del costo logístico - que a su vez limita el potencial de exportaciones.  El atraso cambiario – frente al dólar el peso está a niveles cercanos al 2001,  y las monedas regionales se han depreciado más rápido en términos reales desde 2007  - conspira contra la producción doméstica y la sostenibilidad del empleo.

En la actualidad, el Gobierno enfrentará dificultades para profundizar las mejoras sociales si no adopta un plan que revalorice la importancia de la inversión. Dicho plan puede beneficiarse de algunos logros del Gobierno actual, principalmente, el relativamente bajo nivel de endeudamiento. El plan requiere consensos mínimos entre el Gobierno y la Oposición y permitiría salir del proceso estanflacionario con políticas gradualistas en las siguientes áreas:

i)              Normalización del acceso a los mercados internacionales de capital (resolución de los holdouts, Club de Paris, normalización del INDEC); ello permitirá abaratar el costo del financiamiento y acceder a líneas para importantes obras de infraestructura en las áreas de saneamiento, energía y transporte.

ii)             Reemplazo del cepo cambiario por un régimen de flotación administrada; ello contribuirá a mejorar la competitividad del sector transable y a liberar el acceso a insumos industriales críticos.

iii)           Adopción de un plan fiscal y monetario consistente incluyendo:   adopción de metas de inflación; racionalización del gasto público reduciendo subsidios (3% del PBI); reducción de las desgravaciones impositivas regionales (Tierra del Fuego cuesta 0,5% del PBI); mejora del gobierno corporativo de empresas públicas (Aerolíneas Argentinas pierde 0,5% del PBI e YPF no logra financiar su plan de inversiones); mayor correspondencia entre transferencias fiscales y responsabilidades de las provincias ); y ajuste por inflación de los balances de las empresas y de los mínimos no imponibles de los trabajadores.

iv)           Mejora del clima de inversión incluyendo acciones contra la corrupción, la reformulación de los marcos regulatorios en los sectores de energía, transporte y financiero. La reducción gradual de subsidios a productores del sector transporte y energía puede ir acompañada con la introducción de subsidios a los consumidores de menores recursos.

v)             Vigorosa reinserción del país en el comercio global incluyendo nuevos acuerdos regionales y reglas claras para la inversión incluyendo el sector minero y desregulación de sectores protegidos como el automotriz, electrodomésticos y laboratorios (productos ostensiblemente más caros que en los países vecinos).

vi)           Adopción de un plan integrado de reducción de la pobreza combinando la dimension de asistencia con metas de educacion, salud y vivienda; ello requiere institucionalizar la asistencia a través de transferencias condicionadas.

(1) El autor es Licenciado en Economía de la UBA y Doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Se desempeñó como economista del Banco Mundial en América Latina y Europa del Este. Esta nota de opinión está basada en un artículo más amplio publicado en el blog Danielokseconomia.blogspot.com