Argentina – Economía
de transición.
En la
última década, el objetivo social de una baja tasa de desempleo se ha logrado; y
algunos fundamentos macroeconómicos - al menos hasta 2007 - se han cuidado más
que en otros ciclos de expansión – el balance fiscal, el nivel de endeudamiento
público, el nivel de reservas y el balance comercial. De 2008 en adelante, sin
embargo, se ha descuidado el equilibrio fiscal y monetario y se ha conspirado
sistemáticamente contra el clima de inversión a través de: actos de corrupción; impuestos distorsivos; precios regulados que priorizan la importación sobre producción
doméstica (energía) o desincentivan a sectores eficientes (agropecuario); la
intervención del INDEC (subestimación de la inflación y la pobreza y
sobreestimación del crecimiento); proteccionismo exacerbado por el cepo
cambiario; y el incumplimiento de compromisos internacionales
(cuasi-confiscación de YPF y Aerolíneas, holdouts, Club de Paris, dictámenes
del CIADI).
Las dificultades
para seguir progresando en el alcance de las metas socio-económicas en el
contexto estanflacionario actual pone en cuestión la validez de la estrategia macroeconómica
oficial. La misma tiende
a exacerbar la inestabilidad macroeconómica debido a la profundización de distorsiones
de precios relativos (tarifas) y los desequilibrios monetarios (huída del peso e inflación). La elevada brecha del mercado de
cambios paralelo sobre el oficial a su vez alimenta expectatvas inflacionarias
y la profundización de distorsiones aumenta el riesgo de inflación reprimida.
En este contexto, la equidad también se halla comprometida debido al carácter
regresivo del impuesto inflacionario. Por otro lado, la mala regulación en
sectores de infraestructura da cuenta del magro nivel de inversión en energía,
transporte y saneamiento; el deterioro del balance comercial energético y el
aumento del costo logístico. El
atraso cambiario conspira contra la producción doméstica y el empleo.
Tras las
PASO de Agosto, y ante el riesgo de una pérdida de gobernabilidad después de
las elecciones legislativas de Octubre, existe más que nunca la necesidad de
adoptar un plan de consensos mínimos entre el gobierno y las diversos sectores
de oposición. En líneas generales, dicho plan debería aspirar a erradicar el proceso
estanflacionario actual apelando a políticas fiscales y monetarias gradualistas
y – sobre todo – a restituir un clima de inversión favorable. Los elementos
centrales de dicho plan podrían ser:
i)
Normalización
del acceso a los mercados internacionales de capital (resolución de los holdouts, Club de Paris, normalización
del INDEC); ello permitirá abaratar el costo del financiamiento y acceder a
líneas para importantes obras de infraestructura en las áreas de saneamiento,
energía y transporte.
ii)
Reemplazo
del cepo cambiario por un régimen de flotación administrada; ello contribuirá a
mejorar la competitividad del sector transable y a liberar el acceso a insumos
industriales críticos.
iii)
Anuncio
de un plan fiscal y monetario consistente incluyendo: adopción de metas de inflación; racionalización
del gasto público reduciendo subsidios (3% del PBI); reducción de las
desgravaciones impositivas regionales (Tierra del Fuego cuesta 0,5% del PBI);
mejora del gobierno corporativo de empresas públicas (Aerolíneas Argentinas
pierde 0,5% del PBI e YPF no logra financiar su plan de inversiones); mayor correspondencia
entre transferencias fiscales y responsabilidades de las provincias; y ajuste
por inflación de los balances de las empresas y de los mínimos no imponibles de
los trabajadores.
iv)
Acciones
firmes contra la corrupción y reformulación de los marcos regulatorios en los
sectores de energía, transporte y financiero. Simplificación y transparencia de procesos administrativos y
judiciales en todos los niveles de gobierno. Racionalización de la estructura
tributaria: reduciendo la carga tributaria sobre los trabajadores y PYMES;
asegurando mayor consistencia entre los gravámenese municipales, provinciales y
nacionales.
v)
Vigorosa
reinserción del país en el comercio global incluyendo nuevos acuerdos
regionales y reglas claras para la inversión incluyendo el sector minero y
desregulación de sectores protegidos como el automotriz, electrodomésticos y
laboratorios (productos ostensiblemente más caros que en los países vecinos).
vi)
Adopción
de un plan integrado de reducción de la pobreza combinando la dimension de
asistencia con metas de educacion, salud y vivienda; ello requiere institucionalizar
la asistencia a través de transferencias condicionadas.
Este
conjunto de medidas permitira restituir la razonabilidad macroeconómica y
materializar mejoras en el clima de inversión; los mismos son la base para
retornar a un regimen de crecimiento sostenido con mejoras profundas en indicadores
sociales como el empleo privado y la pobreza. El Gobierno debe internalizar el rédito
político de este tipo de medidas por la posibilidad de mejorar condiciones para
sostener políticas sociales. La oposición debe entender que ello contribuirá a mejorar
las condiciones inciales desu eventual gestión.
