Argentina – Economía de transición.

Argentina – Economía de transición.

En la última década, el objetivo social de una baja tasa de desempleo se ha logrado; y algunos fundamentos macroeconómicos - al menos hasta 2007 - se han cuidado más que en otros ciclos de expansión – el balance fiscal, el nivel de endeudamiento público, el nivel de reservas y el balance comercial. De 2008 en adelante, sin embargo, se ha descuidado el equilibrio fiscal y monetario y se ha conspirado sistemáticamente contra el clima de inversión a través de: actos de corrupción; impuestos distorsivos; precios regulados que priorizan la importación sobre producción doméstica (energía) o desincentivan a sectores eficientes (agropecuario); la intervención del INDEC (subestimación de la inflación y la pobreza y sobreestimación del crecimiento); proteccionismo exacerbado por el cepo cambiario; y el incumplimiento de compromisos internacionales (cuasi-confiscación de YPF y Aerolíneas, holdouts, Club de Paris, dictámenes del CIADI).

Las dificultades para seguir progresando en el alcance de las metas socio-económicas en el contexto estanflacionario actual pone en cuestión la validez de la estrategia macroeconómica oficial. La misma tiende a exacerbar la inestabilidad macroeconómica debido a la profundización de distorsiones de precios relativos (tarifas) y los desequilibrios monetarios (huída del peso e inflación). La elevada brecha del mercado de cambios paralelo sobre el oficial a su vez alimenta expectatvas inflacionarias y la profundización de distorsiones aumenta el riesgo de inflación reprimida. En este contexto, la equidad también se halla comprometida debido al carácter regresivo del impuesto inflacionario. Por otro lado, la mala regulación en sectores de infraestructura da cuenta del magro nivel de inversión en energía, transporte y saneamiento; el deterioro del balance comercial energético y el aumento del costo logístico.  El atraso cambiario conspira contra la producción doméstica y el empleo.

Tras las PASO de Agosto, y ante el riesgo de una pérdida de gobernabilidad después de las elecciones legislativas de Octubre, existe más que nunca la necesidad de adoptar un plan de consensos mínimos entre el gobierno y las diversos sectores de oposición. En líneas generales, dicho plan debería aspirar a erradicar el proceso estanflacionario actual apelando a políticas fiscales y monetarias gradualistas y – sobre todo – a restituir un clima de inversión favorable. Los elementos centrales de dicho plan podrían ser:

i)              Normalización del acceso a los mercados internacionales de capital (resolución de los holdouts, Club de Paris, normalización del INDEC); ello permitirá abaratar el costo del financiamiento y acceder a líneas para importantes obras de infraestructura en las áreas de saneamiento, energía y transporte.

ii)             Reemplazo del cepo cambiario por un régimen de flotación administrada; ello contribuirá a mejorar la competitividad del sector transable y a liberar el acceso a insumos industriales críticos.

iii)           Anuncio de un plan fiscal y monetario consistente incluyendo:   adopción de metas de inflación; racionalización del gasto público reduciendo subsidios (3% del PBI); reducción de las desgravaciones impositivas regionales (Tierra del Fuego cuesta 0,5% del PBI); mejora del gobierno corporativo de empresas públicas (Aerolíneas Argentinas pierde 0,5% del PBI e YPF no logra financiar su plan de inversiones); mayor correspondencia entre transferencias fiscales y responsabilidades de las provincias; y ajuste por inflación de los balances de las empresas y de los mínimos no imponibles de los trabajadores.

iv)           Acciones firmes contra la corrupción y reformulación de los marcos regulatorios en los sectores de energía, transporte y financiero.  Simplificación y transparencia de procesos administrativos y judiciales en todos los niveles de gobierno. Racionalización de la estructura tributaria: reduciendo la carga tributaria sobre los trabajadores y PYMES; asegurando mayor consistencia entre los gravámenese municipales, provinciales y nacionales.

v)             Vigorosa reinserción del país en el comercio global incluyendo nuevos acuerdos regionales y reglas claras para la inversión incluyendo el sector minero y desregulación de sectores protegidos como el automotriz, electrodomésticos y laboratorios (productos ostensiblemente más caros que en los países vecinos).

vi)           Adopción de un plan integrado de reducción de la pobreza combinando la dimension de asistencia con metas de educacion, salud y vivienda; ello requiere institucionalizar la asistencia a través de transferencias condicionadas.

Este conjunto de medidas permitira restituir la razonabilidad macroeconómica y materializar mejoras en el clima de inversión; los mismos son la base para retornar a un regimen de crecimiento sostenido con mejoras profundas en indicadores sociales como el empleo privado y la pobreza. El Gobierno debe internalizar el rédito político de este tipo de medidas por la posibilidad de mejorar condiciones para sostener políticas sociales. La oposición debe entender que ello contribuirá a mejorar las condiciones inciales desu eventual gestión.