El gobierno propuso un programa de reducción de inflación
basado en una contracción rápida de la emisión monetaria (de 40% a 20%
interanual el primer año)
y una transición hacia un regimen de metas de inflación a partir de Septiembre
(una vez que esté operativo el Nuevo Índice de Precios del INDEC). El programa
está acompañado de un plan gradual de reducción de desequilibrios fiscales e
importantes correcciones de precios relativos incluyendo tarifas y tipo de
cambio tras la eliminación del cepo al mercado cambiario.
Durante los primeros meses del programa, los cambios de
precios relativos han conllevado importantes saltos de los índices de precios. Ante los aumentos
de tarifas y tipo de cambio los demás precios parecen haber subido más allá de lo que la incidencia en el
costo de los aumentos iniciales hubiera permitido suponer. Ello en conjunción
con la restricción monetaria ha conducido a una contracción económica en los
primeros meses de 2016. Esto es atribuible a la incertidumbre que genera la
política monetaria y el proceso de búsqueda de un nuevo conjunto de precios
relativos de equilibrio. El proceso de búsqueda de dichos precios relativos de
equilibrio se ve afectado por al menos 3 factores: i) la inflexibilidad
descendente de precios y salarios nominales (cuestiones institucionales e
ideosincráticas); ii) asimetrías de expectativas respecto a la política
monetaria y fiscal (por ejemplo, si se convalidarán o no los aumentos de
precios con mayor emission, o si la política fiscal sera consistente con la
política monetaria); y iii) la posición
dominante o regulada de sectores no expuestos (al menos en el corto
plazo) a la competencia de las importaciones – por ejemplo, cadenas de
supermercados (que tienen posición dominante en la distribución y
comercialización), usinas lácteas, laboratorios medicinales, empresas
siderúrgicas, las empresas electrónicas en Tierra del Fuego (altamente
protegidas) y las empresas de energía y combustibles entre otros.
La inflexibilidad descendente de los precios implica que los
ajustes de precios relativos debe necesariamente conducer a un proceso de
aumento del nivel general de precios (ello sin embargo no implica inflación en
la medida que la inflación es un proceso de aumentos de precios
recurrente). La heterogeneidad de
expectativas sobre el curso de la política monetaria es crítica pues implica
que algunas empresas o sectores aumentarán sus precios más que otros por
motivos ajenos al sector. Por ejemplo, si las empresas esperan una expansion
monetaria mayor a la que el banco central planea, aumentarán sus precios en
exceso. Al no estar convalidados dichos aumentos por la autoridad monetaria,
los empresas no logran vender lo planeado y terminan aumentando inventarios,
aumentando la capacidad ociosa y despidiendo personal. Los sindicatos a su vez
demandan ajustes salariales conmensurables con los aumentos de precios elevando
potencialmente el desempleo. La consecuencia es un aumento inicial de la
inflación seguida de recesión y desempleo.
El tercer factor que alimenta la incertidumbre en el proceso
de búsqueda de los nuevos precios relativos de equilibrio es la estructura de
los mercados. Los sectores donde hay más competencia se disciplinan rápido y
terminan acomodando sus precios relativos rápido. Ante la incertidumbre, estos
no tardan en corregir sus ajustes excesivos de precios al comprobar que la
demanda esperada no se materializa – la alternativa es quedar fuera del
mercado. La prudencia lleva a estas empresas a no sobre ajustar por temor a ser
desplazados por la competencia. En cambio los sectores oligopólicos, que tienen
la capacidad de fijar precios pueden evitar el error de quedar afuera del
mercado. A lo sumo, si el precio que fijan es muy alto perderán ventas pero no sucumben
ante la competencia - dada su posición dominante. En el extremo si enfrentan
demandas altamente inelásticas su oferta puede no variar mucho. Mientras
persiste la incertidumbre, las empresas oligopólicas pueden mejorar su precio relative
frente a las empresas de mercados con mayor competencia. En la medida que haya bienes sustitutivos
entre ambas, los consumidores reducirán su incertidumbre comprando a la empresa
oligopólica pues el precio a que vende es más cierto o seguro. Así, el proceso de búsqueda de nuevos precios
relativos de equilibrio permite mayor discrecionalidad a los sectores
concentrados lo que a su vez rigidiza el proceso desinflacionario.
Similarmente, los sindicatos fuertes verán sus salarios mejorar en relación a
los salarios de sectores con menores niveles de sindicalización o con mayor
competencia de informales – en este caso los trabajadores no sindicalizados
generan más competencia y los sindicatos en dichos sectores disminuyen sus
demandas para reducir el riesgo que sus afiliados pierdan el trabajo.
Qué puede hacer el gobierno?
La inflexibilidad descendente de los precios nominales es
difícil de influenciar pero el gobierno puede contribuir a ello exacerbando la
flexibilidad del tipo de cambio o ligando el naturalmente flexible precio
internacional de los commodities con
los precios domésticos regulados que tienen un alto component de dichos precios
(por ejemplo combustibles). Dicho comportamiento flexible de los precios puede
ayudar a disminuir la fals percepción de que los precios nominales no pueden
descender. Similarmente se podrían eliminar restricciones institucionales a la
flexibilidad descendente de salarios nominales y tarifas.
La asimetría de expectativas respecto a la política
monetaria es un factor común en todos los procesos desinflacionarios. Ahí el
rol del gobierno es coordinar expectativas para lo cual primero debe establecer
credibilidad de su propia política. Ello requiere por lo general un proceso
transparente de reducción de emisión monetaria avalado por un programa fiscal
que limite las demandas de emisión para financiar al gobierno. Este programa se
debe comunicar a empresas y sindicatos indicando la secuencia de desinflación y
contracción de la expansion monetaria prevista. Los problemas de credibilidad
pueden provenir de una mala comunicación o de la mala reputación del banco
central o de la consistencia de la política monetaria con la política fiscal. El
éxito del programa depende de que empresas y sindicatos incorporen esas pautas
en su política de precios salarios. Para
ello serían útiles políticas de concertación que condicionen algunas políticas
de promoción a la coordinación de expectativas y revision de precios y salarios
basados en dichas pautas macroeconómicas.
El rol del gobierno como autoridad de defensa de la
competencia debería intensificarse en el contexto de procesos
desinflacionarios. Para ello debería perseguir una política más activa de
identificación de conductas monopólicas y de regulación de dichos sectores ante
cambios radicales de precios relativos. Ello puede involucrar: obtención de
indicadores de concentración en forma sistemática a través de las cámaras
empresariales, la AFIP y los entes reguladores; presentación de información
contable relevante más frecuente; apertura selectiva de la importación más
rápida de sectores que abusan su posición de mercado.
En síntesis, un programa creíble de reducción de inflación
en combinación con una política anti-monopólica debería permitir desinflación
sin recesión. Si empresas, trabajadores y gobierno coordinan sus expectativas
sobre inflación y acuerdan revisiones de precios y salarios consistente con
dicha meta sería posible acomodar cambios de precios relativos y una transición
no recesiva hacia una meta más baja de inflación. Para coordinar expectativas
entre empresarios y gobierno el banco central podría preanunciar su tasa de
emisión y la Secretaría de Hacienda anunciar un plan creíble de ajuste fiscal a mediano plazo consistente con dicha meta. Si
el plan fiscal no es convincente el programa monetario tampoco lo será. Es
fundamental también asegurar la coordinación y-o sincronización de expectativas
entre todos os demás sectores. Para ello el Gobierno podría gestionar
compromisos tanto con sindicatos como con empresarios para repartir el esfuerzo
o sacrificio que cada uno debe hacer para alcanzar la nueva meta de inflación.
En particular la defensa de la competencia – si bien es una política
estructural más que coyuntural – debería ser aplicada con particular rigor con
penalidades regulatorias tal como se aplicarían en casos normales de posición
dominante.
