Desinflación, ajuste fiscal y coordinación de expectativas.

El gobierno propone un programa de reducción de inflación basado en una reducción rápida de la emisión monetaria (aproximadamente de 40% a 20%) y una transición hacia un regimen de metas de inflación a partir de Septiembre (una vez que esté operativo el Nuevo Índice de Precios del INDEC). El programa está acompañado de un plan gradual de reducción de desequilibrios fiscales e importantes correcciones de precios relativos incluyendo tarifas y tipo de cambio tras la eliminación del cepo.

Durante los primeros meses del programa, los cambios de precios relativos han conllevado importantes saltos de la inflación mensual. Ante los aumentos de tarifas y tipo de cambio los demás precios no sólo no descendieron (lo que debería haber ocurrido para una cantidad fija de dinero circulando) sino que subieron – a menudo más allá de la incidencia en el costo de los precios que inicialmente se ajustaron. Dicho comportamiento fue alentado por expectativas de que la autoridad monetaria iba a convalidar los aumentos con mayor emisión, cosa que no ocurrió finalmente. Los aumentos de precios fueron particularmente fuertes en sectores con estructuras oligopólicas capaces de fijar aumentos de precios en base a sus posiciones dominantes.

Al no convalidar la expansion monetaria los aumentos de precios, los empresas no lograron vender lo planeado y terminaron aumentando inventarios y despidiendo personal. Los sindicalistas observaron los ajustes de precios y demandan ajustes salariales conmensurables – en la medida que los salarios aumentan, reducen aún más la demanda de trabajo y sube el desempleo. La consecuencia – además de una inflación elevada – es la caída de ingresos reales (en la carrera de precios y salarios los precios suelen ir más rápido, y los sectores atomizados a expensas de los sectores oligopólicos) y recesión.

Dejando de lado situaciones monopólicas, el principal factor causal de esta situación es la ‘’asimetría de expectativas de inflación-emisión”entre empresarios, sindicalistas y el gobierno. Los empresarios no le creen al gobierno que el déficit fiscal y la emisión monetaria se contraerán y entonces remarcan precios pensando que  los mismos serán acomodados por la política monetaria. Eso deja fuera del mercado a empresas y trabajadores. ¿A qué se debe la asimetría de expectativas?

El gobierno tiene una triple responsabilidad. Primero, por no comunicar a empresas y sindicatos en forma creíble la secuencia de desinflación y contracción de la expansion monetaria prevista. Los problemas de credibilidad pueden provenir de una mala comunicación o una herencia muy pesada (mala reputación) de un banco central que casi sistemáticamente ha emitido en exceso y por encima de la pauta de inflación. Segundo, por la potencial inconsistencia entre la política fiscal y monetaria. Una pauta de inflación descendente debe ir acompañada de una política fiscal que vaya reduciendo las necesidades de financiamiento del Tesoro. De otro modo, el banco central debe absorber liquidez emitiendo deuda que tiende a crecer explosivamente con la acumulación de intereses. Y tercero, por no perseguir activamente una política anti-monopolio en defensa de la competencia y el bienestar de los consumidores – particularmente en una fase donde la incertidumbre de precios puede llevar a confusion entre ajustes por traslado de aumento de costos con abuso de posición monopólica.

Un programa creíble de reducción de inflación en combinación con una política anti-monopólica debería permitir desinflación sin recesión. Si empresas, trabajadores y gobierno coordinan sus expectativas sobre inflación y acuerdan revisiones de precios y salarios consistente con dicha meta sería posible acomodar cambios de precios relativos y una transición no recesiva hacia una meta más baja de inflación. Para coordinar expectativas entre empresarios y gobierno el banco central debería preanunciar su tasa de emisión y la Secretaría de Hacienda debería anunciar un plan creíble de ajuste fiscal consistente con dicha meta. Si el plan fiscal no es convincente el programa monetario tampoco lo sera. Es fundamental también asegurar la coordinación y-o sincronización de expectativas entre los demás sectores. Para ello el Gobierno podría gestionar compromisos tanto con sindicatos como con empresarios para repartir el esfuerzo o sacrificio que cada uno debe hacer para alcanzar la nueva meta de inflación. En particular la defensa de la competencia – si bien es una política estructural más que coyuntural – debería ser aplicada con particular rigor con penalidades regulatorias tal como se aplicarían en casos normales de posición dominante.