Convergencia fiscal y recuperación
del crecimiento - Racconto e Ideas para salir mas rapido del ajuste.
Julio 2018
Una suma de factores – domésticos y externos - puso fin a 2
años y medio de gradualismo fiscal y seis trimestres de recuperación económica.
El financiamiento externo del elevado déficit público tuvo un final abrupto
impulsado por la huida hacia la calidad de inversores internacionales ante la
mayor incertidumbre externa y dudas sobre la convergencia fiscal del plan
gradualista. Las dudas se agravaron por el impacto de la abultada oferta de
dólares (originados en el financiamiento externo del gobierno) sobre el atraso
cambiario, la salida de capitales y el consecuente deterioro de la cuenta corriente
externa (más de 5% del PBI). Los
déficit gemelos finalmente precipitaron la virtual interrupción de financiamiento
externo tanto del gobierno como del sector privado. Ello dio lugar a fuertes
subas de las tasas de interés
domésticas y una caída del peso. Los ajustes de tarifas del primer cuatrimestre
sumados a la devaluación del peso impactaron sobre la inflación del segundo
trimestre dando cuenta de la contracción de salarios reales, la reducción del gasto
público no indexado y la licuación de las deudas en pesos. La contracción resultante
de la demanda agregada sumada a la contracción de la oferta debido al aumento
en el costo financiero del capital de trabajo posiblemente lleven a una
contracción del PBI en los próximos trimestres.
En dicho contexto se negoció un programa Stand By con el FMI
por el cual se asegura financiamiento de US$50.000 millones a ser desembolsados
en los próximos 3 años contra condicionalidad que exige un programa para
alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2 años y un programa monetario
consistente con inflación de un dígito en 2021. El programa monetario restringe
la expansión de base monetaria a la acumulación de reservas - no habiendo más financiamiento
al gobierno. El programa requiere avanzar con: el plan de reducción de
subsidios, la reducción del empleo público, restricciones al plan de obras
públicas y transferencias discrecionales a las provincias; todos estos temas deberían
ser abordados en el Presupuesto 2019. El saneamiento del balance del BCRA
mediante el rescate del bono intransferible emitido por la administración
anterior y el rescate gradual de las LEBACS y reemplazo parcial por bonos de
plazos mayores contribuirá a reducir la inestabilidad financiera. Más allá del
efecto licuación de deuda en pesos y gasto público no indexado por la mayor
inflación (la expectativa de inflación pasó de 20 por ciento a 30 por ciento),
el programa fiscal se complica por: la indexación de las jubilaciones a la
inflación del año anterior, subsidios dolarizados, y el mayor peso del servicio
de la deuda pública (debido a la devaluación). Existen además los riesgos
externos incluyendo el recalentamiento de la economía de EEUU con la
consiguiente suba de tasas de interés, el riesgo de guerra comercial entre EEUU
y China, y la incertidumbre económica
o política de Brasil y la Unión Europea.
Cuál es la lógica del plan económico del Gobierno para
recuperar una senda de crecimiento sostenido? El programa fiscal y el programa
de acumulación de reservas del BCRA es consistente con el mantenimiento de un
tipo de cambio real competitivo – más allá del objetivo declarado de mantener
un tipo de cambio flotante. El tipo de cambio elevado contribuirá a un aumento
de las exportaciones netas permitiendo – eventualmente - morigerar el impacto
negativo en la producción de bienes domésticos por efecto de la caída del
consumo y la inversión. También se anticipa una mejora sustancial en la balanza
de servicios de turismo con una significativa caída del turismo y de compras de
argentinos en el exterior y una mejora del turismo interno. Otros factores de
mercado que podrían contribuir a la recuperación son: una buena cosecha (en
contraposición con las millonarias pérdidas de la última cosecha) y la baja del
costo de construcción medido en dólares (que crea condiciones para el lanzamiento
de nuevos proyectos y el descenso de los precios de la propiedad en dólares). El
tipo de cambio depreciado funciona al igual que la política de tasas de interés
elevadas a inducir un aumento del ahorro privado (en pesos) lo que contribuye a
reducir el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Eventualmente,
el ahorro doméstico permitirá una recuperación de la inversión sin
financiamiento externo. La pre-condición para la recuperación económica es la
consolidación de la estabilidad financiera. El balance fiscal más equilibrado,
que entre otras cosas es consistente con un tipo de cambio real más competitivo
y una mejora de la cuenta corriente externa, es la clave para la estabilidad
financiera. La credibilidad del programa fiscal es así crucial para permitir el
descenso de las elevadas tasas de interés y la recuperación de la afectada
cadena de pagos. A su vez la baja de tasas - facilitada también por la política
anti-inflacionaria - permitirá estimular la oferta y la demanda mediante el
menor costo del capital de trabajo y una mejora del consumo. La baja de tasas e
inflación es una condición para la recuperación de los salarios reales y para
que el mercado de crédito se reactive con un efecto multiplicador sobre la
demanda agregada.
Más allá de la dinámica proyectada del plan económico, el
gobierno ha encarado una serie de medidas para una recuperación temprana de la
actividad:
Entre ellas
está. El gobierno contempla además las siguientes reformas (incorporadas en la
Carta Intención al FMI):
i)
Reapertura
de Paritarias.
Ante el visible deterioro del salario real, el gobierno ordenó una
recomposición automática del 5% de los salarios al margen de la posibilidad de reapertura
de paritarias durante el segundo semestre (la cláusula gatillo de otro modo
recién se habilitaría en 2019).
ii)
Ley
de Financiamiento Productivo. Apunta
a desarrollar el financiamiento para PYMES mediante facturas electrónicas y la
simplificación del régimen de obligaciones negociables. También se elimina la doble imposición
para fondos cerrados de inversión productiva y en bienes raíces. Y se aumenta
la transparencia en los mercados de capitales y el poder de regular y sancionar
de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
iii)
Crédito para capital de trabajo a tasa
subsidiada. El reciente
lanzamiento de esta línea a una tasa del 29%desde los bancos públicos por $26.000
millones está orientada sobre todo a las PYMES.
iv)
Ley de Defensa de la Competencia. Adhiere a las mejores prácticas
internacionales para desincentivar la colusión y fortalecer la independencia,
transparencia, eficiencia y predictibilidad de la defensa de la competencia. Se
crea una autoridad independiente, la Autoridad Nacional de la Competencia
(ANC), con poderes suficientes para adoptar sus propias decisiones, controlar
su presupuesto y funcionar ajena a las interferencias políticas. La nueva Ley
incluye un programa de indulgencia con el propósito de facilitar la
detección, persecución y sanción de los carteles. La ley prevé
la creación de un tribunal especializado (el Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia) para la revisión
judicial de las decisiones de la ANC.
v)
Reforma del Estado. El Congreso aprobó recientemente una ley
para remover regulaciones inútiles y normas costosas. Entre otras, la ley
permite la creación simplificada de empresas, permite la digitalización de
los libros de contabilidad, simplifica el proceso de otorgamiento de patentes,
vuelve más expeditivo el establecimiento de los puertos, unifica el control
del tráfico aéreo, remueve restricciones al transporte terrestre de
mercadería y a la circulación de maquinaria agrícola y remueve barreras al
acceso a servicios financieros. La ley también permite el uso de expedientes
digitales y de firma electrónica en todos los niveles del gobierno nacional. Al
margen de ello el gobierno central planea la reducción del plantel de empleados
mediante la suspensión de nuevas contrataciones y retiros voluntarios.
vi)
Fortalecimiento de la Asistencia Social. El FMI acordó relajar la restricción fiscal
hasta 0,2% del PBI en caso que el proceso de ajuste genere un mayor deterioro
de una serie de indicadores sociales.
Las
siguientes medidas y-o políticas podrían – en forma complementaria - ayudar a mitigar
los efectos contractivos y el costo social del proceso de ajuste. Algunas de
estas medidas tienen un costo fiscal que el Gobierno tendrá que evaluar en
función del balance fiscal global y el costo-beneficio económico y social de
cada medida.
a) Sector Financiero.
1.
Reglamentación y puesta en vigencia inmediata de
la Ley de Financiamiento Productivo. En particular, los fondos comunes de
inversión cerrados podrían ser una valiosa opción de financiamiento para
emprendimientos inmobiliarios y la factura electrónica podría dinamizar y
abaratar el financiamiento del capital de trabajo de las PYMES.
2.
Exigir a los bancos asignar un porcentaje mínimo
de su capacidad prestable a PYMES. El privilegio regulatorio de recibir
depósitos no remunerados debería tener como correlato la exigencia de
contribuir al financiamiento productivo. Alternativamente, se podría incentivar
el crédito a PYMES mediante un encaje diferencial.
3.
Adopción de regulación bancaria anti-cíclica: menores
provisiones y afectación de capital en la fase baja del ciclo económico. Esto
contribuiría a que el crédito privado compense (al menos parcialmente) los
efectos contractivos del ajuste en curso.
4.
Estímulos impositivos a las obligaciones
negociables y-o fondos de inversión especializados en sectores productivos con
externalidades para la economía. Por ejemplo, en sectores que contribuyen a
mejorar el medio ambiente o que invierten en el desarrollo de tecnologías
innovadoras. Dado que no existe o es muy bajo este tipo de financiamiento, el beneficio impositivo por el crédito
adicional superaría al costo fiscal ligado al stock inicia de crédito.
5.
Líneas bancarias de financiamiento de
inversiones en UVA a mediano plazo para PYMES. Para mitigar el descalce de
plazos con los depósitos en UVA se propone la creación de un fondo de garantía
de refinanciación (riesgo de no renovación de depósitos). La garantía de
refinanciación podría ser provista por Sociedades de Garantía Recíproca o por
el Gobierno.
6.
Líneas de crédito para inversiones a largo plazo
en UVA fondeadas por la Corporación Financiera del Banco Mundial y-o del BID.
El riesgo cambiario (en caso que la devaluación futura supere a la inflación
futura) podría ser cubierto en los mercados de futuros y opciones.
7.
Acelerar medidas para estandarizar hipotecas en
UVA y promover reformas para la securitización de las mismas permitiendo así a
los bancos calzar mejor los plazos de activos y pasivos. Para fomentar la demanda
de hipotecas securitizadas se debería revisar los regímenes regulatorios de las
companías de seguro y otros inversores institucionales permitiendo computar
dichos instrumentos como parte del capital exigible.
8.
Promover la utilización del coeficiente de
ajuste UVA en los contratos de alquiler y-o compra-venta de propiedades –
incluyendo la fijación de precios de propiedades en UVA. Dada la raíz cultural
bimonetaria de los argentinos ello requiere una campaña informativa explicando
los beneficios de fijar precios en UVA – mayor estabilidad de los precios en
relación al poder de compra de los adquirentes – así como incentivos
económicos. La fijación de precios
de inmuebles en UVA permitirá independizar (en buena medida) el ciclo de precios
de la propiedad de la evolución cambiaria.
9.
Para evitar resentir la cadena de pagos el
Gobierno debería dar fiel cumplimiento a los compromisos de pago con sus
proveedores.
b)
Reformas tributarias, laborales y de jubilaciones
1.
Restablecimiento del ajuste por inflación para
las nuevas inversiones, en una primera etapa, focalizando en las PYMES; con
inflación del 30% una inversión que amortiza en 5 años reduce el importe real
deducible un 61% Suponiendo una utilidad antes de deducir inversiones del mismo
monto que la inversión, esto implica un impuesto a las ganancias 15% más elevado
que el que se pagaría si hubiera ajuste por inflación. El costo fiscal será
acotado por cuanto impactará solamente sobre las nuevas inversiones y puede
ayudar a reactivar en forma permanente la inversión.
2.
Reglamentar el régimen que permite la devolución
anticipada del IVA crédito para las inversiones.
3.
Extensión del régimen de trabajo temporario con
aportes mínimos y sin costo de indemnización en la actual fase contractiva del
ciclo económico.t
4.
La propuesta de blanqueo laboral debería ir
acompañada de una reducción de aportes patronales más rápida que la prevista en
la reforma tributaria. De otro modo el blanqueo elimina un riesgo pero se vuelve
gravoso acto seguido.
5.
Considerar la sustitución gradual del régimen indemnizatorio
actual por un seguro de desempleo (cubierto en parte por las empresas). Esto
agilizaría la movilidad laboral y reduciría el riesgo de contratación mejorando
la demanda de trabajo.
6.
Revisión del régimen de jubilaciones de
privilegio, extensión de la edad de retiro y equiparación de los regímenes
jubilatorios de hombre y mujeres.
7.
Creación de un régimen legal especial para
regular los juicios laborales con el objetivo de disminuir la litigiosidad laboral.
c)
Regímenes regulatorios
1.
Adopción de un régimen de aprobaciones
transparente y eficiente para nuevas inversiones a nivel municipal, provincial
y nacional. A tal efecto resulta importante la creación de plataformas
digitales abiertas e interactivas y la fijación de plazos máximos de aprobación.
Se podría habilitar un sistema de información para denuncias anónimas de
corrupción.
2.
Estrategia global de lucha contra la corrupción
mediante: DDJJ obligatorias a sindicalistas, jueces y fiscales, diputados y
senadores; asegurar la independencia de la Oficina de Anti-Corrupción; agilizar
el sistema judicial de procesamiento y expedición de dictámenes y sentencias.
3.
Agilizar recuperación de activos de la
corrupción a través de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Los
activos recuperados deberían atender programas de protección social a los
sectores más vulnerables.
4.
Reasignación del gasto público reduciendo gastos
de administración mediante informatización y tecnología y aumentando el gasto
en los sectores sociales con planes integrales de reinserción social y
económica incluyendo las principales dimensiones de pobreza (formalización,
salud, educación, vivienda, entrenamiento laboral).
5.
Revisión del alcance y efectividad de la tarifa
social extendiéndolo a todos los sectores más vulnerables. Ello debería ir
acompañado de una revisión integral de la política tarifaria evitando las
asimetrías observadas en pequeñas empresas y segmentos de la clase media
afectada.
6.
Revisión de las tarifas de energía reguladas teniendo
en cuenta mejoras de productividad.
d) Fortalecimiento de la Competencia.
1.
Creación de un sitio digital estatal para
reducir los costos de intermediación en la cadena de valor que produce
productos de la canasta básica. Allí podrían participar como oferentes pequeños
proveedores y PYMES. El gobierno podría privilegiar el acceso a esta red a los
sectores más vulnerables y a la vez proveer la infraestructura física y
logística para el buen funcionamiento de este mercado.
2.
Urgente fortalecimiento institucional y fondeo
de la Agencia Nacional de Competencia extremando su independencia y priorizando
su accionar sobre los sectores concentrados que más impactan sobre la canasta
familiar – por ejemplo, sector alimentos, productos y atención medicinal,
servicios de infraestructura.
En el camino existen riesgos, tanto internos como externos.
Entre los domésticos, además del posible bloqueo en el Congreso de reformas
centrales para el cumplimiento de las metas fiscales, existe el riesgo que la
demanda de pesos no se recomponga y que para esterilizar la emisión monetaria
originada en acumulación de reservas el BCRA deba mantener tasas de interés
elevadas - lo cual a su vez podría conspirar contra la recuperación económica. Entre
los externos están los riesgos de una guerra comercial entre EEUU y China,
nuevos aumentos de las tasas de interés en EEUU, una nueva crisis del Euro
originada en Italia, una desaceleración de la economía china, etc. El tipo de
cambio flotante en dichos contextos podría brindar un cierto confort pero no de
podría descartar en dichos casos que se resienta o postergue el proceso de
recuperación económica.
