Convergencia y Crecimiento - 2018

Convergencia fiscal y recuperación del crecimiento - Racconto e Ideas para salir mas rapido del ajuste.  

Julio 2018

Una suma de factores – domésticos y externos - puso fin a 2 años y medio de gradualismo fiscal y seis trimestres de recuperación económica. El financiamiento externo del elevado déficit público tuvo un final abrupto impulsado por la huida hacia la calidad de inversores internacionales ante la mayor incertidumbre externa y dudas sobre la convergencia fiscal del plan gradualista. Las dudas se agravaron por el impacto de la abultada oferta de dólares (originados en el financiamiento externo del gobierno) sobre el atraso cambiario, la salida de capitales y el consecuente deterioro de la cuenta corriente externa (más de 5% del PBI).  Los déficit gemelos finalmente precipitaron la virtual interrupción de financiamiento externo tanto del gobierno como del sector privado. Ello dio lugar a fuertes subas  de las tasas de interés domésticas y una caída del peso. Los ajustes de tarifas del primer cuatrimestre sumados a la devaluación del peso impactaron sobre la inflación del segundo trimestre dando cuenta de la contracción de salarios reales, la reducción del gasto público no indexado y la licuación de las deudas en pesos. La contracción resultante de la demanda agregada sumada a la contracción de la oferta debido al aumento en el costo financiero del capital de trabajo posiblemente lleven a una contracción del PBI en los próximos trimestres.

En dicho contexto se negoció un programa Stand By con el FMI por el cual se asegura financiamiento de US$50.000 millones a ser desembolsados en los próximos 3 años contra condicionalidad que exige un programa para alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2 años y un programa monetario consistente con inflación de un dígito en 2021. El programa monetario restringe la expansión de base monetaria a la acumulación de reservas - no habiendo más financiamiento al gobierno. El programa requiere avanzar con: el plan de reducción de subsidios, la reducción del empleo público, restricciones al plan de obras públicas y transferencias discrecionales a las provincias; todos estos temas deberían ser abordados en el Presupuesto 2019. El saneamiento del balance del BCRA mediante el rescate del bono intransferible emitido por la administración anterior y el rescate gradual de las LEBACS y reemplazo parcial por bonos de plazos mayores contribuirá a reducir la inestabilidad financiera. Más allá del efecto licuación de deuda en pesos y gasto público no indexado por la mayor inflación (la expectativa de inflación pasó de 20 por ciento a 30 por ciento), el programa fiscal se complica por: la indexación de las jubilaciones a la inflación del año anterior, subsidios dolarizados, y el mayor peso del servicio de la deuda pública (debido a la devaluación). Existen además los riesgos externos incluyendo el recalentamiento de la economía de EEUU con la consiguiente suba de tasas de interés, el riesgo de guerra comercial entre EEUU y China,  y la incertidumbre económica o política de Brasil y la Unión Europea. 

Cuál es la lógica del plan económico del Gobierno para recuperar una senda de crecimiento sostenido? El programa fiscal y el programa de acumulación de reservas del BCRA es consistente con el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo – más allá del objetivo declarado de mantener un tipo de cambio flotante. El tipo de cambio elevado contribuirá a un aumento de las exportaciones netas permitiendo – eventualmente - morigerar el impacto negativo en la producción de bienes domésticos por efecto de la caída del consumo y la inversión. También se anticipa una mejora sustancial en la balanza de servicios de turismo con una significativa caída del turismo y de compras de argentinos en el exterior y una mejora del turismo interno. Otros factores de mercado que podrían contribuir a la recuperación son: una buena cosecha (en contraposición con las millonarias pérdidas de la última cosecha) y la baja del costo de construcción medido en dólares (que crea condiciones para el lanzamiento de nuevos proyectos y el descenso de los precios de la propiedad en dólares). El tipo de cambio depreciado funciona al igual que la política de tasas de interés elevadas a inducir un aumento del ahorro privado (en pesos) lo que contribuye a reducir el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Eventualmente, el ahorro doméstico permitirá una recuperación de la inversión sin financiamiento externo. La pre-condición para la recuperación económica es la consolidación de la estabilidad financiera. El balance fiscal más equilibrado, que entre otras cosas es consistente con un tipo de cambio real más competitivo y una mejora de la cuenta corriente externa, es la clave para la estabilidad financiera. La credibilidad del programa fiscal es así crucial para permitir el descenso de las elevadas tasas de interés y la recuperación de la afectada cadena de pagos. A su vez la baja de tasas - facilitada también por la política anti-inflacionaria - permitirá estimular la oferta y la demanda mediante el menor costo del capital de trabajo y una mejora del consumo. La baja de tasas e inflación es una condición para la recuperación de los salarios reales y para que el mercado de crédito se reactive con un efecto multiplicador sobre la demanda agregada.

Más allá de la dinámica proyectada del plan económico, el gobierno ha encarado una serie de medidas para una recuperación temprana de la actividad:

 Entre ellas está. El gobierno contempla además las siguientes reformas (incorporadas en la Carta Intención al FMI):

i)              Reapertura de Paritarias. Ante el visible deterioro del salario real, el gobierno ordenó una recomposición automática del 5% de los salarios al margen de la posibilidad de reapertura de paritarias durante el segundo semestre (la cláusula gatillo de otro modo recién se habilitaría en 2019).

ii)             Ley de Financiamiento Productivo. Apunta a desarrollar el financiamiento para PYMES mediante facturas electrónicas y la simplificación del régimen de obligaciones negociables.  También se elimina la doble imposición para fondos cerrados de inversión productiva y en bienes raíces. Y se aumenta la transparencia en los mercados de capitales y el poder de regular y sancionar de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

iii)           Crédito para capital de trabajo a tasa subsidiada. El reciente lanzamiento de esta línea a una tasa del 29%desde los bancos públicos por $26.000 millones está orientada sobre todo a las PYMES.

iv)           Ley de Defensa de la Competencia. Adhiere a las mejores prácticas internacionales para desincentivar la colusión y fortalecer la independencia, transparencia, eficiencia y predictibilidad de la defensa de la competencia. Se crea una autoridad independiente, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), con poderes suficientes para adoptar sus propias decisiones, controlar su presupuesto y funcionar ajena a las interferencias políticas. La nueva Ley incluye un programa de indulgencia con el propósito de facilitar la detección, persecución y sanción de los carteles. La ley prevé la creación de un tribunal especializado (el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia) para  la revisión judicial de las decisiones de la ANC.

v)             Reforma del Estado. El Congreso aprobó recientemente una ley para remover regulaciones inútiles y normas costosas. Entre otras, la ley permite la creación simplificada de empresas, permite la digitalización de los libros de contabilidad, simplifica el proceso de otorgamiento de patentes, vuelve más expeditivo el establecimiento de los puertos, unifica el control del tráfico aéreo, remueve restricciones al transporte terrestre de mercadería y a la circulación de maquinaria agrícola y remueve barreras al acceso a servicios financieros. La ley también permite el uso de expedientes digitales y de firma electrónica en todos los niveles del gobierno nacional. Al margen de ello el gobierno central planea la reducción del plantel de empleados mediante la suspensión de nuevas contrataciones y retiros voluntarios.

vi)           Fortalecimiento de la Asistencia Social. El FMI acordó relajar la restricción fiscal hasta 0,2% del PBI en caso que el proceso de ajuste genere un mayor deterioro de una serie de indicadores sociales. 

Las siguientes medidas y-o políticas podrían – en forma complementaria - ayudar a mitigar los efectos contractivos y el costo social del proceso de ajuste. Algunas de estas medidas tienen un costo fiscal que el Gobierno tendrá que evaluar en función del balance fiscal global y el costo-beneficio económico y social de cada medida.  

a) Sector Financiero.

1.     

Reglamentación y puesta en vigencia inmediata de la Ley de Financiamiento Productivo. En particular, los fondos comunes de inversión cerrados podrían ser una valiosa opción de financiamiento para emprendimientos inmobiliarios y la factura electrónica podría dinamizar y abaratar el financiamiento del capital de trabajo de las PYMES.

2.     Exigir a los bancos asignar un porcentaje mínimo de su capacidad prestable a PYMES. El privilegio regulatorio de recibir depósitos no remunerados debería tener como correlato la exigencia de contribuir al financiamiento productivo. Alternativamente, se podría incentivar el crédito a PYMES mediante un encaje diferencial.

3.     Adopción de regulación bancaria anti-cíclica: menores provisiones y afectación de capital en la fase baja del ciclo económico. Esto contribuiría a que el crédito privado compense (al menos parcialmente) los efectos contractivos del ajuste en curso.

4.     Estímulos impositivos a las obligaciones negociables y-o fondos de inversión especializados en sectores productivos con externalidades para la economía. Por ejemplo, en sectores que contribuyen a mejorar el medio ambiente o que invierten en el desarrollo de tecnologías innovadoras. Dado que no existe o es muy bajo este tipo de financiamiento,  el beneficio impositivo por el crédito adicional superaría al costo fiscal ligado al stock inicia de crédito.

5.     Líneas bancarias de financiamiento de inversiones en UVA a mediano plazo para PYMES. Para mitigar el descalce de plazos con los depósitos en UVA se propone la creación de un fondo de garantía de refinanciación (riesgo de no renovación de depósitos). La garantía de refinanciación podría ser provista por Sociedades de Garantía Recíproca o por el Gobierno.

6.     Líneas de crédito para inversiones a largo plazo en UVA fondeadas por la Corporación Financiera del Banco Mundial y-o del BID. El riesgo cambiario (en caso que la devaluación futura supere a la inflación futura) podría ser cubierto en los mercados de futuros y opciones.

7.     Acelerar medidas para estandarizar hipotecas en UVA y promover reformas para la securitización de las mismas permitiendo así a los bancos calzar mejor los plazos de activos y pasivos. Para fomentar la demanda de hipotecas securitizadas se debería revisar los regímenes regulatorios de las companías de seguro y otros inversores institucionales permitiendo computar dichos instrumentos como parte del capital exigible.

8.     Promover la utilización del coeficiente de ajuste UVA en los contratos de alquiler y-o compra-venta de propiedades – incluyendo la fijación de precios de propiedades en UVA. Dada la raíz cultural bimonetaria de los argentinos ello requiere una campaña informativa explicando los beneficios de fijar precios en UVA – mayor estabilidad de los precios en relación al poder de compra de los adquirentes – así como incentivos económicos.  La fijación de precios de inmuebles en UVA permitirá independizar (en buena medida) el ciclo de precios de la propiedad de la evolución cambiaria.

9.     Para evitar resentir la cadena de pagos el Gobierno debería dar fiel cumplimiento a los compromisos de pago con sus proveedores.

b) Reformas tributarias, laborales y de jubilaciones

1.     Restablecimiento del ajuste por inflación para las nuevas inversiones, en una primera etapa, focalizando en las PYMES; con inflación del 30% una inversión que amortiza en 5 años reduce el importe real deducible un 61% Suponiendo una utilidad antes de deducir inversiones del mismo monto que la inversión, esto implica un impuesto a las ganancias 15% más elevado que el que se pagaría si hubiera ajuste por inflación. El costo fiscal será acotado por cuanto impactará solamente sobre las nuevas inversiones y puede ayudar a reactivar en forma permanente la inversión.

2.     Reglamentar el régimen que permite la devolución anticipada del IVA crédito para las inversiones.

3.     Extensión del régimen de trabajo temporario con aportes mínimos y sin costo de indemnización en la actual fase contractiva del ciclo económico.t

4.     La propuesta de blanqueo laboral debería ir acompañada de una reducción de aportes patronales más rápida que la prevista en la reforma tributaria. De otro modo el blanqueo elimina un riesgo pero se vuelve gravoso acto seguido.

5.     Considerar la sustitución gradual del régimen indemnizatorio actual por un seguro de desempleo (cubierto en parte por las empresas). Esto agilizaría la movilidad laboral y reduciría el riesgo de contratación mejorando la demanda de trabajo.

6.     Revisión del régimen de jubilaciones de privilegio, extensión de la edad de retiro y equiparación de los regímenes jubilatorios de hombre y mujeres.

7.     Creación de un régimen legal especial para regular los juicios laborales con el objetivo de disminuir la litigiosidad laboral.

c) Regímenes regulatorios

1.     Adopción de un régimen de aprobaciones transparente y eficiente para nuevas inversiones a nivel municipal, provincial y nacional. A tal efecto resulta importante la creación de plataformas digitales abiertas e interactivas y la fijación de plazos máximos de aprobación. Se podría habilitar un sistema de información para denuncias anónimas de corrupción.

2.     Estrategia global de lucha contra la corrupción mediante: DDJJ obligatorias a sindicalistas, jueces y fiscales, diputados y senadores; asegurar la independencia de la Oficina de Anti-Corrupción; agilizar el sistema judicial de procesamiento y expedición de dictámenes y sentencias.

3.     Agilizar recuperación de activos de la corrupción a través de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Los activos recuperados deberían atender programas de protección social a los sectores más vulnerables.

4.     Reasignación del gasto público reduciendo gastos de administración mediante informatización y tecnología y aumentando el gasto en los sectores sociales con planes integrales de reinserción social y económica incluyendo las principales dimensiones de pobreza (formalización, salud, educación, vivienda, entrenamiento laboral).

5.     Revisión del alcance y efectividad de la tarifa social extendiéndolo a todos los sectores más vulnerables. Ello debería ir acompañado de una revisión integral de la política tarifaria evitando las asimetrías observadas en pequeñas empresas y segmentos de la clase media afectada.

6.     Revisión de las tarifas de energía reguladas teniendo en cuenta mejoras de productividad.

d) Fortalecimiento de la Competencia.

1.     Creación de un sitio digital estatal para reducir los costos de intermediación en la cadena de valor que produce productos de la canasta básica. Allí podrían participar como oferentes pequeños proveedores y PYMES. El gobierno podría privilegiar el acceso a esta red a los sectores más vulnerables y a la vez proveer la infraestructura física y logística para el buen funcionamiento de este mercado.

2.     Urgente fortalecimiento institucional y fondeo de la Agencia Nacional de Competencia extremando su independencia y priorizando su accionar sobre los sectores concentrados que más impactan sobre la canasta familiar – por ejemplo, sector alimentos, productos y atención medicinal, servicios de infraestructura.

En el camino existen riesgos, tanto internos como externos. Entre los domésticos, además del posible bloqueo en el Congreso de reformas centrales para el cumplimiento de las metas fiscales, existe el riesgo que la demanda de pesos no se recomponga y que para esterilizar la emisión monetaria originada en acumulación de reservas el BCRA deba mantener tasas de interés elevadas - lo cual a su vez podría conspirar contra la recuperación económica. Entre los externos están los riesgos de una guerra comercial entre EEUU y China, nuevos aumentos de las tasas de interés en EEUU, una nueva crisis del Euro originada en Italia, una desaceleración de la economía china, etc. El tipo de cambio flotante en dichos contextos podría brindar un cierto confort pero no de podría descartar en dichos casos que se resienta o postergue el proceso de recuperación económica.