viernes, 24 de abril de 2020

Documento de un grupo de empresarios

Coronavirus en la Argentina: el virus de la corrupción y el virus de la pandemia

Un grupo de empresarios y profesionales advierte sobre el costo de la corrupción y la necesidad de información transparente. Las enseñanzas de un seminario.

29/03/2020 - 23:00
Aunque quede fuera de lugar hablar de corrupción durante una pandemia, un grupo de profesionales y empresarios sin filiación política y con trayectorias diversas en compañías privadas, tercer sector y organismos multilaterales; decidió comunicar las conclusiones de un seminario interdisciplinario. Realizado en la Universidad Di Tella, se propuso medir la magnitud del costo social y económico de la corrupción en la Argentina.
Decidieron darlo a conocer convencidos que, una vez superada la pandemia, vendrán tiempos de reconstrucción. “Ojalá que esta unidad que se está consiguiendo en la lucha contra el coronavirus nos aporte enseñanzas para la lucha contra la plaga de la corrupción, que hace mucho llevamos en el cuerpo, que nos arruina la vida, que nos mata y que, al haberla naturalizado, somos incapaces de vislumbrar cómo sería una vida sin ella. De haberla combatido decididamente con anterioridad a la pandemia es muy probable que se hubieran mitigado sus efectos y el costo de reconstrucción. Esperemos que esta crisis permita elaborar consensos básicos que alumbren políticas de estado que den viabilidad a un país que peligrosamente se acerca a ser inviable”.
Ese grupo está constituido por Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres), Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA del CEMA), Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford) y Roger Calles (Economista de la UBA).
Diego Serebrennik
Diego Serebrennik
“Puede asociarse la corrupción a un virus, mucho más dañino, más oculto y más difícil de erradicar y que ha arruinado a lo largo del tiempo muchísimas más vidas que el coronavirus en lo que va de esta pandemia”, señalaron en un documento.
En el simposio de carácter cerrado, participaron expertos de distintos países y de varias instituciones. “Había una atención especial en el ambiente: se dejaba exponer sin interrupciones, se interrogaba con una mente abierta, con la conciencia de que se estaba tratando de un tema importante que nos afecta a todos y a las generaciones venideras”, describieron.
Roger Calles
Roger Calles
“Dejando de lado las métricas de la corrupción, una de las conclusiones más relevantes del simposio consistió en señalar el carácter sistémico de la corrupción dentro del Estado argentino. Los expertos internacionales asistentes puntualizaron que este tipo de corrupción suele estar ligada a intereses de grupos de poder en cuasi-privatizaciones del Estado. Esta suele consistir por ejemplo en mega transferencias de riqueza cuando se decide licuar la deuda en pesos; dar información privilegiada con anticipación a una devaluación; otorgar créditos subsidiados, exenciones impositivas, subsidios, protección selectiva a sectores privilegiados; reguladores que responden a carteles de empresas; intercambio de favores; etc”.
De paso, resaltaron las consecuencias de esas políticas que deben ser tomadas en cuenta para evitarlas en plena pandemia. “La mala asignación de recursos, un Estado que parece ser más una carga que una entidad que da servicios a la sociedad (descuidando la provisión de la salud, la seguridad, la educación, la justicia y la moneda), la convalidación de la informalidad como modo de supervivencia de las empresas y con todo ello, la sumisión de buena parte de la sociedad en la pobreza estructural, siendo estos últimos los más afectados en sus derechos humanos”.
Pablo Madanes
Pablo Madanes
Así mencionan a la corrupción sistémica como la Gran Corrupción, “la cual es muy difícil de medir y que, más allá de la legalidad o no de sus actos, actúa incidiendo en la definición de políticas, leyes y asignación de recursos para el interés de sus propios actores. En tal sentido, la lucha contra la corrupción es una lucha de Poder, indicando a su vez que, si no la ponemos en ese marco, va a ser muy difícil entender cómo funciona y cómo combatirla. No se puede comprender la clave de la corrupción sin entender el rol de los empresarios, de los sindicatos, del poder judicial, de los políticos y los funcionarios en general”.
De esta manera resaltaron que para combatir la corrupción es necesario buscar nuevas formas de participación ciudadana,"haciendo que la democracia sea algo más que un plebiscito para elegir a quienes nos gobiernan”. Y señalaron que para lograr la participación de la sociedad civil, es fundamental que la información del estado sea abierta y transparente, siendo necesario “pasar de una cultura cerrada y confidencial a una cultura de apertura”.
Daniel Oks
Daniel Oks
El documento con las conclusiones culmina con un llamado a construir un nuevo pacto civilizatorio en la lucha “contra un estado ineficiente y su corrupción sistémica”.
EL SIMPOSIO
ORGANIZADO POR EL GRUPO QUIJOTE Sin entidad jurídica, es un grupo de amigos que se ha unido con el objetivo de aportar un grano de arena a la reducción de la corrupción en Argentina. Está conformado por profesionales y empresarios sin afiliación política y con trayectorias diversas en el ámbito de empresas privadas, tercer sector, economía y entes multilaterales. Está constituido por: Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres), Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA del CEMA), Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford) y Roger Calles (Economista de la UBA).
OBJETIVO DEL SIMPOSIO Contribuir a la comprensión por parte de la sociedad de la magnitud del costo social y económico de la corrupción en la Argentina mediante una discusión sobre diferentes metodologías para la medición de la corrupción y distintos modelos para evaluar sus efectos económicos. Con el fin de enfocar la discusión, se centro la temática al sistema de contrataciones de obras públicas. A su vez, con el objetivo de ampliar el acercamiento al problema, el simposio tuvo un enfoque interdisciplinario.
REALIZADO El 26 de septiembre del 2019 en la UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA , contó con el auspicio de PODER CIUDADANO y FUNDACIÓN BANCO CIUDAD El simposio no estuvo abierto al publico PARTICIPANTES · Diego Martínez (Abogado - UBA) – Consultor en políticas anticorrupción y compliance – Ex Jefe de Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad.
· · Vicente Monteverde (Economista - Universidad de Morón) - Director del Instituto de Investigaciones Económicas en Universidad de Morón – Autor de “Economía de la corrupción -Costos de la Corrupción en Argentina”.
· · Federico Camio (Economista - UADE) – Autor de “Los costos económicos de la corrupción. Una medición para la Argentina”.
· · Sebastián Sal (Abogado - UBA) - Coordinador del Área Latinoamericana del “International Association of Anti-Corruption Authorities”.
· · Paul Lagunes –Profesor de la Columbia University’s School of International and Public Affairs - Co-editor del libro “Greed, Corruption, and the Modern State” - Autor de “Guardianes de la rendición de cuentas: Un experimento de campo sobre la corrupción y la ineficiencia en las obras públicas locales en Perú”.
· · Sebastián Pilo (Abogado UBA) – Co-director de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
· · Silvana Kostenbaum (Licenciada en Ciencias Políticas – UBA) Especialista en sector público del Banco Mundial.
· · Diomedes Berroa (Abogado) - Especialista en adquisiciones del Banco Mundial · · Roberto Martínez Kukutschka (B.A. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, CIDE, México). Coordinador de Investigación y Conocimiento en Transparency International.
· Daniel Oks (Economista – Universidad de Oxford) – Ex líder economista del Banco Mundial · · Erica Pedruzzi (Abogada - Universidad de Belgrano) - Directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés.
o · Natalia Volosin (Abogada - Universidad de Palermo) – Autora del libro “La máquina de la corrupción” –Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.
o · Alejandro Katz (Lic. Lengua y Literatura– UNAM de México) - Miembro del Consejo de Poder Ciudadano (Transparency International) - Editor, traductor y ensayista.
o · Pablo Secchi (Lic. en Ciencia Política – Universidad del Salvador) – Director Ejecutivo de Poder Ciudadano (Capítulo Argentino de Transparency International).
o · Omar Chisari (Economista - UBA) – Ex Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Investigador Principal del CONICET. Consultor del Banco Mundial y del BID. Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
o · Agustín Flah (Abogado - UBA) – Consultor Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos del Banco Mundial - Director del Programa de posgrado sobre Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella.
o · Germán Coloma (Contador - Universidad de La Plata) - Especialista en defensa de la competencia. Profesor de UCEMA.
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lunes, 22 de julio de 2019

OPINIÓN

Entendiendo las propuestas económicas de las principales fórmulas

Daniel Oks
16 de julio de 2019 
A pesar de la corrida al centro de los dos principales frentes electorales, el contexto institucional post-elecciones es muy divergente. En el plano institucional, el Frente de Todos (FT) señaló su deseo de intervenir la Justicia alejándose del principio constitucional de independencia de la misma. En el plano económico se presenta como más intervencionista y cerrado al mundo – tal como lo indicó con el rechazo de un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por otro lado, Juntos por el Cambio (JC) incorporó el posible acuerdo comercial como su estrategia de desarrollo. Este diferencial institucional acerca mucho más a FC que FT a las condiciones favorables que instituciones internacionales (FMI, Mercosur-UE) ofrecen al país para avanzar en un camino de modernización institucional y económica.
Bajo cualquier escenario político, resulta inevitable una renegociación con el FMI. Este año la meta ajustada de un déficit primario de 0,5% del PBI parece alcanzable; sin embargo, el equilibrio fiscal financiero requiere un superávit primario cercano al 3% del PBI. La alternativa del default es percibida por ambos frente como muy dañina para la economía y la población. Por ello, ambos intentarán negociar con el FMI de mínima un acuerdo de extensión de plazos o bien, en su expresión más amplia un Acuerdo de Facilidades Extendidas (AFE) que extiende al mediano plazo los vencimientos importantes condicionado a un programa de reformas estructurales. JC es más permeable a un programa de reformas estructurales tales como la reformas laboral, previsional y tributaria. Un acuerdo del FT con el FMI probablemente involucre programas más cortos y varias extensiones del programa poniendo en riesgo la estabilidad financiera y cambiaria.
También JC y FT se diferencian en su potencial para capitalizar los beneficios de un posible acuerdo de libre comercio Mercosur-UE. Si bien no existe un discurso unificado, FT parece centrar su estrategia en la reactivación del consumo; en su concepción, la inversión está ligada fuertemente a dicha recuperación. En el caso de JC, el consumo también juega un rol importante pero el dinamismo de mediano y largo plazo lo aportarían las exportaciones y la inversión. El acuerdo comercial tiene el potencial de atraer muy fuertes inversiones ligadas a exportaciones a un mercado con 20% del PBI global. El comercio y la inversión en un marco de competencia, libertad comercial y reglas de juego claras tienen el potencial de impulsar el crecimiento, la productividad, el empleo y los ingresos. Así ocurrió en España (en su momento con similar matriz agropecuaria al Mercosur) tras su ingreso a la Comunidad Europea en 1986. Entre 1986 y 2000 la tasa de inversión aumentó de 18,7% del PBI a 25%, mientras que el índice de apertura comercial pasó de 35,9% del PBI a 62,2% (las exportaciones pasaron de 21,6% del PBI a 30,1%). En igual período, la tasa de ocupación de la población adulta pasó de 44,8% a 55,8% mientras que el ingreso per cápita aumentó 120%.
Es auspicioso – primera vez en la historia económica argentina – que la propuesta de apertura no es unilateral sino multilateral y que se negocian plazos y forma de apertura sector por sector. Esto fuerza un proceso de interconsulta con todos los sectores económicos (empresas, cámaras empresariales, trabajadores y sindicatos) que tiende a fortalecer el proceso de participación política dándole más solidez al sistema y a los acuerdos eventualmente alcanzados. Desde ya que para competir con empresas de la UE y de Brasil el país debe avanzar en un plan de reformas para reducir el déficit fiscal, la carga tributaria, el costo logístico, la carga regulatoria y el costo no remunerativo del trabajo mientras estabiliza la economía para alcanzar una inflación comparable como mínimo a la de Uruguay, Brasil y Paraguay. Estos pre-requisitos – que permitirán el resurgimiento del crédito y mayor confianza en las inversiones – se acercan más a la plataforma programática de JC que de FT.
La negociación con la UE tiene el potencial de colocar la modernización institucional por encima del debate político interno. En ese sentido, la super estructura de Mercosur y la UE contribuirán a darle impulso a reformas repetidamente postergadas como la laboral, la tributaria y la previsional entre otras. Otorgaría asimismo un marco para contener y reducir importantes niveles de corrupción en los sistemas de compras estatales y en los regímenes proteccionistas prevalecientes a la vez que fortalecería el rol de la Agencia de Defensa de la Competencia. El núcleo de estas políticas también está más cerca de las plataformas programáticas de JC que de FT.
En resumen, los escenarios económicos en el caso que el voto favorezca a FT estarán caracterizados por: i) mayor incertidumbre financiero-cambiaria frente a más renovaciones de corto plazo del programa con el FMI debido a una menor propensión a negociar reformas estructurales y alcanzar el equilibrio fiscal; ii) regresión a un sistema económico con más intervención y protección en que el crecimiento está centrado principalmente en el consumo; y iii) alejamiento de la opción de modernización institucional y productiva siguiendo el modelo de integración europeo. En este contexto, si la sensatez prevalece, es probable que el votante le conceda el beneficio de la duda a FC.
El autor es economista. Ex economista líder del Banco Mundial y gerente del BCRA. 
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LA NACION | ECONOMÍA | INFLACIÓN Y PRECIOS

Un programa monetario extremo y altamente riesgoso

Daniel Oks
Daniel OksPARA LA NACION
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28 de abril de 2019  
La Argentina se caracteriza por irse a los extremos -a menudo, por vivir en los extremos- y luego recuperar el equilibrio a los golpes. Sería mejor evitarlos: de los extremos no se sale de golpe.
La historia no se borra con el codo. Y la diferencia de la Argentina con otros países no es casual ni guarda -necesariamente- relación con el ADN de los argentinos. Es más bien un producto de nuestra historia como sociedad. Los excesos fiscales y monetarios a lo largo de las décadas generaron mecanismos de defensa de empresarios, ahorristas y consumidores. Ello explica en parte lo que diferencia al nuestro de otros países. Recurrentes defaults de deuda, crónica licuación del valor de la moneda y cambios recurrentes en las reglas de juego llevaron a conductas defensivas de la población, que incluyen bajos niveles de inversión, elevada dolarización de los portafolios, alta movilidad de inversiones financieras entre la Argentina y el exterior, desconfianza de la autoridad monetaria y la moneda, y rápido pasaje del tipo de cambio a los precios. Los programas de estabilización han ignorado a menudo estas características idiosincrásicas de la Argentina.
El programa cambiario y fiscal del Gobierno -en la medida en que se financie con una reducción del gasto público- crea una buena base para la sustentabilidad macroeconómica y el crecimiento de la actividad privada. El superávit fiscal es necesario para reducir la vulnerabilidad externa, mantener competitivo el sector productivo -vía menor presión tributaria y un tipo de cambio más depreciado- y crear espacio para financiar la inversión privada.
El programa monetario de emisión cero, en cambio, es extremo y altamente riesgoso. Parte de suponer que la política monetaria es creíble o que puede establecer su credibilidad en un plazo muy corto. Si los anuncios del Banco Central fueran creíbles y hubiera buena coordinación de expectativas (gobierno, empresas y sindicatos), la inflación podría descender rápidamente. Los sobreajustes de precios serían castigados con pérdidas de ventas y las empresas revisarían eventualmente sus precios para abajo. El hecho de que en los 6 meses de emisión cercana a cero la inflación anualizada haya sido de 56% sugiere que la política monetaria no es creíble. La larga y pesada historia de una moneda crónicamente licuada y devaluada da cuenta de ello. La magnitud de la inflación actual va más allá del impacto directo de las correcciones tarifarias y cambiarias del período.
Prima facie, con la economía en recesión y la base monetaria congelada hace seis meses, la inflación debería haber caído o al menos debería no haber subido. La oferta de dinero podría haber aumentado si los encajes sobre los depósitos bancarios hubieran disminuido, pero eso no ocurrió. La explicación alternativa es que, ante la falta de credibilidad del programa monetario, personas y empresas disminuyeron su demanda de dinero en busca de refugios financieros, o bien simplemente compraron bienes para protegerse de la pérdida de valor de la moneda. El exceso de liquidez que así se genera se va, en parte, a precios y, en parte, a compras de divisas o bonos.
Para frenar la suba del tipo de cambio (proxy de la expectativa de inflación), el Banco Central acude a subir la tasa de interés. Eso reduce aún más la demanda de dinero, agudizando el exceso de liquidez. Pero, a la vez, reduce la oferta de bienes por el mayor costo del capital de trabajo. El resultado es mayor inflación y caída de la producción: estanflación.
La contrapartida microeconómica de este proceso guarda relación con el comportamiento de las empresas en su política de fijación de precios y en la dinámica salarial. La Argentina tiene en muchos sectores estructuras oligopólicas de mercado -telecomunicaciones, energía, obra pública, productos farmacéuticos, automóviles, siderurgia, aluminio, petroquímica, supermercados, cemento, electrodomésticos, etcétera-. Son sectores naturalmente formadores de precios. En un contexto de inflación creciente, mayor volatilidad de precios relativos y más incertidumbre, las empresas protegen su capital de trabajo ampliando (exante) la prima de mark-up sobre costos. Esto está facilitado por la mayor incertidumbre del consumidor y por su premura por huir del dinero. Incluso las empresas más pequeñas pasan a ser fijadores o formadores de precio, ante la incertidumbre de costos de reposición.
A la vez, las tasas de interés más altas incentivan la venta de inventarios y la reducción del capital de trabajo, de la producción de bienes y de la demanda de empleo. La menor oferta de bienes se conjuga con la dinámica salarial siempre desfasada en relación con los precios, generando caídas en la demanda de bienes. En algún momento, la recesión provoca niveles de desempleo y pérdida de capital de trabajo intolerables social y políticamente. En dicho contexto, los ahorristas y las empresas pueden asumir que el Gobierno va a revisar su política, convalidando la falta de credibilidad en la política monetaria.
En conclusión, volver a ganar la confianza en la moneda es un proceso largo y arduo, del mismo modo que recuperar la convivencia pacífica de dos países que han estado en guerra requiere décadas de reconciliación. Para recuperar la confianza en la moneda hacen falta signos consistentes de una firme intención de reducir la inflación, pagando costos, pero sin llegar a los extremos que no son ni social ni políticamente sustentables.
Una política monetaria más gradual, al evitar estas situaciones sociales y económicas extremas, podría facilitar la desinflación gradual. Se requiere una política fiscal prudente, un endeudamiento moderado y una estrategia que evite distorsiones del tipo de cambio. La credibilidad se construye en el tiempo, cumpliendo metas monetarias intermedias, siendo consistente en las políticas macroeconómicas y demostrando una vocación política de armonizar y coordinar expectativas. Así lo han hecho casi todos los países que lograron bajar su inflación de cerca del 30% a tasas de un dígito.
Exgerente del Banco Central y exfuncionario del Banco Mundial
Por: Daniel Oks
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viernes, 28 de septiembre de 2018

Corrida cambiaria o Sendero de Equilibrio / Publicado en INFOBAE el 28/9/2018


¿Cómo responde el mercado a la corrida cambiaria y qué puede hacer el Gobierno?

Daniel Oks
26 de septiembre de 2018 
La suba de la tasa en Estados Unidos, la incertidumbre del comercio internacional, y los riesgos de algunos países como Turquía y Argentina indujeron un freno al financiamiento externo a todos los países emergentes, lo que llevó a depreciaciones en sus monedas. El sudden stop ('interrupción brusca') del flujo de financiamiento externo en el contexto de elevados déficit gemelos (fiscal y externo) de Argentina dispararon una fuerte suba del riesgo país —más de 200 puntos básicos a 800 puntos— y una fuerte corrida cambiaria —alrededor de 120% entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018. El programa de 50 mil millones de dólares acordado con el FMI contribuyó (solo temporariamente) a calmar los mercados, aun cuando el tipo de cambio real está ya entre los más elevados de los últimos 20 años y con tasas de bonos cortos en pesos rondando el 60% anual.
La fuerte depreciación del peso tiene su origen en factores fiscales, estructurales, políticos y financieros.
El factor fiscal incluye el proyecto de presupuesto para 2019, con apoyo del FMI y seguramente del Congreso, para reducir el déficit primario de 2,6 puntos del PBI en 2018 a cero en 2019. En la medida que sea creíble, la meta fiscal es consistente con un tipo de cambio más depreciado (debido a la contracción de la demanda agregada impulsada por el ajuste fiscal).
El factor estructural se refiere a distorsiones microeconómicas históricas como las que recientemente señaló el semanario The Economist en una comparación entre Argentina y Turquía: el tamaño reducido del sistema financiero (el cuarto del de Turquía); y una economía relativamente cerrada (menos que la mitad que la de Turquía). El tamaño reducido del sistema financiero limita la posibilidad de sustituir financiamiento externo por financiamiento local agregando presión a la tasa de interés, e indirectamente al tipo de cambio. A su vez, el bajo grado de apertura comercial requiere una depreciación mayor del tipo de cambio para generar la misma mejora en el balance comercial.
El factor político tiene que ver con la mayor incertidumbre por las elecciones de 2019 y por el desenlace de la lucha contra la corrupción. A mediano y largo plazo la resolución de este último problema genera una inmensa oportunidad para mejorar la efectividad de la democracia, generar nuevas y más transparentes reglas de inversión y encarar más orgánica e integralmente la lucha contra la pobreza. Sin embargo, en el corto plazo no se sabe si la Justicia sancionará a los responsables y recuperará al menos una parte de los activos sustraídos al Estado y a la sociedad. Y aun si ello ocurriera, se generan interrogantes debido al riesgo de una parálisis de la inversión, particularmente en las empresas ligadas a la obra pública. También el financiamiento externo para las participaciones público privadas de infraestructura está en cuestión.
El factor financiero guarda relación con la estabilización del nivel de endeudamiento, cuestión que adquiere relevancia con la contracción de las fuentes privadas de financiamiento. La meta de balance primario cero para 2019 y superávit de 1% del PBI para 2020, si bien representa un ajuste de los más severos entre los programas del FMI, no alcanza a estabilizar el nivel de deuda a PBI. Siendo el interés de la deuda pública de aproximadamente 3% del PBI, el fisco debería apuntar a un superávit primario cercano del 3% del PBI (algo menos en a medida que logre crecer en forma sostenida) para estabilizar la deuda.
Por todo ello puede decirse que la llamada corrida cambiaria es en realidad un sendero de equilibrio que tiene su origen en factores externos y domésticos. Todo ello se complica debido a un factoridiosincrático. Este se refiere a la elevada tasa de sustitución entre activos en pesos y el dólar cuando aumenta la incertidumbre cambiaria, al aumentar el precio del dólar, la demanda de dólares se incrementa, en lugar de bajar, siendo este el comportamiento del tipo "burbuja de activos" donde el mercado deja de valuar los fundamentals y toma como principal pivote para la formación del precio la variación de este en el período anterior.
El factor idiosincrático surge de la falta de confianza en instrumentos financieros domésticos tales como bonos en pesos, pesos ajustables, dólares o plazos fijos en UVA. Esto, a su vez, guarda relación con la incertidumbre inflacionaria y con un historial de intervenciones del sector financiero (Plan Bonex, corralito, corralón, períodos en los cuales los depósitos fueron forzosamente congelados o convertidos en bonos o en términos diferentes) y defaults.
En este contexto, los rumores de una ampliación del programa de asistencia del FMI permitieron aliviar el riesgo del factor financiero. Ello daría cuenta de la fuerte caída del riesgo país (que bajó de 800 a 600 puntos básicos en las últimas semanas) y la simultánea apreciación del peso observada la semana del 17 de septiembre.
A mediano plazo, sin embargo, no existe sustituto a una profundización del ajuste fiscal hasta lograr estabilizar el ratio de deuda a PBI. Ello implica superávits primarios cercanos al 3% del PBI a partir de 2020-2021. El logro de dicha meta haría caer aún más el riesgo país, lo que a su vez permitiría reducir el servicio de la deuda, alivianar el elevado costo de las tasas de interés domésticas y dar impulso a la inversión necesaria para el crecimiento sostenido.
En resumen, el mensaje de política económica es que hace falta sincerar las metas fiscales buscando el equilibrio fiscal y financiero; abordar en tiempo y forma el reemplazo de reglas de inversión apoyadas en prácticas corruptas por reglas transparentes y competitivas (incluyendo una nueva ley de contratación de obra pública); promover la apertura de la economía y la competencia en general; y apuntar a la profundización del sistema financiero, que incluye el fortalecimiento del sistema de ahorro doméstico en unidades indexadas (UVA) como alternativa al dólar.
El autor es economista. Ex economista líder del Banco Mundial y gerente del BCRA. En la actualidad se desempeña como desarrollista inmobiliario.
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domingo, 16 de septiembre de 2018

Corrida cambiaria o senderos de equilibrio. ¿A qué y cómo responde el mercado? ¿Y que puede hacer el Gobierno?

Los desequilibrios gemelos (fiscal y externo) otra vez tumbaron a la Argentina tras el sudden stop (interrupción bctdddddrusca) del flujo de financiamiento externo. La suba de la tasa en EEUU, la incertidumbre del comercio internacional, y los riesgos de algunos países emergentes como Turquía y Argentina indujeron un freno al financiamiento externo a todos los países emergentes. Ello llevó a depreciaciones en las monedas de casi todas las economías emergentes - con mayor virulencia en los países más expuestos fiscalmente y con cuentas corrientes más deficitarias. La súbita interrupción del financiamiento externo ha inducido un ajuste traumático en nuestra economía forzando – necesidad – un camino de convergencia hacia un equilibrio fiscal y externo. La ayuda del FMI contribuye a que dicha transición sea más gradualista - frente a la alternativa de un equilibro fiscal financiero inmediato.
Así y todo, la corrección cambiaria de la Argentina - 130% entre Diciembre 2017 y Septiembre 2018 - es de una magnitud inusitada y no parece guardar relación a priori con un problema de competitividad solamente. La fuerte depreciación de la moneda tiene además del problema de competitividad (el tipo de cambio real está cercano al pico del período 2003-2007 y entre los más elevados de los últimos 20 años), componentes:  idiosincráticos, fiscales, estructurales, y políticos.
El elemento idiosincrático se refiere principalmente a la elevada tasa de sustitución entre activos en pesos y el dólar cuando aumenta la incertidumbre cambiaria –al aumentar el precio del dólar, la demanda de dólares en lugar de bajar sube (este es el comportamiento del tipo burbuja de activos donde el mercado deja de valuar los fundamentals y toma como principal productor de precio la variación de precio del período anterior). La falta de confianza en instrumentos financieros como podrían ser los bonos en pesos, pesos ajustables o en dolares o en plazos fijos en UVA por ejemplo, guarda relación con la incertidumbre inflacionaria y con un historial de intervenciones del sector financiero (Plan Bonex, Corralito, Corralón, períodos en que los depósitos fueron forzosamente congelados o convertidos en bonos o en términos diferentes), y defaults.  
La nueva meta fiscal de equilibrio del balance primario para 2019 – si bien posterga el equilibrio financiero - constituye una señal importante para los mercados.  La misma ha recibido apoyo del FMI y, seguramente con algunos ajustes, recibirá el apoyo del Congreso en el contexto de las discusiones sobre el Presupuesto. En equilibrio, la reducción del déficit primario de 2,6 puntos del PBI en 2019 implica una reducción del riesgo país (el mismo cayó un 14% el último mes) y al mismo tiempo un tipo de cambio más depreciado. Esto último se debe a que la caída de la demanda agregada derivada del ajuste fiscal se compensa - en equilibrio – con mayor demanda neta de bienes domésticos (mejora en el balance comercial) por el sector externo lo que a su vez requiere un tipo de cambio real más depreciado. Por ende, no debería llamar la atención lo que junto con la caída reciente del riesgo país se siga depreciando el peso.
Otra componente importante de la depreciación del peso en reacción al sudden stop del financiamiento externo obedece a factores estructurales. Estos se originan en distorsiones microeconómicas históricas como las que recientemente señaló el semanario The Economist: i) el tamaño reducido del sistema financiero (el ratio de créditos al sector privado y capitalización de la bolsa en relación al PBI es menos de un 15% que el de Chile y menos de la mitad que el de Turquía); y ii) una economía relativamente cerrada (el ratio de exportaciones a PBI en 2017 fue 40% del de Chile y 45% del de Turquía). El tamaño reducido del sistema financiero limita la posibilidad de sustituir financiamiento externo por financiamiento local  agregando presión a la tasa de interés – e indirectamente al tipo de cambio (puesto que la caída en la inversión resultante requiere en equilibrio mayores exportaciones netas y un tipo de cambio más depreciado). A su vez el bajo grado de apertura comercial requiere una depreciación mayor del tipo de cambio (en relación a un país más abierto) para generar la misma mejora en el balance comercial (para poder incentivar un porcentualmente más elevado aumento de las exportaciones y caída de las importaciones).  Estos factores estructurales también dan cuenta de porque la depreciación del peso en Argentina ha sido más del doble que la de Turquía.
El tipo de cambio también está influenciado por factores políticos. La incertidumbre sobre la continuidad del gobierno actual por las elecciones de fines de 2019 es uno de ellos. Pero tal vez más preocupante en esta etapa es el impacto de corto plazo de la lucha contra la corrupción tras la muy importante acumulación de pruebas sobre los mecanismos y el sistema de corrupción del país. A mediano y largo plazo la resolución de este problema genera una inmensa oportunidad para modernizar el país, mejorar la efectividad de la democracia, generar nuevas y más transparentes reglas de inversión y encarar más orgánica e integralmente la lucha contra la pobreza. En el corto plazo, el capítulo de la lucha contra la corrupción  genera incertidumbre. Aún falta ver si la justicia podrá sancionar a los responsables y recuperar al menos una parte importante de los activos sustraídos al Estado. Y aún si ello ocurriera, se generan interrogantes debido al riesgo de una parálisis de la inversión, particularmente (pero no exclusivamente), en las empresas ligadas a la obra pública donde la corrupción ha sido puesto en evidencia. La vocación de invertir en este contexto es como mínimo incierta. Igualmente, el financiamiento externo comprometido para las Participaciones Público Privadas de Infraestructura será de difícil materialización debido a las prácticas corruptas de las empresas que han participado.
Es por ello fundamentalmente, que el rebote cíclico tradicional, esperable en crisis de balanza de pagos con ajuste fiscal y corrección cambiaria, puede demorarse significativamente. Ello también puede explicar porqué el tipo de cambio ha seguido subiendo a pesar de que en el nivel actual el tipo de cambio real ya se halla cerca de los niveles más elevados de los últimos 20 años. Para mitigar este riesgo, la solución sería acelerar la introducción de nuevas reglas de juego para la inversión transparentes y competitivas que reemplacen a las actuales reglas prebendarias y corruptas. Asimismo el gobierno debería facilitar el cierre o conversión de empresas que han estado involucradas en prácticas corruptas en nuevos vehículos capaces de aprovechar los factores de producción viabilizando el proceso de inversión.
Finalmente, la meta de balance primario cero para 2019 y superávit de 1% del PBI para 2020 no alcanza para estabilizar el nivel de deuda a PBI. Siendo el interés de la deuda pública de aproximadamente 3% del PBI, el fisco debería apuntar a un superávit primario cercano al 3% del PBI (algo menos en a medida que logre crecer en forma sostenida).  En ausencia de nuevos flujos voluntarios de capitales externos, esa debería ser la meta fiscal. El alcance de dicha meta haría caer el riesgo país lo que a su vez permitiría: reducir el servicio de la deuda, alivianar el elevado costo de las tasas de interés domésticas y dar impulso a la inversión. Por el contrario, la no convergencia a dicha meta puede complicar el programa financiero del gobierno, particularmente a partir de 2020 cuando el programa con el FMI tienda a replegarse, siempre que no retornen voluntariamente los capitales privados. Los mercados reaccionan instantáneamente a dichas percepciones – aún cuando se trate más de un problema de liquidez que de solvencia. Como ya comentamos, el factor idiosincrático está a la orden del día para que ante cualquier atisbo de desequilibrio futuro, se produzca una sobre-corrección (overshooting) del mercado cambiario. Por ello, una estrategia de superávits primarios consistente con el equilibrio fiscal financiero debería ser parte integral del programa económico.
En síntesis, la llamada corrida cambiaria tiene su origen en factores externos y domésticos que marcan un nuevo sendero de equilibrio. Más allá de los problemas de competitividad cambiaria ya resueltos (originados en el atraso cambiario previo), entre los factores domésticos, hay factores estructurales (protección comercial, tamaño del sistema financiero), cíclicos (el ajuste fiscal) y de política (el proceso de resolución de la matriz corrupción) que explican el alto nivel del tipo de cambio actual. El mensaje de política económica es que hace falta: sincerar las metas fiscales buscando el equilibrio fiscal financiero; abordar en tiempo y forma el reemplazo de reglas de inversión corruptas por reglas transparentes y competitivas (incluyendo una nueva ley de contratación de obra pública); promover la apertura de la economía y la competencia en general; y promover la profundización del sistema financiero, que incluye el fortalecimiento del sistema de ahorro doméstico en unidad
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