Shock y Gradualismo – El plan del Gobierno.

Daniel Oks

Desde una perspectiva  macroeconómica, el gobierno cuenta con tres opciones básicas: shock, gradualismo o – la preferida por el actual equipo – el tratamiento de shock para la eliminación del cepo cambiario (y su reemplazo por un esquema de flotación administrada) y la remoción gradual de subsidios.

Bajo este esquema que se complementa con un plan de financiamiento externo para reconstituir una base mínima de reservas, el Gobierno espera que el fuerte ingreso de capitales y la eliminación de las retenciones a las exportaciones contribuirán a morigerar la magnitud de la devaluación del tipo de cambio unificado de mercado. Un programa fiscal y monetario consistente es esencial para evitar que la corrección cambiaria se traslade a la inflación. El elemento central de la estrategia fiscal es la reducción de subsidios a las empresas de energía y transporte con ahorros fiscales de cerca de 5% del PBI – más cercanos al 3% si se adopta una tarifa social y se computa la eliminación de retenciones. El probable gradualismo en la reducción de tarifas implica un ahorro fiscal menor en el corto plazo que posiblemente se compense (o al menos erisione sustancialmente) con la elevación del piso para el impuesto a las ganancias, el comprometido reajuste de pensiones y la eliminación de retenciones. En ausencia de un plan de mejora fiscal vigoroso en el corto plazo, la política monetaria está llamada a jugar un rol importante para evitar una disparada del dólar con lo que las tasas de interés subirán marcadamente en el corto plazo. 

 El impacto inicial sobre la demanda agregada será contractivo debido al impacto negativo sobre ingresos disponibles (por reducción de subsidios), salarios reales (por aumento del precio de los bienes transables – devaluación y retenciones) y propensión al consumo (ante mayores tasas de interés). Comparado con una estrategia de shock en la reducción de subsidios el plan del gobierno impacta menos sobre ingresos disponibles suavizando la transición hacia el mediano plazo cuando las exportaciones netas y la inversión juegan un rol más importante. Por otro lado, el impacto positivo sobre la oferta de la eliminación del cepo – al aumentar la oferta de insumos críticos – contribuirá a la inversión y recuperación aún en el corto plazo. El gradualismo tarifario también permite mitigar el riesgo de una estampida inflacionaria. El riesgo de este plan para la inversión proviene del retraso en decisiones de inversión a la espera de precios relativos que compensen los costos de producción. También genera incertezas desde el punto de vista de la estrategia de convergencia fiscal para achicar el déficit.

La estrategia oficial tiene la virtud de atacar en forma de shock el problema más crucial que afecta la liquidez y la solvencia de la economía: la escasez de reservas, el atraso cambiario y la restricción de oferta que implica el cepo. Al ir acompañada de una estrategia de integración comercial y financiera este plan permite una respuesta más rápida de las exportaciones y del financiamiento externo a la vez que suaviza el impacto contractivo sobre los ingresos disponibles al graduar en el tiempo la reducción de subsidios. La respuesta más lenta de la inversión y la ausencia de credibilidad de la estrategia fiscal pueden no ser tales si se dan señales claras de convergencia a precios relativos de mercado en el mediano plazo y si se adopta un marco regulatorio competitivo para los sectores de infraestructura.

La negociación con los holdouts y los entes multilaterales facilitará el acceso al financiamiento externo permitiendo aprovechar el bajo nivel de endeudamiento externo inicial y el potencial de financiar críticas inversiones de infraestructura. La estrategia debe ir acompañada de reformas microeconómicas e institucionales para promover la inversión: marcos regulatorios pro-mercado en los sectores de infraestructura, minería y agricultura; integración comercial ampliando mercados más allá del Mercosur y bajando el costo de la protección; autonomía del INDEC, BCRA y la justicia. El impacto social del programa propuesto se verá beneficiado por: los aumentos de la competitividad externa que impactan sobre el volumen y calidad del empleo; el mantenimiento y profundización de las políticas sociales; y la adopción de políticas tributarias progresivas ya anunciadas.

El mayor riesgo del plan actual surge de la herencia fiscal del Gobierno anterior (coparticipación, ventas de dólares futuros y desbalance fiscal) junto con promesas electorales (ajuste de mínimos no imponibles de ganancias, ajuste de pensiones y obras de infraestructura) con fuerte impacto fiscal. La trayectoria fiscal de mediano plazo debe estar bien delineada y ser creíble para generar la confianza que los mercados necesitan para que la inversión responda. En cualquier caso, es probable que las mejoras fiscales provengan – como históricamente ha ocurrido – de una licuación del gasto real en la ejecución presupuestaria lo que se verá reflejado en una inflación importante durante el primer semestre seguido de un proceso de desinflación y recuperación económica posterior.