Entrevista de Argenprop sobre Economía, Real Estate y Desarrollos. Video y texto.

https://noticias.argenprop.com/actualidad/el-real-estate-posiblemente-tenga-un-rol-importante-en-la-reactivacion-de-la-economia/

Argentina y el Real Estate en 2017.

Entrevista de Adriana Anzilotti a Daniel Oks

Para Argenprop - 23/2/17

Escenario macro y microeconómico. La situación actual.

“Argentina viene de un año de profundas transformaciones y está en

etapa de recuperación. Un dato revelador es que el sistema de encuestas de agentes del mercado del BCRA pronostica un crecimiento en promedio del 3% para 2017. Además el

indicador líder del BCRA (que anticipa cambios de ciclo) anticipa una salida de la recesión; éste está basado - entre otros indicadores - en ventas de cemento, demanda de muebles para oficinas,

producción de automotores, el índice de confianza del

Consumidor (UTDT) e indicadores financieros como (Merval, índices de

bonos).”

Y sin titubear agrega: “El 2016 seguramente será recordado

como un año de cambios en el que se eliminaron distorsiones

cambiarias, comerciales, financieras y tarifarias en un contexto de

estrategia fiscal gradual de reducción de déficits. Se recurrió a

financiamiento externo para suavizar la transición, y gracias a señales de convergencia a niveles de deuda sostenible (en que el ratio de deuda a PBI se estabiliza), el riesgo país y la tasa de interés de la nueva deuda soberana bajó a niveles inferiores al 6%”.  Explica además que “las metas de inflación incorporadas durante el segundo semestre (en que se alcanzó una inflación promedio del 1,5% mensual) se cumplieron; las tasas de interés nominales implícitas en los bonos largos convalida a futuro el proceso de desinflación anunciado por el gobierno (aunque no tan rápidamente como prevé el BCRA).

Además se han atendido antiguas demandas sociales como la reparación histórica con los jubilados, con un impacto fiscal entre 1% y 2% del PBI; se ha extendido el sistema de seguridad social (universalización de la AUH, programas de emergencia social), y se han introducido reformas al IVA y Ganancias que beneficiaron a los sectores más vulnerables. Todo ello permitió que el costo social y la recesión no hayan sido tan profundos como se temía y el desempleo comenzara a bajar hacia fines de 2016”. Asimismo la estabilización de los precios permitió que el salario real inicie su recomposición durantre el segundo semestre de 2016 – tendencia que probablemente se profundice durante 2017.

El economista concluye además que “los fundamentos macroeconómicos y múltiples reformas estructurales (política comercial y cambiaria, revisión del oneroso régimen de Tierra del Fuego, marcos regulatorios y tarifarios de infraestructura, ley de telecomunicaciones, marco para asociaciones

público-privadas, ley de sinceramiento fiscal, ley PYMES, reformas

impositivas para proteger a los sectores más vulnerables, cambios al

sistema de ART, etc.) apuntan a mejorar el clima de negocios. Por eso, en la medida que las reformas se implementen y la sociedad las avale, es probable que aumente la inversión (aún en niveles magros) pasándose de la recuperación cíclica a un proceso de crecimiento sustentable con mayor integración a la economía regional y global.

Es crucial en cualquier caso que las metas fiscales - que recientemente se han explicitado con mayor claridad - se cumplan con rigor. Un déficit fiscal decreciente es necesario para estabilizar la relación deuda-producto en un nivel sostenible (entre 30% y 40%). El gran desafío no es la recuperación cíclica sino el crecimiento sostenido lo que requiere a su vez que la inversión aumente a niveles superiores al 20% del PBI.

El crecimiento – dice Daniel Oks - depende también de factores externos, los que en balance posiblemente tengan un efecto neutro. Por un lado, el  proteccionismo declarado por el nuevo presidente de EEUU genera incertidumbre y el impacto de sus planes fiscales ya se ha traducido en aumentos de tasas de interés internacionales lo que no ayuda al país ni a la región. Por otro lado, los mercados financieros en países desarrollados en general reaccionaron favorablemente ante los anuncios en EEUU, lo que junto con indicaciones de que la economía de Brasil ha dejado de caer, beneficiarán a la Argentina tanto a través de mayor inversión extranjera como de mayores exportaciones a Brasil. En todo caso, el riesgo de un aumento del proteccionismo de EEUU tendría un impacto acotado en Argentina, que sólo destina 7% de sus exportaciones a dicho país. Por otro lado, existen importantes negociaciones para habilitar un mejor acceso a bloques regionales como la UE y Alianza del Pacifico con potencial de mejoras de exportaciones e inversión. Por último, los siempre importantes términos de intercambio han mejorado

en los últimos trimestres del 2016 y las tasas de interés externas si

bien han subido se mantienen en niveles históricamente bajos.

En resumen, la economía está en los comienzos de una fase expansiva con estabilización de precios y buenas probabilidades de iniciar una nueva etapa de crecimiento sostenido basado en un mejor clima de inversión y un contexto internacional que es relativamente neutro.

El crédito hipotecario y la evolución del Real Estate.

“El incipiente crecimiento del crédito, en particular el hipotecario,

si bien parte de una base muy baja va a acompañar el proceso de

recuperación cíclico y podría generar un aumento importante en la

demanda de inmuebles”. Y menciona un dato interesante y es que por

primera vez ocurre en tanto tiempo una reversión del ratio de propiedades alquiladas a propiedades vendidas que venía aumentando hasta hace poco. Oks agrega: “El desarrollo del crédito hipotecario – uno de los mayores cambios estructurales que

este gobierno está interesado en promover - potenciará la demanda de

propiedades en particular en los sectores medios de la población con

ahorros insuficientes para acceder a la vivienda. También potencialmente podría beneficiar a desarrollistas cuyo fondeo tradicional está circunscripto a las pre-ventas. Durante la etapa de desinflación fuerte (hasta 2019), el crédito hipotecario será principalmente indexado (unidad de indexación UVA). Los créditos UVA representan casi el 60% de los créditos hipotecarios a tasa variable emitidos durante el año

pasado; el stock pasó de 0 a $800 millones a fin de año. Este nuevo

instrumento permite contratos financieros de largo plazo con una menor

cuota inicial y asegurando a deudores y acreedores un valor real

cierto (debido al ajuste por inflación) para pagos futuros, reduciendo

el riesgo para prestamistas y tomadores de  un aumento inesperado de

la inflación como de una reducción súbita de la misma.

Cuando la inflación alcance niveles de un dígito, y las tasas nominales de

interés acompañen,  se podrá esperar una fuerte competencia por el

otorgamiento de hipotecas a tasas de interés no indexadas. Ello

redundará en mejores condiciones de acceso al crédito para la

vivienda. En los países de la región (particularmente en Chile) el tamaño del mercado hipotecario es hasta 15 veces más grande que en la Argentina.

Tras 5 años de estancamiento, la vuelta a un crecimiento aunque sea moderado cambiará el perfil y sostenibilidad de la demanda de inmuebles. El interés por invertir en Real Estate depende también del relativamente bajo riesgo relativo – en comparación con otros sectores como puede ser el sector transable durante un proceso de apertura y reapertura de la cuenta de capitales (a su vez a menudo

asociados con procesos de apreciación cambiaria). A ello se suma el

atraso relativo en la oferta en el segmento residencial de medianos y

bajos ingresos, como en el sector comercial (oficinas, logística y

centros comerciales) donde el desarrollo en relación a otros países de

la región (Chile, Brasil y México) es bajo”. Oks explica además que

“el muy exitoso sinceramiento impositivo también ha tenido y seguirá

teniendo un efecto derrame directo e indirecto sobre el sector

inmobiliario – así como ya lo tuvo hace más de un año el levantamiento

del cepo que llevó a un aumento importante en el número de escrituras

– 17,5% en los primeros 11 meses de 2016 (y cerca de 80% en valores

nominales). El efecto directo proviene de los que blanquearon y ahora

pueden justificar ingresos para la compra de inmuebles así como de los

fondos comunes de inversión inmobiliaria creados para blanquear sin

costo en esos activos. Pero también existen canales indirectos,

particularmente, a través del sistema financiero que sería uno de los

grandes beneficiarios del blanqueo que puede ahora intermediar una

parte importante de los ahorros que anteriormente estaban en el

exterior sin declarar. El fortalecimiento del sistema financiero

potenciado con las reformas de los mercados de capitales permitirá

ampliar la oferta de financiamiento para el sector inmobiliario y de

la construcción.

El Real Estate posiblemente tenga un rol importante en la reactivación de la economía. No sólo la construcción es un fuerte motor de la demanda de empleo sino que también sus industrias proveedoras tienen un fuerte encadenamiento productivo hacia otros sectores. Luego de tres trimestres de caídas pronunciadas, el empleo en la construcción tuvo una fuerte recuperación durante el último trimestre del año. Si bien no se dispone de la tasa de desempleo del último trimestre, del segundo al tercer trimestre la tasa de desempleo cayó de 9,3% a 8,5%. La mayor apertura permitirá incorporar nuevos materiales y técnicas de construcción a la vez que generará oportunidades de inversión en el sector proveedor de nsumos. Dichas mejoras de productividad, junto con el desarrollo de nuevas áreas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano facilitadas por ventas de tierras públicas, inversiones de infraestructura, y el diseño de nuevas propuestas (oficinas para co-working y residencias para co-living, desarrollos mixtos (con áreas residenciales, oficinas y comerciales) son – junto

con el desarrollo crediticio – los principales motores del desarrollo

del Real Estate y serán esenciales para potenciar su efecto

reactivador de la inversión.

“El hecho que la inflación posiblemente le siga ganando al dólar – proceso inevitable durante la etapa de desinflación y ajuste fiscal gradual con fondeo externo - genera una brecha entre costos y precios de venta en dólares de los inmuebles. Dicha brecha desalienta la inversión en el sector en el corto plazo. Sin embargo, dicha brecha es transitoria en la medida que la política fiscal planea reducir fuertemente el déficit y su demanda de financiamiento externo contribuyendo así a reducir la oferta de dólares. Asimismo, el aumento del costo de reposición en dólares hace que eventualmente – en la medida que se agote el stock de lo construido con costos en dólares más bajos – el precio de las nuevas unidades aumente medido en dólares, De hecho las subas en dólares de los precios de los inmuebles el último año y medio ha subido entre 10% y 20%).

¿QUÉ PUEDE APORTAR HOY EL REAL ESTATE A LA ECONOMÍA?

 27 diciembre, 2016  Redacción  0  Economía,

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por Daniel Oks (*)

 
En esta nota se analiza la coyuntura desfavorable por la cual está atravesando la economía e identifica los factores que posiblemente permitan salir de la recesión, destacando el rol importante del real estate para impulsar el crecimiento.

A los números…

La caída de la actividad económica a octubre de 2016 fue mayor a la esperada. El aumento de tasas de interés y las correcciones de precios relativos (tipo de cambio, retenciones y tarifas) conllevaron aumentos de precios mayores a los aumentos de salarios y del gasto público nominal, implicando caídas reales del salario, del consumo y del gasto público primario.

Estas caídas no fueron compensadas por mayores exportaciones y la inversión, que muestran una caída en el primer semestre.

La falta de una trayectoria creíble de convergencia del déficit fiscal a niveles sustentables a mediano plazo deja a la política monetaria sola en la batalla por reducir la inflación. Para alcanzar la meta de inflación, el BCRA se ve obligado a fijar tasas internas de interés elevadas, lo que desalienta la inversión real. El financiamiento externo de los déficit induce apreciación cambiaria –reduciendo la competitividad–. Tampoco ayudan los factores externos debido a aumentos de las tasas de interés y la desaceleración del comercio mundial.

Logros institucionales

En contraste, hay importantes logros institucionales: la salida ordenada del cepo, el inicio del reordenamiento tarifario, la normalización del Indec, el arreglo con los holdouts y la eliminación de retenciones al agro.

Asimismo, el pasaje por el Congreso de varias leyes consensuadas con la oposición, incluyendo la ley de sinceramiento fiscal, la Ley Pyme y la del Impuesto a las Ganancias. Más recientemente se comienzan a avizorar resultados: la caída de la inflación (1,5% mensual en promedio), la mejora en el índice de confianza del consumidor y el aparente éxito del sinceramiento fiscal –mayor a US$ 60.000 millones–. Además de los brotes verdes en el agro, la energía y, en menor medida, las telecomunicaciones y la minería, se comenzó a observar desde octubre mejoras intermensuales en la industria.

¿Y el 2017?

La recuperación económica en 2017 se verá favorecida tanto por factores que impulsarán el consumo –la reparación histórica con los pensionados, los paquetes de emergencia social, el bono de fin de año, las revisiones del Impuesto a las Ganancias, las paritarias– como por factores que impactarán sobre la inversión: el ambicioso plan de obras públicas, el nuevo marco regulatorio para inversiones público-privadas en infraestructura (el Gobierno estima US$30.000 millones), y el sinceramiento fiscal, y en general un mejor clima de inversión. También contribuirá a la demanda agregada el incipiente crédito interno al sector privado, el financiamiento externo (US$25.000 millones a octubre) e importantes anuncios de inversión directa extranjera (US$58.300 millones en 2016-2019 según el sitio del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas). Además, Brasil al menos dejará de ser un factor de contracción.

El real estate

En este contexto, el real estate puede ser uno de los principales canales de transmisión de expectativas que se traduzcan en inversión efectiva –la inversión en la industria despierta enfrenta incógnitas como el tipo de cambio y la apertura–. Los fondos del sinceramiento fiscal están disponibles para inversiones locales en real estate desde fines de octubre (blanqueo de efectivo), pero serán posiblemente hasta 10 veces más grandes cuando concluya el plazo para la exteriorización de activos bajo todas sus formas.

Esto impactará fuertemente sobre la demanda de real estate –como, de hecho, viene produciéndose desde noviembre a causa del sinceramiento de efectivo–. A esto se sumará la nueva demanda originada a través de los nuevos fondos cerrados inmobiliarios que están exentos del impuesto al blanqueo.

La dinámica mencionada se ve avalada por el aumento en el número y el valor de las escrituras (el valor en CABA aumentó 80% en el acumulado de los primeros 10 meses), el aumento del crédito hipotecario (30% más de escrituras con hipoteca en los primeros 10 meses de 2016), y las mejoras de los precios medidos en dólares de la propiedad (alrededor del 10% interanual en CABA). El impacto conjunto de la reactivación de las construcciones privadas y la obra pública traccionará sobre las entregas de cemento y otros insumos de la construcción y, sobre todo, el empleo (dado que la construcción es uno de los rubros más empleo intensivos) contribuyendo, así, a la recuperación económica.

Precios fuertes

Algunos proyectos inmobiliarios se encuentran frenados por el fuerte alza de los costos de la construcción medidos en dólares. La mayor demanda del sector que se observara recientemente va dirigida a inmuebles usados o a estrenar construidos con costos históricos más bajos. En la medida en que el stock de lo ya construido se vaya agotando, los nuevos emprendimientos con costos más altos se traducirán en aumentos de precios de las nuevas unidades. La probable continua apreciación real del peso (debido al sinceramiento fiscal, la inversión extranjera y el financiamiento externo) hará que los ingresos medidos en dólares crezcan más rápido que los ingresos medidos en pesos ajustados por inflación. Por ello, la revalorización en dólares de los inmuebles no encontrará una restricción de demanda por escasez de divisas.

Demanda sostenida

Los déficit estructurales del real estate avalarán la nueva demanda. El déficit habitacional, el relativamente bajo nivel de desarrollo de centros comerciales, los elevados costos logísticos, la suboferta de oficinas corporativas y del sector residencial de clase media, y el déficit de infraestructura turístico, entre otros, son algunos de los factores estructurales que avalarán importantes inversiones en el sector. La inversión privada en propiedades es complementaria de la inversión en infraestructura pública que el actual Gobierno apunta a mejorar.

En el proceso de apertura propuesto por el Gobierno, la inversión se destinará a sectores con potencial de integración a la economía global, como el agropecuario, la agroindustria, la minería, la energía, las telecomunicaciones, la minería, y la producción de conocimiento y cultura (uno de los sectores de mayor crecimiento de exportaciones). La dinámica de estos sectores implicará asimismo nuevas oportunidades para el real estate, sector que a su vez enfrenta desafíos importantes para mejorar su productividad, eficiencia y calidad de diseño en función de los cambios tecnológicos y los procesos de apertura e innovación.

(*) Economista y presidente de la desarrollista inmobiliaria DESUR

MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016 EL ECONOMISTA II 15 Debates.
por Por Daniel Oks (*)

Las política fiscal y monetaria podrían ser más gradualistas. 

Como la economía está por debajo de su tendencia, y dada la importante caída proyectada del gasto público real, la política fiscal ha sido contractiva. Además, una meta de desinflación más gradual permitiría suavizar o mitigar los costos de la estrategia desinflacionaria.

 La falta de una trayectoria creíble de convergencia del déficit fiscal a niveles sustentables a mediano plazo (niveles de déficit que estabilicen la relación deuda-producto) deja a la política monetaria sola en la batalla por reducir la inflación. Ello ocurre porque el ancla fiscal es lo que le da sostén a la política monetaria en el mediano plazo –si los niveles de deuda que financian al déficit se vuelven insostenibles, aumenta el riesgo de monetización de los déficit y la restricción monetaria deja de ser efectiva–. Así, las expectativas de menor inflación son sólo alimentadas por el pilar monetario. Si la expansión monetaria que surge de la meta de inflación del BCRA es menor a la expectativa de inflación (que guía las marcaciones de precios) debido, por ejemplo, a una estrategia fiscal insostenible, se fuerza el ajuste por cantidades (al no haber suficiente liquidez para absorber bienes a los precios más altos, las empresas venden menos unidades) lo que implica menor actividad económica. El correlato financiero es que, para alcanzar la meta de inflación, el BCRA se ve obligado a fijar tasas de interés más elevadas, lo que vuelve atractivas inversiones financieras en detrimento de la inversión real. A su vez, el financiamiento externo de los déficit fiscales genera ingreso de divisas que inducen apreciación cambiaria generando problemas de competitividad y menor oferta de bienes.

 El debate 

¿Cuán creíble es la política fiscal gradualista del Gobierno? La presunción es que no es creíble porque siquiera es gradualista. Acá argumentamos –contra la corriente– que sí es gradualista y que inclusive se asemeja más a una política de shock una vez que se tiene en cuenta la fase del ciclo económico y la erosión inflacionaria del gasto público y la recaudación. El fuerte financiamiento externo recibido en 2016 es atribuible no sólo al déficit fiscal sino también a la refinanciación de deuda existente y a la sustitución de emisión monetaria por deuda financiera.

Los números

 Para demostrar este punto evaluamos los dos componentes del déficit fiscal primario en su comportamiento real y en relación al ciclo económico: el gasto primario (sin intereses) y la recaudación. En gasto primario (de caja) consolidado creció 32,2% en el acumulado enero-octubre de 2016. Frente a este aumento, el IPC acumulado interanual del Congreso escaló 43,9%. Esto implica un ajuste contractivo de aproximadamente el 8,1% del gasto primario real. Si bien es probable que haya una reversión durante los últimos meses por el atraso en obra pública (que en parte se compensa en los últimos meses) y por nuevos compromisos de partidas sociales y pensiones, la reversión posiblemente será sólo parcial. En rigor, en la fase baja del ciclo como en 2016, el gasto público primario real debería haber aumentado si se hubiera comportado anticíclicamente, como se espera al menos que ocurra con las partidas sociales. El hecho de que haya caído, en cambio, indica que la política fiscal ha sido contractiva y procíclica. En otras palabras, fue una política de ajuste tradicional por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos –que guardan una estrecha relación con el PIB (por ejemplo, IVA, Ganancias y/o seguridad social)– los ingresos tributarios del Estado Nacional crecieron 27,6% en el acumulado interanual del período enero-octubre de 2016. En relación a la inflación, la recaudación real cayó 11,3%. Seguramente los ingresos extraordinarios del blanqueo contribuirán a atenuar dicha caída pero difícilmente anularla y, en todo caso, son un recurso extraordinario (y no recurrente, aunque aumente la base impositiva). Pero, dado que los ingresos dependen del ciclo económico, la caída de la recaudación real no marca el verdadero rumbo o impacto de la política fiscal sino que más bien refleja la caída de la actividad. En varios países se toma el balance fiscal estructural –que corrige el balance primario por el impacto del ciclo económico– como la verdadera medida del impacto fiscal. Así medido, correspondería sustituir los ingresos efectivos por los ingresos de tendencia. Los ingresos de tendencia se pueden obtener estimando la relación entre recaudación y PIB (a través de un análisis estadístico) y tomando el PIB de tendencia (que a su vez surge de suavizar los ciclos tomando la tendencia de crecimiento o estancamiento del PIB). Dado el estancamiento relativo del PIB en 2012-2015, y como simplificación metodológica, podemos tomar la relación recaudación-PIB en 2015 como un ratio de tendencia y el PIB de tendencia en 2016 igual al de 2015. De esos supuestos resulta que los ingresos de tendencia son 12,7% más altos que los ingresos corrientes reales proyectados para 2016. En tal sentido, la política fiscal actuó anticíclicamente pero no se puede decir que los ingresos estructurales hayan caído y, con lo cual, no se puede descartar que la polí- tica fiscal haya sido gradualista por el lado de los ingresos.

La clave 

En resumen, en vistas de que la economía se halla por debajo de su tendencia en 2016, y dada la importante caída proyectada del gasto público real y que los ingresos estructurales se estarían moviendo poco, se puede argumentar que la política fiscal ha sido estructuralmente contractiva debido principalmente al comportamiento del gasto primario real. Si el Gobierno comunicara esta dimensión –la política fiscal estructural– tal vez el anuncio de una estrategia fiscal gradualista sería más creíble y los mercados y las inversiones no estarían afectados como algunos analistas suponen.

El factor monetario 

El segundo punto de esta columna tiene que ver con la consistencia de la política monetaria con el gradualismo fiscal. Una meta de desinflación más gradual alineada con la meta fiscal gradualista permitiría suavizar o mitigar los costos de la estrategia desinflacionaria. En primer lugar, una meta de desinflación más gradual, al reducir el rendimiento esperado de los bonos del Gobierno, permitiría desactivar varios negocios financieros que conspiran contra la inversión real. En segundo lugar, con tasas de interés ex ante más bajas en relación a la inflación esperada, el influjo de capitales que deprime el tipo de cambio se reduciría atenuando el proceso de apreciación cambiaria real. Estas señales permitirían acelerar la transformación de la mejora efectiva de ingresos y liquidez disponible en decisiones de consumo e inversión. Más allá de la necesidad de delinear y comunicar en forma transparente una estrategia de convergencia fiscal y monetaria gradual a un nivel de gasto y de déficit fiscal más sostenible en el tiempo, el Gobierno debería también simultáneamente desarrollar y/o comunicar mejor un programa de reformas para activar las fuentes de crecimiento y mejorar la equidad conducentes a mejorar la competitividad y promover la inserción activa del capital humano en procesos de innovación.

La agenda 

Ello incluye marcos regulatorios procompetencia para que el sector privado pueda asumir importantes responsabilidades en el desarrollo de infraestructura, mercados de capitales e integración a la economía global. Asimismo, la nueva reforma tributaria debería reducir los costos no remunerativos del salario con miras a mejorar el empleo formal y la formalización de las Pymes. A efectos de mejorar las condiciones competitivas de las pymes, se debería enmarcar dentro del marco de defensa de la competencia el poder monopólico de los sindicatos –así como reducir la litigiosidad laboral ilegítima que desincentiva al igual que los excesivos impuestos al trabajo el empleo formal–. Más recursos deberían dirigirse a apoyar el emprendedorismo así como a políticas activas que faciliten la reconversión de capacidades en el mercado de trabajo pensando en la apertura gradual de la economía. Finalmente, se deberían profundizar las políticas de contención social, salud y educación compatibles con la equidad y el desarrollo del potencial del capital humano crucial para la igualdad de oportunidades y el crecimiento.

(*) Economista y presidente de la desarrollista DESUR.

No es tanto lo que la Economía puede hacer por el Real Estate como lo que el Real Estate puede hacer por la Economía.

Esta nota analiza la coyuntura desfavorable por la cual está atravesando la economía, identifica los factores que posiblemente permitan salir de la recesión destacando el rol que el Real Estate puede jugar para impulsar la recuperación. Concluye con algunas opciones de política que el gobierno tiene para contribuir al rebote cíclico y para crear condiciones para una senda de crecimiento sostenido.

Lo malo. La caída intermensual de la actividad económica en Octubre y la caída acumulada durante el 2016 fue mayor a la esperada. A pesar de su volatilidad, las en promedio elevadas tasas de interés – en relación al dólar futuro – conspiran contra la recuperación de la inversión. Las correcciones de precios relativos (tipo de cambio, retenciones y tarifas) conllevaron aumentos de precios mayores a los aumentos de salarios y del gasto público nominal implicando caídas reales del salario, del consumo y del gasto público; estas caídas no fueron compensadas por mayores exportaciones y la inversión que muestra una caída en el primer semestre. La pobreza mayor al 30%, a pesar del mayor gasto social, no da síntomas de mejoría.

La falta de una trayectoria creíble de convergencia del déficit fiscal a niveles sustentables a mediano plazo (niveles de déficit que estabilicen la relación deuda-producto) deja a la política monetaria sola en la batalla por reducir la inflación. Ello ocurre porque el ancla fiscal es lo que le da sostén a la política monetaria en el mediano plazo – si los niveles de deuda que financian al déficit se vuelven insostenibles, aumenta el riesgo de monetización de los déficits y la restricción monetaria deja de ser efectiva. Así las expectativas de menor inflación son sólo alimentadas por el pilar monetario; si la expansión monetaria que surge de la meta de inflación del BCRA es menor a la expectativa de inflación (que guía las demarcaciones de precios) debido a una estrategia fiscal insostenible, se fuerza el ajuste por cantidades lo que implica menor actividad económica. El correlato financiero es que, para alcanzar la meta de inflación, el BCRA se ve obligado a fijar tasas de interés domésticas más elevadas lo que vuelve atractivas inversiones financieras en detrimento de la inversión real. A su vez, el financiamiento externo de los déficits fiscales genera ingreso de divisas que inducen apreciación cambiaria generando problemas de competitividad.

Tampoco ayudan los factores externos: i) los recientes aumentos de las tasas de interés de mediano y largo plazo tras la victoria de Trump en EEUU; ii) la posible caída del precio de commodities en dólares asociados al fortalecimiento del dólar; y iii) la desaceleración del comercio mundial y un mayor riesgo de proteccionismo a nivel global (en contraposición a la apertura que propone el gobierno).

Lo bueno. Al comienzo fue la salida ordenada del cepo, el reordenamiento (desordenado) tarifario, la normalización del INDEC, el arreglo con los holdouts y la eliminación de retenciones al agro. Asimismo el pasaje por el Congreso de varias leyes tras positivas negociaciones con la oposición incluyendo la ley de sinceramiento fiscal y la ley PYME. Más recientemente la caída de la inflación, la mejora en el índice de confianza del consumidor de la UTDT, el éxito del sinceramiento fiscal del efectivo,  y (aunque aún no marca tendencia) la caída en la tasa de desempleo. Hay además brotes verdes en el agro, la energía y en menor medida las telecomunicaciones y la minería. Aunque la caída del déficit fiscal no parece vaya a ser significativa, hay al menos una contracción del gasto público real – el gasto primario consolidado creció 32% en el acumulado a Enero-Octubre 2016 versus un aumento del IPC más cercano al 40% en igual período. En la medida que los ingresos – que guardan una estrecha relación con el PBI – se recuperen, el menor gasto real podría implicar una mejora automática del balance fiscal.

Los siguientes factores contribuyen a la recuperación:

i)              Factores que impactan en el consumo: la reparación histórica con los pensionados; los paquetes de emergencia social; mejoras en las asignación universal y las jubilaciones; el bono de fin de año; las revisiones del impuesto a las ganancias.

ii)             Factores que impactan en la inversión: el ambicioso plan de obras públicas (tras una parálisis inicial y lenta recuperación) será un dinamizador de industrias relacionadas y del empleo en la construcción; un nuevo marco regulatorio para inversiones público-privadas en las áreas de infraestructura generará demanda de empleo y mejoras en la competitividad (el gobierno espera inversiones de US$30.000 millones); el sinceramiento fiscal (a juzgar por el blanqueo de efectivo) alcanzará valores superiores a los US$60.000 millones y contribuirá a dinamizar inversiones en el país previamente limitadas por la imposibilidad de justificar el origen de fondos.

iii)           Otros factores que dinamizarán la demanda agregada: el crecimiento del crédito doméstico al sector privado (17,6% anualizado creció en el tercer trimestre el crédito de la banca privada nacional) facilitado por menor inflación, menores tasas de interés y nuevas fórmulas de indexación; el fuerte aumento del financiamiento externo al soberano y a las corporaciones (US$25.000 millones a Octubre); e importantes anuncios de inversión directa extranjera (US$58.300 millones en 2016-19 según el sitio del Ministerio de Hacienda).

iv)           Los brotes verdes en agricultura, agroindustria y energía se podrían extender a otros sectores (minería, infraestructura, sectores tecnológicos) en la medida que los marcos regulatorios público-privados y el financiamiento multilateral y privado externo faciliten la inversión, se terminen de eliminar las distorsiones de precios relativos y se asegure una relativa estabilidad tributaria.

v)             Más adelante, la reforma tributaria, si logra ampliar la base imponible tras el sinceramiento, podría bajar la presión impositiva (menores alícuotas) y permitir una reducción de los impuestos al trabajo (los aportes patronales están entre los más altos de la región) favoreciendo el empleo formal; asimismo la simplificación del régimen tributario y reducción de alícuotas podría beneficiar a PYMES a la vez que contribuiría a una mayor formalización mejorando su potencial de financiamiento y competitividad.

vi)           La posible estabilización de Brasil en 2017 – la caída interanual del PBI viene reduciéndose en 2016 – contribuirá a que dicho país deje de ser un factor de contracción de la economía argentina.

vii)          En este contexto, e impulsado fuertemente por el blanqueo, la demanda de Real Estate puede ser uno de los principales canales de transmisión de mejores expectativas que se traduzcan en inversión efectiva.

¿Porqué el Real Estate ayudará? Los fondos del sinceramiento fiscal están disponibles para inversiones locales en Real Estate desde fines de octubre (blanqueo de efectivo) pero seguramente serán mucho más importantes a fin de año cuando vence el plazo (a la tasa más conveniente) para casi todas las formas de exteriorización de activos. Esto impactará fuertemente sobre la demanda de Real Estate – como de hecho viene produciéndose desde Noviembre a raíz del sinceramiento de efectivo. A esto se sumará la nueva demanda originada a través de los nuevos fondos cerrados inmobiliarios que están exento del impuesto al blanqueo (se estima que podrían superar los US$1000 millones).

Algunos proyectos inmobiliarios encuentran frenados por el fuerte alza de los costos en dólares. La mayor demanda del sector que se observa recientemente va dirigida a inmuebles usados o a estrenar construidos con costos históricos más bajos. En la medida que el stock de lo ya construido se vaya agotando, los nuevos emprendimientos con costos más altos se traducirán en aumentos de precios de las nuevas unidades. La repatriación de capitales, la inversión extranjera y el financiamiento externo seguirán impulsando aumentos en los ingresos y precios de la propiedad medidos en dólares. Los efectos riqueza que el aumento del precio de la propiedad genera suele ser un factor de estímulo del consumo.

La dinámica mencionada se ve avalada por el aumento en el número y el valor de las escrituras (el valor en CABA aumentó 80 % en el acumulado de los primeros 10 meses), el aumento del crédito hipotecario (un 30% más de escrituras con hipoteca en los primeros 10 meses de 2016) , y las mejoras de los precios medidos en dólares de la propiedad (entre 5% y 10% en un año en CABA). El impacto conjunto de la reactivación de las construcciones privadas y la obra pública traccionará sobre las entregas de cemento y otros insumos de la construcción y sobre todo el empleo (dado que la construcción es uno de los rubros más empleo-intensivos) contribuyendo así a la recuperación.

El déficit habitacional, el insuficiente desarrollo de centros comerciales, logística, y oficinas, la sub-oferta residencial de calidad orientada a la clase media, y el déficit de infraestructura turístico entre otros, son algunos de los factores estructurales que avalan potencialmente importantes inversiones en el sector. La inversión privada en propiedades es complementaria de la inversión en infraestructura pública y privada que el actual gobierno apunta a mejorar.

En el proceso de apertura propuesto, la inversión nueva se destinará a sectores atrasados con potencial de integración a la economía global. Además del Real Estate, la inversión nueva se orientará a sectores como el agropecuario, la agroindustria, la minería, la energía, las telecomunicaciones, la minería, y la producción de conocimiento y cultura (uno de los sectores de mayor crecimiento de exportaciones). La dinámica de estos sectores implicará asimismo nuevas oportunidades para el Real Estate, sector que a su vez enfrenta desafíos importantes para mejorar su productividad, eficiencia y calidad de diseño en función de los cambios tecnológicos y los procesos de innovación.

 Los - continuos - desafíos del gobierno: matriz para un plan. El gobierno debería delinear y comunicar en forma transparente una estrategia de convergencia fiscal gradual a un nivel de gasto y de déficit fiscal más sostenible en el tiempo. Debería también simultáneamente desarrollar y-o comunicar mejor un programa de reformas para activar las fuentes de crecimiento y mejorar la equidad conducentes a mejorar la competitividad y promover la inserción activa del capital humano en procesos de innovación. Ello incluye marcos regulatorios pro-competencia para que el sector privado pueda asumir importantes responsabilidades en el desarrollo de infraestructura, mercados de capitales e integración a la economía global. También requiere importantes reformas en la estructura tributaria, políticas de innovación activas y reformas del mercado laboral para reducir la informalidad, facilitar la mobilidad, y alinear incentivos al desarrollo y la inversión con los intereses de los trabajadores. Finalmente exige políticas de contención social, de salud y educación compatibles con la equidad y potenciar el capital humano para el crecimiento.

Finalmente quedan un par de consideraciones macroeconómicas:

A. Entre las reformas fiscales que deberían encararse está la fijación de metas fiscales estructurales. Ello implica adoptar una meta de balance fiscal que sea neutral en relación al ciclo económico; el balance fiscal estructural es el balance que resulta de ajustar los ingresos y egresos estatales en función de la fase del ciclo económico por el cual la economía transita. Por ejemplo, dada la relación positiva entre la recaudación y el PBI, los ingresos públicos estructurales se calculan reemplazando la recaudación efectiva por la recaudación que resultaría si el PBI estuviera en su nivel tendencial. De este modo, si la economía está por debajo de su tendencia (como en 2016), y dado un cierto gasto público real, se podría admitir un nivel de déficit corriente más elevado que el estructural debido a que el ingreso estructural sería más alto que el de los ingresos corrientes. Del mismo modo se podría reemplazar el gasto primario por el gasto primario estructural en la medida que haya componentes del gasto que dependen del nivel de actividad (por ejemplo, los planes parea desempleados). Con una meta de balance estructural consistente con un nivel sustentable de deuda, la política fiscal naturalmente jugaría un rol anti-cíclico contraponiéndose al carácter pro-cíclico que históricamente ha tenido. Al mismo tiempo, el posiblemente elevado déficit fiscal del 2016 podría ser reinterpretado como un déficit estructural considerablemente más bajo debido a ingresos estructurales más altos y egresos estructurales más bajos que los que el déficit corriente mide.

B. En vista del gradualismo comprometido por el gobierno, el BCRA debería fijar una meta de desinflación más gradual. Sin abandonar la credibilidad que ya se ha ganado, una meta de desinflación más gradual permitiría desactivar una buena parte de los negocios financieros que conspiran contra la inversión real y a la vez lograría atenuar el proceso de apreciación cambiaria incipiente. Estas señales, permitirían acelerar la transformación de la mejora efectiva de ingresos y liquidez disponible en decisiones de consumo e inversión.

Cultura económica, instituciones, desarrollo económico e inclusión.[1]

Como en casi todos los países, en el nuestro existen conflictos de naturaleza política, económica y social. Lo que es más específico del caso argentino es que en la puja por resolverlos, se suelen elegir fórmulas que dejan a todos (o a la gran mayoría) peor. Es difícil consensuar lineamientos básicos que convienen a todos y que no anulan los conflictos pero que los relativizan y los ponen en perspectiva de lo que pueden ser las bases para un crecimiento económico sostenido e inclusivo. Éste déficit se puede rastrear a una falta de sofisticación de la clase política – al no filtrar los escenarios sub-óptimos – pero en última instancia es responsabilidad de los ciudadanos que avalan a los políticos. Por ello, la verdadera revolución de las ideas debe ganar protagonismo en la población para lo cual es crucial mejorar la cultura económica de los ciudadanos. El objetivo de esta nota es precisamente contribuir un grano de arena al desarrollo de la cultura económica general. Para ello, se propone un método simple e ilustrativo a través de ejemplos o casos.

Hay países que han logrado sentar bases de acuerdos multipartidarios – por ejemplo España con el Pacto de Moncloa y la Unión Europea con la creación del mercado único de bienes, servicios y factores. En dichos casos, se ha optado por sentar acuerdos de gobernabilidad, definir intereses comunes que benefician a la nación o región en su conjunto y en general definir mecanismos y o instituciones de interacción social para hacer cumplir directrices en materia de política económica. Estas bases o acuerdos son respetados por los partidos políticos generando así estabilidad de reglas de juego y, en algunos casos, racionalidad en las políticas que obligan a los partidos políticos a focalizarse en un subconjunto de programas donde dicha racionalidad no está establecida o bien donde prima el conflicto de intereses.   

La alternativa es un sistema expuesto a giros copernicanos en la estrategia económica, inconsistencias recurrentes, incapacidad de aprendizaje, populización de las agendas y – en última instancia como resultado - una decadencia crónica en el desarrollo relativo del país.

Los cambios culturales propuestos deben ir acompañados de reformas institucionales que le den cuerpo y continuidad a las reformas que surjan del cambio de paradigmas. Por ejemplo, los beneficios de la competencia para la sociedad requieren una oficina de defensa de la competencia y de protección del consumidor capaz de vehiculizar los reclamos que la nueva conciencia podría generar.

Esta nota pretende ejemplificar a través de casos como el cambio cultural y el cambio institucional asociado podrían contribuir a favorecer el desarrollo económico. En economía, a menudo se confunde el efecto directo inicial de una medida o una regulación con los efectos secundarios y el conjunto de interacciones que en una economía se producen al tener en cuenta el conjunto de actores y sus comportamientos en respuesta a dicho cambio.  Los casos aquí planteados pretenden ilustrar justamente esa diferencia y de ese modo permiten entender la importancia de que los ciudadanos comprendan los efectos netos (incluyendo las interacciones) de las políticas en juego. En términos metodológicos, el análisis de los efectos secundarios y el conjunto de interacciones a que puede llevar una política particular se puede evaluar a través de modelos de equiibrio general de la economía – y en particular se suelen aplicar modelos de equilibrio general computado[2].

Caso 1. Sindicatos y empresas concentradas – Impacto en el nivel de empleo y desarrollo de las PYMES.  Sindicatos y empresas concentrados pueden acordar salarios y beneficios sociales que limitan el desarrollo de las PYMES – consolidando así el monopolio de las empresas dominantes – y a la vez dificultando el empleo formal fuera de las empresas concentradas.  El resultado es: informalidad laboral, desempleo formal y limitado potencial de las PYMES.

La solución requiere el fortalecimiento de la defensa de la competencia para limitar el poder monopólico de empresas y sindicatos. En particular, dicha estrategia debería permitir que el salario negociado en el sector concentrado y de alta productividad no se fije a un nivel que puede resultar elevado (dado el diferencial de productividades) para las PYMES del mismo sector. Los sindicalistas (y los legisladores) deben comprender que el costo de fijar un salario alto en negociaciones con empresas concentradas y de alta productividad (que por ende pueden pagar sueldos más altos) deja fuera del mercado – desempleados - a empleados que de otro modo podrían obtener empleo en las PYMES o empresas de menor productividad en el mismo sector. El cambio cultural requiere divulgar las reglas de juego de una economía de mercado que incluye la dinámica y el sentido de la competencia en particular teniendo en cuenta este tipo de situaciones. La libertad de afiliación o la posibilidad de competencia entre sindicatos permitirá aumentar la demanda de trabajo formal mejorando la posibilidad de las PYMES de competir contratando empleo formal.

Caso 2. Proteccionismo, eficiencia y bienestar de los consumidores. Las empresas están habituadas a exigir cierto grado de proteccionismo para poder confrontar procesos de globalización ante condiciones de inversión doméstica adversas. Políticamente, la industria coincide en sus reclamos con las sindicatos a favor de la protección para preservar puestos de trabajo. El resultado es baja productividad, empleos de baja calidad, productos caros para el consumidor e insumos costosos para los sectores productivos. Esto implica pérdidas de eficiencia en la especialización que da lugar a sectores más dinámicos y rentas elevadas para las empresas protegidas. El debate público reconoce los beneficios del proteccionismo (puestos de trabajo en el corto plazo) pero por lo general niega o desconoce los costos de mediano y largo plazo (costos para consumidores, empleo de calidad, ineficiencia del sector e inclusive el nivel de empleo).

El cambio cultural requiere educación sobre los beneficios de la competencia y la apertura dirigida a consumidores y el potencial de empresas de competir a escala global en base a acceso a insumos más baratos y competitivos. También se debe destacar el impacto en productividad, salarios y empleo de calidad. Datos que muestren el diferencial de crecimiento económico, mejoras salariales y empleo a favor de economías que se abren al comercio internacional pueden contribuir a mejorar la comprensión del impacto de las políticas comerciales.

Desde ya que una apertura rápida e indiscriminada arrastraría el fantasma del cierre de empresas y pérdida de empleos. Los cambios drásticos suelen en efecto arrastrar consecuencias sociales durante el proceso de transición y más allá de la necesidad de diseñar cambios graduales es fundamental complementar las reformas con otras reformas que faciliten la reasignación de factores productivos a los sectores y o empresas más dinámicas evitando el desempleo más que temporario. Esto exige políticas activas de seguro de desempleo, leyes laborales que promueven o facilitan la movilidad laboral; un sistema financiero que permita la reasignación de factores productivos a los sectores con mayor potencial – capital móvil – y financiamiento. La discusión pública debe ahondar en los costos que la rigidez laboral y el subdesarrollo financiero agregan a los procesos de apertura a mayor competencia. Dicha discusión debe ser el preludio de reformas estructurales que reduzcan el costo de despido, el reentrenamiento laboral y el costo del desempleo (seguro de desempleo). En general, las decisiones sobre cambios en la estructura productiva inducidos por procesos de apertura merecen una discusión amplia basada en una buena comprensión cabal de quienes ganan y quienes pierden y por ende de los mecanismos compensatorios que se deben activar para asegurar que el beneficio social supere el costo social. En particular, la reducción del proteccionismo afecta intereses rentísticos  que a menudo están enquistados en las instituciones y los partidos políticos. La desarticulación de dichos intereses requiere como precondición una firme voluntad de erradicar la corrupción así como una conducta ejemplar y en lo posible no ideológica de los reformistas.

Ejemplo 3. Déficit fiscales, tipo de cambio y empleo. A menudo existe una opinión pública favorable al aumento del gasto público aún a expensas de déficit fiscales para asegurar el crecimiento y el pleno empleo. Esta vieja receta keynesiana puede sin duda tener sustento bajo condiciones de desempleo elevado o alta capacidad ociosa en la industria. Pero a menudo se generaliza y se la promueve aún bajo  situaciones de baja capacidad ociosa y desempleo. En dichos casos, el exceso de demanda que genera el sector público agrega presión inflacionaria y atraso cambiario desplazando la demanda hacia productos importados y generando eventualmente problemas de pérdida de rentabilidad y empleo doméstico. En casos extremos, esto conlleva posibles crisis de balanza de pagos cuando el crédito internacional se agota para financiar los déficit comerciales. La corrección simultánea de los desequilibrios así generados suelen estar asociados con procesos recesivos y de drásticas correcciones fiscales y cambiarias con las consabidas  consecuencias sociales.

El registro histórico de estos fenómenos a través de los recurrentes ciclos de expansión y contracción económica que se han producido en la Argentina a lo largo de los últimos 70 años debería ser un material de debate y divulgación. Y los políticos que usen o abusen de estos mecanismos deberían recibir la condena por las consecuencias sociales y económicas. La enseñanza debería apuntar a que la política fiscal puede jugar un rol anti-cíclico por contraposición al rol pro-cíclico que a menudo ha tomado. También debería alertar que el crédito internacional a menudo permite extender los períodos de expansión pero que - a no ser que la expansión vaya acompañada de un proceso de inversión – los mismos suelen provocar una crisis aún más cruenta que incluye no solo a las dimensiones fiscal y de balanza de pagos sino también de la deuda.

Si bien la Argentina ha registrado estos ciclos de expansión y contracción impulsados por políticas fiscales y crédito pro-cíclicos, dicho fenómeno es o ha sido también recurrente en varios países y regiones del mundo. A menudo las oportunidades de negocios del capital financiero brindan crédito sin sopesar si el destino del mismo es inversión productiva o no y de ese modo puede ser un factor importante de profundización del ciclo. Asimismo, el horizonte político corto de los gobiernos es uno de los factores que  más contribuyen a generar ciclos y políticas fiscales procíclicas en todo el mundo. 

Ejemplo 4. Corrupción y Eficiencia económica.  El comportamiento de empresarios extorsionados por reguladores o gobernantes y avenidos a destrabar un negocio a través de connivencia en un acto de corrupción puede ser beneficioso para la empresa privada pero acarrea un costo social elevado. Más allá de la ilegalidad de participar en un acto de corrupción para obtener un permiso, certificado, o habilitación implica una inequidad para los competidores honestos - por ende menor competencia – y también un encarecimiento del costo del producto para los consumidores finales. O sea la sociedad pierde por no cumplirse las leyes – cualquiera sea el objeto de la misma - , por menor competencia (o competencia desleal) y por un encarecimiento del producción implicando una pérdida de bienestar para la población.

Las campañas de información deberían ayudar a comprender cual es el costo de la corrupción – que va más allá del delito en si mismo – y quien lo paga. Equivale a un impuesto adicional pero sin contrapartida de servicios públicos – más bien rentas apropiadas por privados corruptos. Asimismo, el gobierno debería promover las reformas institucionales para que las penas por corrupción sean ejemplares elevando la percepción de riesgo y condena moral de quienes cometen los actos de corrupción – tanto del lado de las autoridades como del lado de los privados.

La corrupción – especialmente si es generalizada -  tiene importantes externalidades negativas que trascienden el costo económico. En particular, puede “distraer” al político de dedicar su tiempo a hacer y aprender a hacer buena política, aleja de la política a personas que no quieren entrar en la corrupción y “convierte” a personas honestas en corruptas. Esto trae no sólo un enorme costo de oportunidad en la calidad de la política sino también en la calidad de vida de las personas que de algún modo u otro son apartadas de una vida honesta y saludable.[3]

Ejemplo 5. Política tributaria y evasión impositiva. La evasión de impuestos por algunos obliga a subir la alícuota de los que pagan. Ello conduce a una economía dual con un sector informal y un sector formal cuya competitividad se ve cercenada. La informalidad que por lo general recae en las PYMES a su vez alimenta la informalidad laboral lo que conspira contra el alcance de la seguridad social. También la informalidad de las PYMES les impone un techo a su crecimiento, al acceso al crédito y en general a su integración a la economía global.

También la incertidumbre de la política tributaria – ligada a la frecuente adopción de impuestos de emergencia que luego se perpetúan o bien impuestos sectoriales arbitrarios – desincentiva la formalización confinando a vastos sectores del empresareiado a quedar marginado de los procesos de integración comercial, crédito e innovación.  

La reforma tributaria debería apuntar a alícuotas más bajas, con menores costos burocráticos y de cumplimiento de la obligación, con mayor certeza tributaria, y con penalidades más severas para la evasión. El cambio cultural debería apuntar a mejorar la conciencia ciudadana sobre el impacto de la discrecionalidad fiscal sobre la evasión y de la evasión sobre la inequidad - tanto en relación a los competidores formales como a los trabajadores.

Ejemplo 6. Competencia regulatoria e impositiva a nivel de gobiernos locales. Algunos municipios ofrecen menos trabas regulatorias e impuestos para atraer inversiones generando un desplazamiento de la actividad hacia los mismos generando procesos de suburbanización que terminan siendo ineficientes en cuanto a uso del suelo, planificación del territorio y contaminación ambiental. Cuando existe coordinación entre entes municipales a nivel regional se suele planificar mejor los sistemas de transporte, el uso del suelo y la gestión ambiental.  Las ciudades que así emergen suelen ser más verticales y eficientes en el uso de la infraestructura y por la misma razón permiten mayor cantidad de espacios verdes que son tanto deseables para los individuos que viven la ciudad así como para el medio ambiente – al reducir las necesidades de transporte, el costo de calefaccionar o enfriar viviendas con los consecuentes ahorros de energía.

El mejoramiento de estas situaciones se puede lograr creando entes inter municipales – por ejemplo una autoridad metropolitana de transporte y gestión ambiental - y a la vez publicando notas generando conciencia ciudadana acerca de los beneficios de la planificación y gestión conjunta o coordinada. La alternativa suele ser desbordes de las ciudades hacia los suburbios con altos costos de congestión y contaminación e ineficiencias en la provisión de infraestructura.

Ejemplo 7. Crédito formal vs crédito informal.  El diferencial de costo del crédito formal frente al informal es abismal. Lo paradójico es que si no fuera por la formalidad, a menudo el riesgo crediticio y por ende el diferencial de costo de financiamiento no sería tan diferente. Esto obviamente perjudica a la empresa informal y en general a la PYME. A menudo el emprendedor desconoce la magnitud del diferencial y en todo caso no lo internaliza en su ecuación de negocio. Pero las condiciones que fuerzan dicha situación lo exceden, por ejemplo, los incentivos a la informalidad descritos anteriormente.

La ilustración y divulgación de este fenómeno con ejemplos sería una manera de concientizar al empresario informal sobre el costo-beneficio de la informalidad. En lo institucional, resulta claro que el gobierno debería bajar el costo de la formalidad para las PYMES. Para ello podría disponer alícuotas y regímenes tributarios preferenciales pero también una reducción significativa del peso de la burocracia en la apertura y cierre de firmas, contratación y despido de personal, obtención de permisos y licencias, el costo y tiempo de pagar los impuestos, la aplicación y aprobación de préstamos productivos, la creación de un sistema de garantías recíprocas como el que ya existe pero que permita reducir el costo de fondeo de los informales a través por ejemplo de garantías reales, y promoción de la competencia en el sistema financiero incluyendo a través del mayor uso de la tecnología.  

Ejemplo 8. Sistema financiero e igualdad de oportunidades. Un sistema financiero profundo – con un elevado nivel de intermediación financiera – facilita la reasignación de factores productivos de los sectores o empresas que pierden competitividad hacia aquellos que ganan dinamismo por tener mayor potencial. También el sistema financiero puede jugar un rol importante más directo desde el punto de vista social generando oportunidades a micro-emprendedores, particularmente, en el sector informal. En dicho segmento el acceso al capital suele tener elevados retornos.

Es importante explicar a la población la importancia del crédito  como igualador de oportunidades en las instancias mencionadas. En lo institucional, el requerimiento pasa por reducir barreras de entrada, una buena regulación para proteger a los consumidores y usuarios, y la ampliación del marco regulatorio permitiendo e incentivando la competencia dentro de cada subsector financiero y entre subsectores financieros para extender el crédito – que puede ir acompañado por subsidios - a los sectores más vulnerables.

Ejemplo 9. Inversión en educación y salud versus subsidios. Uno de los mecanismos por los cuales se propaga la desigualdad es la mala atención en salud y mala calidad de educación que recibe la población de menores ingresos. En una economía cuyo dinamismo depende en forma creciente de la capacidad innovadora del capital humano, la igualdad de oportunidades por acceso a la educación y a la salud resulta crucial. De ese modo los programas de mejora de acceso a la salud y educación desde edad temprana – 2 años – tiene un impacto sobre la igualdad de oportunidades crítico. Dichos programas son una inversión en capital humano y tienen por ende un impacto más persistente y sostenido que los programas de asistencia social o subsidios al consumo que sólo remedian transitoriamente las necesidades  insatisfechas.

La pobre comprensión acerca de la diferencia entre un plan de inversión en capital humano y la asistencia social – que es un gasto corriente – lleva por lo general a una discusión poco estratégica en la asignación de las partidas presupuestarias. En el primer caso, se ataca la oferta de factores, en el segundo se atiende la demanda. La mejora en la oferta de capital humano mejora el potencial de ingresos en forma sostenida y por ende genera un ahorro en la necesidad de asistencia futura. Los programas de gasto público deberían ser evaluados teniendo en cuenta el impacto social de corto y de largo plazo y su relación con el costo. En la medida que exista dicha conciencia los políticas tendrán que discutir matices sobre cual es el tipo de inversión y asistencia más efectivas y en todo caso cual es la relación de sustitución entre ambas deseada. Igualmente, siempre existirá una tensión entre el corto plazo (políticas asistenciales) y el largo plazo (inversión en salud y educación) dado que los efectos de la inversión toman tiempo para arrojar resultados y las necesidades urgentes suelen ser impostergables.

Ejemplo 10. Infraestructura y redistribución.   Así como la oferta de salud y educación impacta en la igualdad de oportunidades, la oferta de servicios básicos como agua, cloacas y disposición de basura impacta en la salud y es a través de dicho canal un gran igualador de oportunidades. Por supuesto que otros servicios como la electricidad y el gas forman parte del bienestar y el acceso a los mismos es vital como mecanismo de igualación; sin embargo, estos por lo general tienen mayor cobertura de oferta y sólo en casos aislados es una limitación para el desarrollo humano. Resulta inverosímil que gobiernos de distinto corte político hayan ignorado la importancia del agua corriente potable y sistemas cloacales popular dado el importante impacto sobre la salud para los segmentos de la población más vulnerables.

La información que se debería transparentar es el costo en salud de la ausencia de dichos sistemas y el nivel de cobertura de los servicios por regiones y áreas. La clase política debería tratar estos temas como una obligación social inalienable para satisfacer los derechos de los ciudadanos – la ausencia de dichos servicios debería estar sometida a la posibilidad de juicios al estado y los gobiernos responsables por su incumplimiento.

Ejemplo 11. Política monetaria y el impuesto inflacionario. A menudo las presiones para aumentar el gasto público deben ser satisfechas bajo el pretexto de asegurar la gobernabilidad. Por lo general el gasto público tiene beneficiarios diversos – los subsidios de la energía y el transporte han beneficiado a una amplia gama de sectores – sin alcanzar el beneficio redistributivo que a menudo se atribuye. La financiación del gasto público financiada con emisión monetaria termina teniendo impacto sobre la inflación. La inflación destruye el valor de la moneda y perjudica principalmente a aquellos que no tienen cultura financiera, están en situación de mayor vulnerabilidad económica, y con menor alcance al sistema financiero formal.  La pérdida de valor del dinero por efecto de la inflación es lo que se denomina impuesto inflacionario. En general el impuesto inflacionario pesa más sobre los sectores más vulnerables y por eso se dice que es un impuesto regresivo.

La cultura de quien paga la inflación debería divulgarse con ejemplos concretos y didácticos. Por ejemplo, con mediciones de la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la erosión del valor de los activos monetarios en manos de la población de menores ingresos. Ello evitará que un político oportunista pueda subrogarse poderes para aumentar el gasto irresponsablemente y financiarlo con emisión monetaria inflacionaria.

Ejemplo 12. Tamaño del estado y eficiencia del sector publico.[4]  Las discusiones sobre el tamaño del estado adquieren a menudo un carácter ideológico. Ello no ocurriría si las funciones del estado estuvieran confinadas a la provisión de bienes públicos (seguridad, salud, ecuación, etc.) y el estado operase con reglas de eficiencia. A menudo ocurre precisamente lo contrario: el estado interviene en sectores en que podría no estar y lo hace a un costo excesivamente elevado. A menudo se instala una burocracia corporativa en el sector publico donde recalan y se apropian de ingresos muchos, que son incapaces de competir bajo reglas de mercado. Es por ende importante definir bien su rol y al mismo tiempo profesionalizarlo y mejorar su eficiencia. Las instituciones públicas están a menudo plagadas de reglas formales para defender grupos de interés.

Todo esto deberia simplificarse y transparentarse.  Debería desarrollarse una cultura de eficiencia de la gestión pública y una cabal comprensión de los bienes públicos que puede o debe proveer el estado. Hace falta a la vez el desarrollo de una más efectiva escuela de gobierno que permita profesionalizar al servicio civil.

Por supuesto que las lecciones de economía tienen un alcance mucho más amplio. El objetivo de esta nota es ilustrar a través de una serie de casos como se podría llegar a través de la divulgación de algunas lecciones a un conjunto de acuerdos programáticos que acercarían al país a una frontera de mayor eficiencia y equidad.  La divulgación de una manera simple y entendible de cómo la economía funciona teniendo en cuenta el conjunto de interacciones entre los actores sociales y económicos ayudaría a que los políticos planteen disyuntivas más racionales en que el bien común estaría mejor preservado. El aprendizaje social contribuirá así a mejorar los mecanismos de competencia y solidaridad para que la economía alcance estándares de productividad y eficiencia que le permita recuperar un lugar de privilegio en la economía global así como una economía más inclusiva y equitativa.

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[1] Agradezco los valiosos comentarios del Licenciado Alejandro Miguel Segal y el Ing, <Diego Serebrenik.

[2] Por ejemplo: Un modelo de equilibrio general computable para la Argentina, PNUD Argentina y Ministerio de Economía y Producción. El equipo fue dirigido por Omar O. Chisari

[3] Esta observación me fue hecha por Diego Serebrenik.

.[4] Este ejemplo fue sugerido por Alejandro Miguel Segal a quien agradezco también por haber revisado una primera versión de esta nota.